El domicilio del general de división retirado Carlos Alberto Martínez, que fue jefe de la SIDE durante la dictadura, fue allanado en el marco de la investigación judicial por el asesinato del ex delegado de Juan Domingo Perón, el mayor Bernardo Alberte, cometido el 24 de marzo de 1976. La medida fue realizada el viernes por orden del juez Daniel Rafecas en la causa iniciada por la familia de Alberte poco después del hecho y ahora integrada a la megacausa por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército. Fuentes de la causa dijeron que en el allanamiento a dos inmuebles del represor fueron encontrados partes de inteligencia de aquel período que podrían complicar su situación.

Los procedimientos fueron realizados por personal del juzgado y la Policía Federal en Pardo 2112 y España 865, en la localidad de San Miguel. A fines de mayo, había sido allanado el domicilio del general retirado Jorge Eugenio O’Higgins, que actuó en la Jefatura de Inteligencia del Ejército desde 1975, y también habría formado parte del grupo que cometió el crimen. Al igual que Martínez, O’Higgins es ex alumno de la Escuela de las Américas, en 1976 fue subordinado directo de Martínez en la SIDE y participó en la Operación Centroamérica como agregado militar en Honduras. Alberte, que fue edecán de Perón y luego su delegado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, fue arrojado desde el sexto piso del edificio en que vivía en el barrio de Recoleta, en la misma madrugada del golpe. El crimen –considerado como el primero de la dictadura– fue cometido por una patrulla militar que también robó pertenencias de su departamento, incluida su correspondencia con Perón durante 1967 y 1968. Esta documentación, además de agendas y otros efectos personales del represor, fue encontrada en el palier compartido por un vecino de O’Higgins cuando este se deshizo de ellas, en 1982, y este hombre entregó su hallazgo a la Justicia. La familia de Alberte denunció judicialmente el asesinato y el robo de las cartas en junio de 1976, y el expediente fue reabierto tras la derogación de las leyes de impunidad, pero en los últimos meses cobró ímpetu a raíz de los documentos hallados. En esa causa, los familiares acusaron como jefe de la banda que ejecutó el crimen al general Oscar Enrique Guerrero, quien en 1981 llegó a jefe de la Policía Bonaerense y luego fue jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.

Martínez era jefe de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército al momento del golpe y retuvo el cargo hasta 1977, cuando pasó a desempeñarse como jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado hasta 1983. Hombre de confianza de Jorge Videla, Martínez comandó con grado de general el Batallón 601 de inteligencia del Ejército, que no sólo ejecutó la represión local, sino que participó del Plan Cóndor y del adiestramiento de militares derechistas en Centroamérica. Tras la guerra de Malvinas pasó a ser jefe de Operaciones del Estado Mayor de la fuerza. Se le atribuye haber diseñado, con Roberto Viola, los planes de ejecución del genocidio y luego la Operación Centroamérica de exportación del terrorismo de Estado. Ya retirado, se recicló en 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el entonces secretario de Inteligencia Juan Bautista Yofre lo nombró director de la Escuela de Inteligencia del organismo.