La Cancillería designará este fin de semana al candidato que el país postulará para integrar el Comité de Expertos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La persona que ocupe ese rol deberá asesorar en el cumplimiento de la normativa –ratificada por Argentina en 2008–, que se basa en el paradigma de que las personas con discapacidad no son receptores de asistencia sino personas capaces de hacer valer sus derechos. Entre los candidatos que se barajan para acceder al cargo se encuentra Eduardo Joly, miembro fundador de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y ex asesor del Inadi. Página/12 dialogó con él para realizar un balance de la situación de discapacidad en el país y los cambios que implica la aplicación de la Convención.

En 1977, Joly sufrió en un accidente aéreo una lesión medular que marcó su vocación futura. Desde entonces, comenzó a investigar, militar y asesorar sobre derechos de las personas con discapacidad: creó la Fundación Rumbos, participó de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en la Comisión de Políticas Especiales, colaboró con informes del CELS y de otros organismos nacionales e internacionales.

En estas horas, es uno de los candidatos para ser el primer argentino que ocupe una bancada, por Latinoamérica, en el Comité de 18 expertos de la ONU, y espera que su condición de discapacitado y activista sea tenida en cuenta a la hora de la selección de la Cancillería. En esa carrera, recibió adhesiones de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Defensoría del Pueblo porteña, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, entre otras organizaciones. “No por tener discapacidad se tiene más idoneidad, también hay que tener experiencia en la problemática desde una mirada global y de derechos humanos. La misma convención incentiva que las personas que integran el comité sean discapacitadas y no funcionarios de gobierno, porque agrega una perspectiva distinta, un compromiso particular”, apuntó Joly.

–¿Qué importancia tiene formar parte del Comité?

–Con la Convención como instrumento se puede ejercer la presión política y jurídica necesaria para que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Para eso, es importante estimular a las organizaciones sociales a realizar informes porque tendrán una mirada aguda de la realidad que viven cotidianamente. Por eso, es tan importante que en el comité de expertos haya personas con discapacidad y trayectoria de activismo. Nadie mejor que nosotros va a defender nuestros derechos.

–¿Cómo influye en la aplicación de la Convención el trabajo de las organizaciones y redes sobre discapacidad?

–A partir de la ratificación de la Convención, muchas organizaciones están utilizándola para argumentar cambios en legislaciones locales y políticas públicas en empleo, educación inclusiva o en el acceso al transporte público. Quienes realmente toman como propia la Convención son las personas con discapacidad. Los funcionarios aún la desconocen o no la han incorporado en sus programas.

–¿Cuál es la situación argentina en materia de inclusión laboral?

–Argentina tiene, desde antes de la Convención, una legislación avanzada de inclusión laboral (la Ley Nacional 22.431) que ordena a los organismos de administración pública y las empresas contratadas por el Estado a contar con personas con discapacidad en el cuatro por ciento de su personal y en un cinco por ciento en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Esta legislación difícilmente se cumple a nivel nacional. Y en el caso de la ciudad, la gestión de Mauricio Macri no la aplica y pretende sacar una ley que anule el cupo laboral.

–¿Qué ocurre en la inclusión escolar?

–Las personas con discapacidad no son todas iguales. Un chico que usa silla de ruedas lo único que necesita es que la escuela tenga accesibilidad para llegar al aula y al baño, no necesita elementos pedagógicos diferentes a los demás. Un niño sordo o ciego necesita que la transmisión de conocimientos tenga en cuenta sus limitaciones. Las escuelas especiales deben existir para otro tipo de discapacidades pero no para crear ghetos. Pero el caso de un chico que vaya a una escuela especial porque la escuela pública o privada no tiene una rampa es inadmisible.

–Las barreras arquitectónicas parecen ser el problema de más fácil resolución, y sin embargo ¿persiste?

–Es sencillo pero hay que tener voluntad política de introducir los cambios. Hay avances, cada vez hay más rampas y mejor construidas, pero están en los barrios de clase media alta o alta, no se ven en los barrios pobres. Las soluciones inclusivas discriminan por clase social.

Informe: Nahuel Lag.