EL PAIS › LOS NEGOCIOS DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA CON EL ESTADO

Luciano Miguens, un hombre de a caballo

El titular de la entidad rural integró el directorio de la Asociación Argentina de Fomento Equino, que durante el gobierno de Menem fue beneficiada con la explotación del Tattersall del Hipódromo de Palermo por un canon irrisorio.

 Por Eduardo Videla

Luciano Miguens, uno de los cuatro jinetes de la rebelión contra las retenciones, no es sólo el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Es, sobre todo, un hombre de a caballo. Y como tal, montado al cargo de director de la Asociación Argentina de Fomento Equino, suscribió un cuestionado negocio con el Estado que benefició notoriamente a esa ONG, una entidad que apoya la cría de caballos pura sangre, integrada por destacados miembros de la aristocracia rural. Fue en 1994, durante la presidencia de Carlos Menem. La Lotería Nacional le concedió a la Asociación Argentina de Fomento Equino la explotación del edificio Tattersall, en un cotizado terreno de Palermo, en el predio del Hipódromo, a cambio de una suma ridícula en concepto de canon. La Asociación subalquiló el edificio a una empresa que explotó ese lujoso edificio durante años y a un empresario que construyó sin permiso de la ciudad el cotizado restaurante Kansas.

Miguens fue reelecto como presidente de la Sociedad Rural el 6 de octubre de 2006. Ocupa ese cargo desde septiembre de 2002, aunque es miembro de su comisión directiva desde 1979. Pero ya en 1975 había iniciado su carrera como dirigente rural: integró por entonces el directorio de la Asociación Argentina de Fomento Equino, una entidad destinada a la promoción de la cría de caballos.

Miguens ocupó cargos en el directorio de la Asociación hasta 2000. Estaba en funciones cuando Lotería Nacional, durante la presidencia de Menem, le cedió el 30 de marzo de 1994 la explotación del Tattersall, un amplio salón ubicado en el predio del Hipódromo, y las cinco hectáreas que lo rodean. La adjudicación se hizo en forma directa, sin licitación, todo un símbolo de las concesiones menemistas. La idea original era que el espacio sería destinado al remate de caballos, pero la asociación sólo instaló allí una oficina y subalquiló el resto a Tattersall de Palermo SA, que explota un salón de fiestas y convenciones. En 2007 fue clausurado por orden del gobierno de la Ciudad, por falta de habilitación, y reabierto por orden judicial. El beneficiario de esa concesión fue el arquitecto Jorge Bernstein, titular de la firma que explota y subconcesiona el lugar.

A la lista se agrega el empresario gastronómico Carlos Dermidjian, dueño de los restaurantes Kansas, que explota un local dentro del predio del Hipódromo. Para la construcción de ese local gastronómico de lujo fue demolida una edificación histórica, el Museo de Hipología, construido en 1876. El permiso de demolición, se denunció, habría sido falsificado. De esa manera se habrían sorteado escollos urbanísticos, ya que esa área es considerada como Urbanización Parque y Area de Protección Histórica y para encarar un nuevo emprendimiento debería contar con una aprobación especial.

Como ninguna de las partes cumplió con sus obligaciones, se inició una serie de juicios cruzados: de Kansas contra Lotería y Tattersall y de Lotería contra la Asociación Argentina de Fomento Equino porque la entidad nunca pagó el canon correspondiente y al año 2003 debía 330 mil pesos. El conflicto se resolvió con un acuerdo de mediación, firmado en los últimos días de la presidencia de Eduardo Duhalde: a cambio de que todos resignaran su pleito judicial, se le otorgó a la Asociación Argentina de Fomento Equino un contrato de locación por diez años, con opción a cinco más, a un precio de 12 mil pesos mensuales en concepto de alquiler. A su vez, se establece como monto del canon por sublocación que los dueños del restaurant Kansas deberán pagar a la Asociación otros 12 mil pesos mensuales. Además, Tattersall de Palermo SA le paga a la Asociación de Fomento Equino, por la explotación comercial del salón, la suma de 3160 pesos más el CER. Para la Asociación el acuerdo fue inmejorable, ya que se le garantizaron beneficios con costos e inversión cero. Los concesionarios, además, pagan los alquileres más baratos para desarrollar actividades muy lucrativas.

