El conflicto con el sector agropecuario no podía estar ausente del debate económico en torno del modelo.

–¿Cómo debería ser el esquema de retenciones agropecuarias?

R. D.: –Se ha llegado a un insólito conflicto, actualmente con altos ribetes de politización, con el sector que debería generar hoy la mayor capacidad para recomponer reservas, una de las fortalezas sobre la cual todo país debe centrar sus políticas en un momento de crisis. El conflicto con el campo le ha generado a la Argentina la imposibilidad de hacerse de esas reservas de manera efectiva, ha implicado cuestiones sectoriales muy profundas como la probable necesidad de importar carne el año próximo, la producción de trigo ha caído de manera dramática, hemos perdido el mercado brasileño, que era el principal destino de las exportaciones trigueras. Por tanto, lo que debe hacerse con el tema de las retenciones es repensarlas en términos de cómo hacer para regenerar la rentabilidad del sector que más rápidamente puede recomponer las reservas de la Argentina. Y al hablar del campo también debe integrarse la agroindustria, que en un concepto amplio implica el 40 por ciento del PBI nacional. La no discusión de la rentabilidad del sector agropecuario limita mucho las posibilidades de la Argentina para salir rápidamente de la crisis.

R. F.: –Justamente se mencionan dos producciones agropecuarias que presentan problemas, trigo y carne, que son netamente mercado-internistas. La resolución 125, la política de retenciones móviles, era la que permitía que los precios internacionales no impactaran en la decisión de los cultivos internos. Era otro mecanismo de reducir vulnerabilidad externa y era reducir el impacto de la volatilidad de mercados internacionales sobre las decisiones internas. En el tema de la carne, el Gobierno no tomó la decisión de bajar el consumo per cápita, que en los últimos cinco años se elevó en casi 12 kilos por habitante promedio por año, y eso es netamente consumo popular. Entonces, si hay que importar carne –que no creo– es por la decisión de sostener su consumo, peor sería que se exportara la carne y se restringiera por precios el consumo popular. En el tema retenciones, el Gobierno tuvo una política de impedir que los precios internacionales fueran los que definieran los cultivos, sobre todo en las producciones que van al mercado interno. Con respecto a las manufacturas de origen agropecuario, en el componente exportador son importantes, pero también porque tienen retenciones diferenciadas. El complejo harinero y el complejo aceitero tienen retenciones diferenciadas y eso les ha dado impulso.

R. D.: –Creo que estamos viendo realidades diferentes: cualquier productor mediano o pequeño de la Argentina plantea permanentemente problemas de rentabilidad y el Gobierno no ha hecho nada para mejorar esa situación. El conflicto hoy se tiñe de política, pero no hay voluntad del Gobierno para atender a las necesidades del sector que más rápidamente podría generarle divisas al país.

R. F.: –El Ejecutivo planteó enorme cantidad de iniciativas de diálogo, aceptemos que este sector hoy recibe una rentabilidad muchísimo mayor que hace siete años. Eso explica por qué la unidad productiva en la pampa húmeda pasó de 300 a 150 o 200 hectáreas, con altas rentas, y es lo que hoy defiende este numeroso sector. No es cierto que el Gobierno no discuta la rentabilidad agropecuaria, ha tenido políticas crediticias y de subsidios sobre distintos sectores del agro. Tampoco creo que hoy en este contexto –a excepción de la demanda que hace China de la soja y de otros países– ese sector sea el que más rápidamente vaya a recomponer la situación de Argentina.