ECONOMíA › GRANDES CAMARAS EMPRESARIAS RECHAZARON LA REFORMA A LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS

El establishment no quiere cambiar

La Unión Industrial, la Asociación Empresaria Argentina y la Cámara de Comercio expusieron su visión sobre el proyecto que modifica el marco regulatorio del sistema financiero. Se opusieron a que se lo declare servicio público.

 Por Tomás Lukin

El diputado Carlos Heller, autor del proyecto, escucha a los empresarios junto a Alfonso Prat Gay.
Imagen: DyN.

El establishment empresario visitó la Cámara de Diputados para expresar su postura sobre los proyectos de reforma de la Ley de Entidades Financieras. Los dirigentes de la Unión Industrial, la Asociación Empresaria Argentina y la Cámara de Comercio advirtieron sobre los problemas de crédito que arrastra la economía argentina, pero recurrieron a distintos razonamientos de matriz neoliberal para rechazar los ejes de la propuesta que impulsa el legislador de Nuevo Encuentro y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller. Las dos iniciativas restantes, presentadas por los diputados Federico Pinedo (PRO) y Gerardo Millman (GEN), no estuvieron presentes en los discursos de los empresarios.

“Cuestionaron el carácter de servicio público que propone el proyecto con un conjunto de argumentos en favor del mercado. Son contradictorios: se quejan del bajo nivel de crédito que es consecuencia de la ley actual, pero se rehúsan a cambiarla. La línea divisoria no es técnica, sino ideológica”, apuntó Heller a Página/12. El proyecto de ley sobre Servicios Financieros para el De- sarrollo Económico y Social que presentó el diputado pretende reemplazar la legislación instalada por José Alfredo Martínez de Hoz en 1977.

Las opiniones empresarias se concentraron en rechazar la denominación de la actividad financiera como servicio público que establece el primer artículo del proyecto. Los oradores enfatizaron la necesidad de impulsar los niveles de crédito productivo a plazos más largos y ampliar el acceso para las pymes, pero cuestionaron la intervención activa del Estado en el sistema financiero para lograrlo.

El vicepresidente segundo de la CAC, Alberto Grimoldi, sostuvo que “no creemos conveniente declarar la actividad financiera un servicio público porque esto reduciría la confianza de los usuarios en el sistema financiero, aumentaría los costos y consecuentemente habría menos depósitos y menos créditos”. En ese mismo sentido se expresó la delegación de la UIA que estuvo encabezada por su titular, Héctor Méndez.

“No tienen que tener tanto miedo a cambiar porque menos crédito que el de hoy no puede haber”, sostuvo Heller. La eficiencia de las regulaciones, la limitación al rol del Estado, la libre competencia y la seguridad jurídica estuvieron en el centro de la intervención del titular de AEA, Jaime Campos. “El objetivo de política pública debe ser promover el ahorro interno por medio del sistema financiero formal en la economía doméstica”, sostuvo Campos, quien rechazó toda intervención pública en la actividad y advirtió que “el alto costo del capital es un cuello de botella para la inversión”.

Desde la visión empresaria, compartida por el titular de la Comisión de Finanzas, Alfonso Prat Gay, la falta de crédito radica en la ausencia de un nivel de ahorro suficiente que financie la inversión. Sin embargo, el sistema exhibe un elevado nivel de solvencia para prestar recursos. Desde las filas de Heller advirtieron que los razonamientos que culpan a una supuesta escasez de ahorros son engañosos, ya que un incremento en el nivel de ahorro de la economía implicaría una redistribución de ingresos regresiva y una consecuente caída en la demanda agregada.

El discurso de la cúpula empresaria no hizo referencia a ninguna de las propuestas que presentaron el PRO y el GEN. El diputado Pinedo no participó del encuentro y Millman no realizó ninguna intervención durante la reunión a pesar de la invitación a participar que recibió de Prat Gay.

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