En una asamblea casi literalmente cortada al medio, los participantes dieron testimonio de cohesión coreando “el pueblo unido/jamás será vencido” y “es para Cristina que lo mira por TV”: señales de unidad, aun en el instante caliente del conteo voto por voto. Primó la moción de negociar con el Gobierno bajándose de la ruta por 60 días, con la promesa desafiante y repetida de “volver a Arroyo Verde” si no hay satisfacción a las demandas. El sentido común indica que ese regreso sería difícil.

El argumento más socorrido de quienes abogaron por la postura mayoritaria fue “tirarle la brasa ardiente al Gobierno”. La oratoria (rebosante de denuestos al gobierno argentino y al uruguayo) fue encendida, nadie alteró ese canon.

Más allá de los discursos, el vecinalismo optó ayer por un repliegue táctico. Es un paso más en medio de una prolongada lucha. La movilización dio visibilidad al contencioso del Río Uruguay, enriqueció la agenda medioambiental nacional e impactó en las relaciones entre Argentina y Uruguay. Forzó al gobierno argentino a implicarse, a veces con acierto, otras con desmesuras retóricas o políticas.

En algún momento dispuso de un abanico de recursos, además del corte: las movilizaciones masivas de casi toda una ciudad, la promoción de Romina Picolotti al gabinete nacional, la irrupción vistosa y mediática de Evangelina Carrozo en una cumbre de presidentes en Viena.

La decisión es sensata, adecuada al nuevo contexto. Pone la pelota del lado de los gobiernos. En pocos meses, La Haya y los ambientalistas dieron cauce al conflicto, precisaron responsabilidades recíprocas. Tras años de desencuentros que jamás debieron existir, los dos países (sus mandatarios, en especial) deben encontrar un modo fértil de convivencia, de control compartido del río. El monitoreo conjunto, una bandera lógica, debe ser apenas un primer paso, tan necesario como parcial.

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