EL PAIS › EL CASO DE LA ADJUDICACION DE 438 VIVIENDAS DE LOS TERRENOS DE CASA AMARILLA

Una decisión de Macri a pedir de Boca

La gestión PRO le cedió a una asociación civil la entrega de las viviendas. Así se aseguró la disponibilidad de terrenos que pretende Boca. Entre los adjudicatarios hay un barrabrava y la hija de otro que fueron detenidos por la causa de los carnets truchos.

 Por Werner Pertot

El gobierno porteño le dio a una asociación civil la adjudicación de 438 viviendas de los terrenos de Casa Amarilla. En lugar de pasar por los canales habituales por los que el Estado preadjudica los bienes, la gestión de Mauricio Macri le cedió la decisión a la entidad de preadjudicatarios. Con este acuerdo, el gobierno porteño se aseguró reducir las viviendas de 1231 a 438. El resto de los terrenos quedarán disponibles para un emprendimiento de Boca Juniors. La asociación rápidamente mostró los nombres de quienes poseerán las viviendas, de los que sólo un 22 por ciento son vecinos del barrio. Entre los que aparecen en el listado, hay un barrabrava de Boca y la hija de otro que fueron detenidos por la causa de los carnets truchos.

Los terrenos de Casa Amarilla estuvieron en un limbo desde el comienzo de la gestión PRO, pese a que había una ley de la Legislatura que ordenaba hacer viviendas sociales en ese lugar. Quien busca obtener esos terrenos es el Club Boca Juniors, del que Mauricio Macri fue presidente y que hoy conduce uno de sus dirigentes, Daniel “Tano” Angelici. Página/12 informó que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) recibió en 2008 un pedido del club de comprar los terrenos y desde ese organismo le contestaron que “la transferencia podía ser atendida”.

Luego de una extensa sucesión de fallos judiciales –que incluyó la recusación por parte del gobierno de Macri al juez Andrés Gallardo en todas las causas que tenía– comenzaron a construirse las viviendas. Entonces, la Asociación Casa Amarilla, que conduce Diego Basualdo, inició una negociación con el PRO por la que finalmente se firmó un convenio en diciembre de 2012, que quedó aprobado en abril de este año luego de que pasaran 60 días sin que lo tratara la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. “Es la privatización del clientelismo”, lo definió Facundo Taboada, asesor de la Defensoría General porteña.

“Es una irregularidad grave que la Asociación Casa Amarilla designe discrecionalmente a los preadjudicatarios. Ahí se negoció un achicamiento de las viviendas para que parte de los terrenos sirva para un nuevo estadio de Boca Juniors. Achicaron de seis manzanas a una sola manzana”, indicó a este diario el dirigente del Partido Social Facundo Di Filippo. El Club Boca Juniors ya les presentó a los jefes de bloque de la Legislatura un proyecto para un nuevo estadio en esos terrenos. “Como el IVC no puede vender las tierras, le transfiere al Ministerio de Desarrollo Económico. Este se lo asignaría a la Corporación del Sur, que tiene facultades para enajenar las tierras”, indicó Di Filippo.

La asociación civil que conduce Basualdo, quien tiene vínculos con la dirigencia de Boca, presentó una lista de nombres, de la que quedaron afuera muchos de los integrantes originales de la asociación.

Como publicó el periódico barrial Sur Capitalino, el listado exhibe irregularidades evidentes: aparecen miembros de una misma familia a los que se les dieron distintas viviendas (padres, hijos, hermanos, parejas) y una decena de adjudicatarios que tienen como domicilio Irala 170, un edificio que había sido construido por la entidad que precedió al IVC.

En la lista aparece, además, como preadjudicatario Hernán Cantón, quien fue detenido por el presunto delito de integrar una asociación ilícita como parte de la investigación sobre el “alquiler” de carnets para ingresar al estadio de Boca. También aparece Cynthia Soledad Lancry, la hija de Santiago “El Gitano” Lancry, otro de los detenidos en la misma causa. Lancry forma parte del equipo de seguridad de la Legislatura porteña y está vinculado históricamente con el radicalismo y con un sector de Enrique “Coty” Nosiglia. Ayer los acusados fueron liberados.

“Lo de la barra brava es parte de la misma lógica de cómo se adjudicó todo. Es un manejo donde claramente es un secreto a voces que esta asociación iba a pactar con el PRO quiénes eran los adjudicatarios”, advirtió el legislador de Proyecto Sur Rafael Gentili, quien destacó que “los vínculos del PRO con Boca son por todos conocidos”. El diputado advirtió: “Vamos a presentar un pedido de informes general de ese tema”.

En tanto, los vecinos de La Boca marcharon ayer para reclamar por una vivienda digna, como parte de la crisis habitacional del barrio. Hicieron un acto justamente frente a Casa Amarilla. Reclamaron la suspensión de los desalojos, una ley de alquileres inclusiva y que se adjudiquen las viviendas que se están construyendo a las familias de La Boca.

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Los terrenos donde se construyeron las viviendas están desde hace años en la mira de Boca.
Imagen: Sandra Cartasso
 
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