EL PAíS › DEFENSA AMPLIó LA DENUNCIA POR ADMINISTRACIóN FRAUDULENTA EN EL EJéRCITO

Otros trece militares de guante blanco

 Por Diego Martínez

La ministra de Defensa, Nilda Garré, amplió su denuncia ante la Justicia por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica contra otros 13 militares y 29 civiles y ordenó al general Roberto Bendini el pase a disponibilidad de todos los involucrados. Según informó Defensa, los delitos se habrían cometido “con idéntico modus operandi e incluso con la participación de algunos de los proveedores ya denunciados” en agosto pasado, cuando se acusó a 30 miembros del Ejército y a otras 51 personas, la mayoría con relaciones familiares o comerciales con los militares.

La nueva denuncia incluye a los generales de brigada Gustavo Gabriel Schurlein y Gustavo Serain, hasta ayer comandantes del Cuerpo III de Ejército de Córdoba y del Comando de Aviación de Campo de Mayo, respectivamente. PáginaI12 había adelantado que el Gobierno analizaba, tras la tanda inicial, la separación de otros dos generales. También que Schurlein es quien intentó justificar las maniobras fraudulentas invocando engorrosos procedimientos administrativos el día que Garré detalló los ilícitos ante 90 oficiales.

La denuncia original se presentó ante la Cámara Federal porteña y, por sorteo, recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien delegó la instrucción en el fiscal federal Eduardo Taiano. Después de desmenuzar las auditorías que dirigió el contador Jorge Argüello, el fiscal dio cuenta de “una estructura destinada a delinquir, que operaría dentro del Ejército Argentino”, y amplió el universo de imputados: pidió, entre otras medidas de prueba, la indagatoria de 101 personas, 20 civiles más de los denunciados por Defensa.

La denuncia original de Garré derivó en el pase a disponibilidad de 23 militares, incluidos cuatro generales: Héctor Mario Giralda, que era director de Asuntos Históricos; Mario Fernando Troncoso, director de Personal del Estado Mayor; Eduardo Salvador Gibelli, comandante de Intendencia; y Raúl Horacio Gallardo, imputado también en Catamarca por delitos de lesa humanidad como asistente personal del comandante del Regimiento de Infantería 17, ex comandante de Operaciones Terrestres y antes director del Colegio Militar.

La ampliación de ayer, elaborada por abogados del ministerio a partir de un centenar de auditorías realizadas en 2006 y 2007, se centra en el Cuerpo III y en el Comando de Aviación. Los oficiales superiores denunciados por irregularidades en la unidad de batalla cordobesa son, además del general Schurlein, los coroneles Horacio Mones Ruiz, Angel Saverio Lapillo y Adrián Ricardo Cortes y dos tenientes coroneles cuyos nombres no trascendieron. Los involucrados por Campo de Mayo son, además de Serain, el coronel Eduardo Sabín Paz, tres tenientes coroneles, un mayor y una capitana. Todos fueron pasados a disponibilidad, es decir que seguirán cobrando su sueldo pero privados de destino hasta que la Justicia se pronuncie sobre sus responsabilidades. Según el comunicado de Defensa, los 29 civiles denunciados ayer representan a once firmas comerciales.

De 1317 expedientes analizados, 583 habían sido “manipulados con modificaciones de folio, falsificaciones de firmas u otro tipo de acciones delictivas”, detalló el contador Argüello a fines de agosto. El perito describió “maniobras groseras” y aclaró que no se trataba de irregularidades administrativas, sino de “acciones delictivas”. Garré agregó durante su exposición que existía “un núcleo que organizó la red y que se podría estar ante un caso de asociación ilícita”.

Las irregularidades detectadas son desdoblamientos de contrataciones para que figure un monto menor que permita evitar controles (por ejemplo de la Sigen), adulteraciones de documentos, adjudicaciones a oferentes con dudosas situaciones fiscales y sin experiencia, adjudicaciones a proveedores vinculados entre sí y/o ligados a funcionarios intervinientes. El fiscal Taiano solicitó 17 medidas de prueba, incluido el estudio de las cuentas bancarias de funcionarios y proveedores, y la declaración testimonial de miembros de la Comisión Evaluadora del Ejército que intervinieron en algunas licitaciones. El próximo paso corresponde al juez Canicoba Corral.

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Garré ordenó cesar a los imputados.
Imagen: Télam
 
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