18:23 › EL VICEPRESIDENTE APUESTA AL JUICIO POLíTICO Y PIENSA EN UN RECORTE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y UNA OLA DE PRIVATIZACIONES

Planes de Temer para un Brasil sin Dilma

La prensa brasileña adelantó que el vicepresidente Michel Temer prepara un plan de gobierno en caso de que sea destituida la presidenta Dilma Rousseff. Entre sus proyectos figura la reducción de los fondos destinados a los programas sociales de vivienda, educación y combate a la pobreza y poner en la agenda la reforma del sistema jubilatorio y laboral y privatizaciones

"Evaluamos medidas del área social que puedan beneficiar a la población, luchar contra la pobreza pero al mismo tiempo mantener el equilibrio fiscal y la salud de las cuentas públicas: son medidas que ya fueron usadas en Brasil y que son adoptadas en varios países", dijo el ex ministro y ex gobernador de Rio de Janeiro, Moreira Franco, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).

El PMDB del vicepresidente Temer debe decidir el martes si abandona oficialmente la base de apoyo al gobierno y los siete ministerios que ocupa, lo cual agrava más la situación de la presidenta Rousseff frente a los votos que necesita para impedir un juicio político que el gobierno considera "golpe institucional". La acusación contra la mandataria se enfoca en maniobras fiscales en el presupuesto realizadas por todos sus antecesores desde 1985.

En diálogo con el diario O Estado de Sao Paulo, Moreira Franco, quien fue ministro de Rousseff en las carteras de Asuntos Estratégicos y Aviación Civil, reveló la existencia de un plan económico que dejaría atrás el modelo de protección social usado desde 2003 por el Partido de los Trabajadores en caso de que el vicepresidente Temer y el PMDB comanden el país. El texto llamado "Un Puente para el Futuro" promueve sin detalles el regreso de las privatizaciones, nuevas metas fiscales y una ley que fije techos en el uso de recursos públicos.

Franco, presidente de la Fundación Ulysses Guimaraes, del PMDB, apuntó sobre uno de los planes principales de Rousseff, Mi Casa Mi Vida, al afirmar que su forma de financiamiento será revisada ya que se realizan con el Fondo de Garantía de Servicios (FGTS), los encargos patronales para las cuentas de los trabajadores que funcionan como indemnización cuando termina el contrato de empleo. "No se puede jugar con el dinero ajeno", sostuvo el ex ministro de Rousseff, hoy convertido en articulador de un eventual gobierno de Temer hasta las elecciones de 2018.

Franco dijo que "es necesaria una meritocracia" en la concesión de ayudas y subsidios a los alumnos de baja renta y afrodescendientes que se impulsa desde 2003 en Brasil. Según O Estado, el PMDB tiene en discusión si eliminar la gratuidad de algunas universidades federales y concentrar la ayuda social apenas al 10 por ciento más pobres.

El PMDB de Río de Janeiro, donde se concentra el gran poder del partido que tiene al vicepresidente Temer desde 2010, el sábado decidió que votará a favor de salir del gobierno y dar vía libre al juicio político. Pero dentro del partido que siempre fue oficialista y nunca gobernó directamente el país (lo hizo vía José Sarney, en 1985, en votación indirecta negociada con la saliente dictadura militar), existen distintas vertientes.

"Yo creo que es apresurado tomar decisiones tajantes frente un momento crítico del país", afirmó Eduardo Braga, ministro de Minas y Energía, del PMDB, quien se opone a la ruptura y demuestra que no existe consenso en el partido más grande del país. Sobre todo porque el impulsor del juicio político contra Rousseff es el procesado por corrupción Eduardo Cunha, un ultraconservador del PMDB a quien la fiscalía de Suiza le descubrió cinco cuentas no declaradas adonde fueron depositados cinco millones de dólares.

Cunha decidió en diciembre darle curso a un pedido de juicio político luego de que el Partido de los Trabajadores votara a favor de iniciarle un proceso en el consejo de ética de la Cámara de Diputados. Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff deberá preparar su defensa para presentarla en las sesiones de la comisión de juicio político en el Congreso, mientras negocia con otros partidos llegar al número mágico de 172 diputados para evitar elevar el juicio político a votación definitiva en el Senado.

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