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Pedido de juicio oral

Beatriz Rial, la mamá de Mariano Ferreyra, el joven asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria (UF) en una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca, pidió ayer que sean llevados a juicio oral el titular del gremio, José Pedraza, su segundo Juan Carlos “Gallego” Fernández, y otros ocho hombres que participaron del ataque. Lo hizo ante la jueza Wilma López, quien ya anunció que considera que la investigación está terminada y las responsabilidades en el homicidio calificado probadas. El planteo de Rial, representada como querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el abogado Alberto Bovino, tiene un aspecto novedoso, al enfatizar que la embestida fue planificada con al menos dos días de anticipación desde la cúpula sindical y que los integrantes del grupo de choque fueron especialmente seleccionados. La presentación para que se eleve el caso a juicio oral propone algunas modificaciones respecto de la participación que tuvo cada uno de los diez imputados. Para Pedraza y Fernández, siguen sosteniendo que fueron “instigadores”, que organizaron y dirigieron la embestida contra los tercerizados. Para esta querella hubo seis coautores del homicidio y de los intentos de asesinar a balazos a otras tres personas: el delegado Pablo Díaz, quien fue reclutador de los matones y daba instrucciones en el lugar; el delegado Claudio Alcorcel, que fue nexo con el barrabrava Cristian Favale; el propio Favale y el barra Gabriel Sánchez –ambos acusados de haber hecho los disparos– , a los que se suman Salvador Pipito y Jorge González, que intentaron evitar que las cámaras de televisión filmaran. Los ferroviarios Guillermo Uño y Juan Carlos Pipito son señalados como partícipes necesarios. Uno de los datos que esta querella sostiene, que revela la planificación del plan criminal, es una entrevista que Favale tuvo a dos días de los hechos en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. Favale, que no es ferroviario, alegó que había ido a una entrevista laboral. Sin embargo, los abogados del CELS y Bovino plantean que “la verdadera razón” de su presencia era “una eventual planificación de los hechos que se concretaron el 20 de octubre”. También recuerdan que Pedraza dijo que le avisó con un día de anticipación al secretario de Transporte que iba a haber un corte de vías.

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