La defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, presentó ayer ante la Sala I de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial una demanda por daños, con mediación previa, contra las empresas Edesur y Edenor a fin de lograr la reparación ecónomica “justa y equitativa”, para los damnificados porteños por los cortes de luz que se repiten desde el mes pasado. En la presentación, la Defensoría argumenta que existe jurisprudencia favorable a los usuarios en una causa contra Edesur, en el mismo fuero, por el apagón de febrero de 1999. Ayer seguían con interrupciones en el suministro eléctrico vecinos de los barrios porteños de Almagro, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Caballito, Floresta y Barracas.

Pierini se presentó en representación de los intereses individuales y colectivos que le otorga la Constitución porteña, mientras que en el escrito de demanda se agregó una larga lista de damnificados que fueron hasta la Defensoría a plantear su queja. La reparación que se pide es integral y se solicitó al juzgado que convoque a los demás damnificados para que se presenten como terceros en el mismo procedimiento.

El antecedente de la presentación judicial es un fallo de marzo de 2000, cuando la misma sala estableció que Edesur era “responsable” por los perjuicios del apagón de febrero de 1999. De esta manera, los damnificados sólo tenían que probar ante cualquier juez cuánto daño habían padecido, pero no se puso en duda la responsabilidad de la prestadora eléctrica.

La sala del fuero Civil y Comercial, integrada por Francisco de las Carreras y Martín Farrell, falló en una demanda de la Defensoría porteña contra Edesur y, de paso, confirió a la ombudsman de aquel momento, Alicia Oliveira, jerarquía constitucional en la defensa de los vecinos contra las empresas de servicios públicos.

Edesur ya había pagado a los afectados por el corte las multas que había impuesto el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE). Pero el fallo de la sala dijo que ese pago no impedía que la Justicia civil pudiera actuar frente al pedido de cualquier ciudadano, por las pérdidas y daños ocasionados. De ahí en adelante, cada juez podía decidir que Edesur tenía la obligación de desembolsar mayores sumas que las reguladas por el ENRE.

El principal argumento fue la propia admisión de la responsabilidad por parte de Edesur. La empresa había aceptado ser responsable mediante una solicitada, pero cuando empezaron las demandas civiles dijo que no lo era. “La postura asumida por la recurrente es inadmisible”, decía el fallo sobre Edesur. “Implicaría admitir que se conduzca de una forma en sede administrativa –frente a la posibilidad de que el ENRE le impusiera otras sanciones–, o bien ante la opinión pública o el Congreso de la Nación, con la intención de proyectar una determinada imagen frente a los usuarios, a los medios periodísticos y al Estado, a través de uno de sus órganos, para luego adoptar una (forma) diametralmente opuesta, cuando algún usuario reclama la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.”

Según el tribunal, tal actitud se contradecía “con el principio de buena fe que debe regir entre las partes que integran una relación contractual”. En aquel momento, el corte perjudicó a diez barrios de Buenos Aires, donde vivían 150 mil usuarios. Hasta febrero del 2000, Edesur había pagado un total de 70 millones a 123 mil usuarios.

Si bien ahora los cortes son puntuales, y no generalizados como en aquel momento, la situación persiste en algunos barrios, como Almagro, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Caballito, Floresta y Barracas, donde vecinos cortaron el tránsito en avenida Vieytes y Quinquela Martín.

Informe: María Julieta Rumi.