El ministro de Planeamiento de la Ciudad acordó con vecinos del barrio Rivadavia 1 –que el martes habían ocupado un complejo de monoblocks en la calle Esteban Bonorino– disponer “soluciones para los casos más críticos” de emergencia habitacional; a mediano plazo, se les destinaría un total de 214 viviendas en dos nuevos complejos. Los vecinos denunciaron también que funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad cobrarían coimas por adjudicar departamentos; el ministerio prometió investigar, y anunció que, de ahora en más, las viviendas serán adjudicadas desde el comienzo mismo de las obras. Ayer seguían sin ser identificados los responsables de los destrozos y el saqueo de los edificios ocupados. En cuanto a las causas de fondo de los sucesos, Luis D’Elía acusó a “punteros políticos”, Mauricio Macri criticó “la demora en adjudicar viviendas” y la Coordinadora de Villas de la Ciudad señaló “intereses” a quienes convendría que las villas no se urbanicen, en especial “los narcos que trafican la pasta base” y los beneficiarios de “la prostitución infantil”; y denunció “una mafia que actúa como ‘inmobiliaria villera’, ocupando tierras para venderlas”.

Unos 300 vecinos del barrio Rivadavia 1 se congregaron ante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, donde sus delegados se reunieron con Juan Pablo Schiavi, ministro de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario dijo a este diario que “se firmó un documento que dispone un trabajo de censo y ordenamiento a fin de tener claras las necesidades del barrio; en los casos más críticos, se dispondrán soluciones de emergencia como créditos, subsidios o el uso de alguna propiedad del Instituto”. El ministro también anunció a los vecinos “la licitación, en el barrio, de un complejo habitacional con 94 viviendas y otro que tendrá 120 departamentos”. Unas 1500 familias viven en Rivadavia 1.

El ministro anunció que “desde ahora, cada complejo habitacional que se construya se hará, desde el primer momento, con el listado establecido de beneficiarios: esto permitirá un control social sobre el desarrollo de la obra y facilitará la prevención de ocupaciones y saqueos”.

Gustavo Llanovarced, uno de los delegados que participaron en la reunión, precisó que “vamos a esperar unos 15 días para ver si realmente envían funcionarios a constatar cuál es la calidad de vida en este barrio, donde tienen que vivir varias familias en la misma casa. Y, sí, reclamamos que la lista de adjudicatarios quede establecida desde el proyecto de la construcción”.

Néstor Pérez, presidente de la comisión vecinal Unidos sin Fronteras, del Barrio Rivadavia, agregó que “muchos vecinos estamos desde hace cincuenta años sin haber podido escriturar nuestras viviendas”.

Llanovarced también denunció a “funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad que han venido cobrando entre 3000 y 4000 pesos para preadjudicar un departamento”. El ministro Schiavi recibió las denuncias y anunció “una investigación muy fuerte en el Instituto de la Vivienda respecto de todos los denunciados”.

Entretanto, Luis D’Elía, subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, acusó a “punteros políticos” y sostuvo que “hay gente cercana al PRO” en las últimas ocupaciones de viviendas, ya que “habría que preguntarse quién tiene interés político en que fracasen los planes de vivienda en la Ciudad”. Mauricio Macri, titular del PRO, contestó que “no me manejo con punteros políticos” y que “en la Ciudad hay viviendas terminadas que no se adjudican”, lo cual propiciaría las ocupaciones.

Un comunicado de la Coordinadora de Villas de Capital, firmado por su presidente, Guillermo Villar, observa que los hechos en Esteban Bonorino “se suman a otros similares que en los últimos tres meses se sucedieron en Villa 20, Villa 3, Villa 21, Los Piletones y Villa 31”. Y advirtió “en esta sucesión, el interés coincidente de muchos comisarios, punteros y matones, en que las villas no se urbanicen. Si las villas siguen siendo villas, la policía seguirá sin entrar para apresar a los narcos, queimpunemente trafican la pasta base, conocida como paco, que, junto a la prostitución infantil, destroza a miles de chicos y chicas de nuestras comunidades”.

La Coordinadora denunció que “recientemente, en la Villa 21-24, cientos de personas ocuparon seis manzanas donde el gobierno estaba a punto de comenzar a construir cientos de viviendas, y aún siguen ocupadas”, y alertó sobre “una mafia que funciona como una especie de ‘inmobiliaria villera’ cuya metodología es ocupar la tierra de nuestros vecinos para luego venderlas”, con “el objetivo central de frenar la política de radicación y urbanización de las villas de la Ciudad”.

Anoche se mantenía un cordón policial alrededor de las torres de Esteban Bonorino, ya desocupadas, mientras funcionarios del gobierno porteño evaluaban los daños causados por los saqueos.