Para qué le habrán
puesto caballos

La Asociación de Fomento Equino, que tiene allí sus oficinas, se beneficia con la diferencia de los alquileres que cobra y que paga, a costa de una propiedad del Estado. Miguens ya no es miembro del directorio, que sigue integrado por ilustres apellidos que disfrutan de la herencia de aquel acuerdo con el Estado: Patricia Peralta Ramos es su vicepresidenta primera, Eduardo G. Rosenberg es su presidente. Enrique J. Santamarina (Haras Henry Jota) es el secretario.

La Asociación fue fundada el 17 de noviembre de 1924, por otros apellidos no menos ilustres, “calificados criadores, entusiastas y progresistas”, según se define en su página web: Miguel Alfredo Martínez de Hoz, el general de División Isaac de Oliveira Cesar, Mariano de Ezcurra, Adolfo G. Luro, Ricardo Malbrán, Celedonio Pereda, Eduardo Regúnaga y Joaquín J. Vedoya, entre otros. De acuerdo con la reseña histórica que se publica en su sitio, la entidad fue reconocida por la Sociedad Rural Argentina y por el Comando en Jefe del Ejército, a través del Comando y Dirección General de Remonta y Veterinaria, como “modelo en su género”.

Actualmente, la Asociación de Fomento Equino tiene apenas 300 socios y 70 mil animales fichados. Entre sus objetivos se destacan “fomentar el mejoramiento de la cría equina en el país”, “llevar los registros selectivos y genealógicos de mestización de los caballos Silla Argentino y Tiro Argentino”, “organizar y promover pruebas de aptitud y selección, así como patrocinar y auspiciar exposiciones, remates y ventas”, entre otras.

Miguens nació el 28 de febrero de 1939. Es médico veterinario, está casado y tiene tres hijos. Vive en Barrio Norte y tiene un campo en la localidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, donde cría caballos criollos. Es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural desde 1979. Entre 1985 y 1989 también participó de la comisión directiva de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Y desde 1991 a 1994 fue vocal del Consejo de Administración del Senasa en representación de la Sociedad Rural Argentina.

En 2002 llegó a la presidencia de la SRA y cuatro años después, al ser reelecto, dijo en su discurso: “Una de nuestras principales misiones es hacerle entender (al Gobierno) la importancia de aprovechar la favorable coyuntura internacional y de generar las condiciones de previsibilidad y libertad de comercio que esas circunstancias requieren. Para ello debemos mantener el diálogo sin claudicar en los principios ni en la crítica legítima cuando ésta sea necesaria”. Reconoció que “el ciudadano ajeno al sector considera al campo como una actividad privilegiada en virtud de las ventajas que le otorgan al país los favorables recursos naturales con que cuenta”, pero advirtió que “se desconoce que para competir hoy en el mercado internacional son muchos los obstáculos que debemos enfrentar”. Y destacó que el eje central de su gestión será “lograr que desde todos los sectores, incluido el Gobierno, se reconozca el lugar que se ha ganado el agro en los últimos años como el sector que mayor bienestar genera en toda la población”.

La denuncia de la concesión del patrimonio del Estado para usufructo de empresas privadas fue realizada por el ex legislador Marcelo Gey. A partir de esa denuncia, intervino la Oficina Anticorrupción y el juez federal Sergio Torres, quien procesó por “defraudación” a cinco ex directores de Lotería Nacional. Sobre la Asociación Argentina de Fomento Equino pesa un juicio de desalojo que está en trámite.

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Miguenz hizo un cuestionado negocio con el Estado en los ‘90.
 
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