EL PAíS › OPINION

Las señales y las razones

 Por Mario Wainfeld

Imagen: Télam.

La gimnasia parlamentaria incluye el manejo táctico del quórum. Se ejercita de dos maneras o en dos tramos. La primera, en orden de aparición, es con las posaderas: dando quórum o dificultándolo. La segunda en secuencia es con la mano: levantada o con el dedo, pulsando un botón. Son recursos lícitos en general, cuya legitimidad queda expuesta la aprobación o al reproche de los ciudadanos. En la recuperación democrática hay ejemplos surtidos, para regalar.

Otra cosa son las malas artes, las “picardías” abusivas o el delito liso y llano. Por caso, el diputrucho menemista, los sobornos conocidos y con amplia credibilidad política aunque nunca sancionados por “la Justicia”.

La picaresca doméstica es vasta pero no se recuerda una maniobra semejante a la del macrismo con la sancionada ley de Emergencia Ocupacional. Dar quórum para perder, para apurar la derrota, para acelerar el tránsito al anunciado veto presidencial. Raro pero encendido, distorsivo de la seriedad. Nada tan grave en una cultura política laxa por demás. Chocante, eso sí, a los autoelogios del republicanismo de derecha, un tigre que se mancha cotidianamente.

Poco afecto a la indignación perenne, este cronista es transigente con las artimañas legales de los legisladores. Y más crítico con las cuestiones de fondo, por ejemplo los despidos, el desempleo y la implantación de un modelo neo conservador. Por eso, le parece más grave el veto que el quórum. Y más que el veto, la política económica, social y laboral del presidente Mauricio Macri que lo motiva.

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La narrativa M sobre la ley mezcla macanazos, falacias y omisiones. Empecemos por una de estas, referida al plazo de vigencia de la norma: regiría por seis meses, que no es tanto. Si se hubiera apurado el trámite desde el Senado casi hubiera corrido uno. Aún con el delay deliberado, su aplicación culminaría en noviembre, momento en que según los anuncios del Gobierno la inflación será mínima y se habrán creado una carrada de puestos de trabajo digno.

Si así fuera, se repetiría lo que pasó en el lapso en que hubo una regla parecida durante la presidencia de Néstor Kirchner. No habría despidos sino generación galopante de empleo. Tanto que en esa etapa (que la versión oficial falsea o borra de la memoria) el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada anunciaba mes a mes en la Casa Rosada la evolución de los índices de empleo. Lo hacía, claro, porque eran entusiasmantes. Esas cifras no se tergiversan porque se fundan en datos sobre aportes patronales, no falseables.

Si el futuro corroborara las profecías macristas la medida quedaría derogada por su propia letra dentro de seis meses. Sólo podría prorrogarse mediante una nueva ley. La oposición complaciente (esto es toda, salvo la izquierda y el Frente para la Victoria) jamás la apoyaría.

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El ejemplo de la era kirchnerista y el sentido común confirman, en cambio, una aseveración del gobierno sin validar sus conclusiones.

La regla que encarece los despidos (no los impide ciento por ciento porque admite excepciones) no creará puestos de trabajo. Estos son consecuencia de la marcha de la economía real, del crecimiento en especial en sectores mano de obra intensivos.

Otros son los objetivos de la ley, lo que aborrece Macri. Primero es un freno a las facultades patronales, a su poder. Es preventiva, actúa como una señal. En el derecho laboral argentino para la actividad privada la estabilidad del trabajador es “impropia”. La regla general es que se puede despedir sin causa, a cambio de una indemnización. Hay excepciones, son minoría.

Elevar el costo potencial de los despidos tampoco los elimina pero convoca a recapacitar y a no abusar de (o banalizar) la potestad del empleador.

La ley es una “señal” que el Estado emite para disuadir y frenar un fenómeno creciente. Las decisiones estatales inducen conductas, construyen climas.

El protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apenas se aplica pero propaga un mensaje a las fuerzas de seguridad. El país cambió, el gobierno es más transigente con el uso de la fuerza o la represión. Las policías lo captan (les sale fácil) cuando salen de razzias por la noche o en barrios populares. Los uniformados se restriegan las manos duras, porque los instiga una directiva genérica. El encarcelamiento ilegal de Milagro Sala opera en la misma dirección.

