EL PAIS › EL AGENTE FISCAL DE SANTA CRUZ RECURRIO A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Al grito de “Supremos abstenerse”

Claudio Espinosa, quien sería desplazado de su cargo si Eduardo Sosa es repuesto como procurador, denunció que los fallos de la Corte Suprema conculcan sus “garantías y derechos constitucionales”. También demandó que el Congreso no dicte ninguna ley para removerlo.

El caso de la Procuración de Santa Cruz ahora llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un día después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldara públicamente al gobernador Daniel Peralta, el actual agente fiscal santacruceño, Claudio Espinosa, realizó una presentación ante la CIDH denunciando a la Corte Suprema de Justicia porque los fallos a favor de Eduardo Sosa, ex procurador provincial, para ser repuesto en el cargo “conculcan flagrantemente” sus “garantías y derechos constitucionales” que protegen su trabajo. Apuntó también contra el Congreso para que “se abstenga de sancionar” alguna ley para removerlo del cargo, habida cuenta de los distintos proyectos que presentó la oposición en ese sentido.

“He presentado mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló el fiscal Espinosa en la carta que le envió al vicegobernador de Santa Cruz, Hernán Martínez Crespo. Espinosa reaccionó ante la avanzada de la oposición en el Congreso que ingresó sendos proyectos en los que se propone intervenir a la provincia patagónica para hacer cumplir los fallos de la Corte que ordenan al gobernador Peralta reponer en su cargo a quien se desempeñó como procurador hasta 1994, Eduardo Sosa.

En el documento enviado a la Legislatura provincial que preside Martínez Crespo, Espinosa explicó que se presentó ante la CIDH “en virtud de los fallos” dictados por la Corte Suprema “de fechas 20 de octubre de 2009, 10 de noviembre de 2009 y 14 de septiembre de 2010 que conculcan flagrantemente mis garantías y derechos constitucionales inherentes a la inamovilidad y estabilidad en mi desempeño como funcionario judicial como asimismo la tutela judicial efectiva, en virtud de haberse vulnerado mi derecho a defensa”. En el mismo escrito notificó que denunció también al Congreso “a los fines de que dicho cuerpo se abstenga de sancionar cualquier norma que conlleve mi remoción en el cargo que legítimamente ejerzo”.

En 1994, bajo la gobernación de Néstor Kirchner, se realizó una reforma constitucional en la que se eliminó el cargo de procurador que estaba en manos de Sosa y se creó el de agente fiscal, para el que fue designado Espinosa con acuerdo legislativo. En aquel momento, Kirchner propuso el desdoblamiento de la Procuración para que tanto Sosa como Espinosa pudieran coexistir en áreas jurídicas diferentes. El ex procurador no aceptó la propuesta e inició acciones legales para recuperar su puesto de trabajo. Quince años después el máximo tribunal de Justicia le dio la razón, además de iniciar una denuncia penal contra Peralta por no acatar el fallo en reiteradas oportunidades.

Luego del fallo de octubre de la Corte, Peralta replicó la propuesta que había realizado Kirchner enviando un decreto a la Legislatura santacruceña para efectivizar el desdoblamiento de la fiscalía. Sosa se desempeñaría en el cargo con competencia civil, comercial y laboral, mientras que Espinosa desarrollaría tareas en el ámbito contencioso administrativo, superintendencia, electoral, criminal, correccional, de menores y minoría. Los legisladores aún no lo trataron. En ese sentido, el fiscal de Estado de Santa Cruz, Carlos Ramos, sostuvo que el gobernador “ha dado muestras de su voluntad reiterada de querer acatar el fallo conciliando los intereses en juego” y que en todo momento se mantuvo informada a la Corte cada paso que se dio” con respecto a la propuesta.

Así las cosas, el gobernador Peralta se mantuvo firme en su posición de no acatar el fallo, máxime después de que la presidenta Fernández de Kirchner le diera un fuerte respaldo durante un acto en el que le extendió su solidaridad y dijo que le daría “asilo político en la Casa Rosada”. Además, la Legislatura provincial emitió ayer una resolución en la que rechazan los proyectos de ley presentados en la Cámara baja por la oposición y declararon personas no gratas en la provincia a los diputados firmantes de los proyectos al considerarlo como “una profunda falta de respeto al pueblo de la provincia de Santa Cruz”.

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El gobernador Daniel Peralta continúa en medio de la disputa por la Procuración de Santa Cruz.
Imagen: Leandro Teysseire
 
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