De modo análogo se explica la desesperación de Macri para que el Estado no interfiera con la mano invisible del mercado (que acá es la mano dura de los patrones). Alerta que el país cambió: ya no hay un Estado proactivo que entra en acción para frenar despidos, dictar conciliaciones obligatorias u otros recursos.

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El macrismo y el Frente Renovador que lidera el diputado Sergio Massa claman en defensa de las pymes. El oficialismo, con más hipocresía, augura que el encarecimiento de los despidos las pone en riesgo. El massismo, más moderado, insinúa medidas para disminuir otros costos de esas empresas. En proporciones muy distintas, ambos omiten que el mayor problema de las pymes es el modelo económico y no el pasivo eventual de las indemnizaciones. ¿Por qué deberían despedir las principales creadoras de empleo si estuvieran en un contexto auspicioso, descartando el sadismo o la necedad?

La respuesta es tan evidente como ajena al repertorio neocon. Su rentabilidad está en jaque por la apertura indiscriminada de las importaciones, todavía no concretada del todo. Y por la recesión que reduce el consumo interno al que proveen.

A las ramas de actividad protegidas, semi reguladas o fomentadas desde el Estado las acecha el dumping económico y social. Competencia del aluvión de productos importados más baratos, en buena dosis como consecuencia de los peores salarios que se pagan en otras comarcas. Cero novedad para cualquier persona añosa: la experiencia se padeció durante la dictadura y en la última década del siglo pasado.

Los pequeños y medianos empresarios tienen una coalición de intereses con sus empleados y más en general con la clase trabajadora. Su prosperidad (o supervivencia, en el borde) depende del consumo local. Están en problemas si se extienden o ahondan la merma de la masa de trabajadores y del valor adquisitivo de los salarios.

La conjunción de intereses objetivos explica su ascenso conjunto en los gobiernos nacional-populares exitosos. Y su abatimiento en los de derecha. Los comportamientos subjetivos o electorales a veces transitan el mismo riel, a veces se bifurcan.

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Se reunió el Consejo nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Fijó un nuevo valor del mínimo vital y móvil, inferior a la inflación previsible para el primer semestre del año. Las CGT avalaron mansamente, las CTA votaron en contra, en minoría y anunciando paros.

También se elevó el importe del Seguro de Desempleo, significativamente. Una medida parcial pero auspiciosa.

El Gobierno formó distintas comisiones intersectoriales. La de la Productividad se propone tratar, entre otros tópicos, el ausentismo, las adicciones en el mundo del trabajo y la productividad. A las patronales les preocupa que haya faltazos los lunes especialmente lo que atribuyen a la vida disipada de los laburantes, en especial los más jóvenes. Antonio Caló, secretario de una de las CGT, banca ese razonamiento en declaraciones periodísticas patéticas. Comenta que los pibes salen de noche, trasnochan mucho más que él en su juventud, beben o se drogan, que sus viejos lo fajaban si él incurría en desórdenes parecidos. En fin…

El arcaísmo del jerarca metalúrgico confluye con el ánimo empresarial, más racional y utilitario. Busca disciplinar a los trabajadores, restarles beneficios, bajar sus ínfulas dentro y fuera del área laboral. Flexibilizar y “domesticar” la mano de obra es base del proyecto económico, cuya idea de competitividad no cierra con los sueldos más elevados de la región.

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Se habla de los costos políticos que pagará o evadirá el macrismo. Vetar o no una ley es un detalle, comparado con la realidad existencial de “la gente”. Puesto de otro modo: las personas ya despedidas tendrán, factiblemente, mala espina con el Gobierno. Y las que lo sean de aquí en más también, el veto a la ley podrá potenciar la bronca que tiene raíces más hondas, ligadas a la vivencia cotidiana.

El oficialismo se empeña en impedir un paro general, de las cuatro centrales. Es verosímil que lo consiga, en el corto plazo. Claro que no es invulnerable a otros reclamos. La movilización de la comunidad universitaria y la unidad en la acción de los sindicatos del sector forzó al ministro de Educación Esteban Bullrich a mejorar bastante la oferta en las paritarias.

La acción directa masiva conserva peso, gravita. Los laburantes y otros grupos de interés lo advierten y apelan a ella con más frecuencia. El veto presidencial no puede paralizarla ni negarla más allá de lo verbal. Ni desconocerla. He ahí otro desafío para el Gobierno, que va in crescendo.

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