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Ni las grandes manifestaciones populares ni las demandas presentadas ante organismos internacionales parecen afectar la decisión del gobierno uruguayo de seguir adelante con la construcción de las dos plantas papeleras en las costas del río Uruguay. A pesar de las reiteradas quejas de los vecinos de Entre Ríos y los estados provincial y nacional por los daños al medio ambiente que provocarían esas industrias, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que en febrero próximo estará presente en el acto de colocación de la piedra fundamental de los tan cuestionados emprendimientos. Los vecinos reunidos en la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dicen que el anuncio “no hace más que recalentar los ánimos” y lo consideran “un acto de sordera”. Hasta ayer no hubo respuesta del gobierno argentino.
El tan ceremonioso acto de descubrir una piedra tapada con un paño dejará oficialmente inaugurada la construcción de la papelera de la empresa Botnia, en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, separada de Entre Ríos por el río Uruguay. Así lo afirmó Tabaré durante un viaje por Alemania.
A la instalación de las plantas se oponen tanto los vecinos de Gualeguaychú –que serían perjudicados por la contaminación–, como el Estado nacional y el gobierno de Entre Ríos. Además de presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Banco Mundial, uno de los proveedores de financiamiento para el proyecto, hubo repetidas manifestaciones populares en contra de las papeleras. El 30 de abril pasado unas 40 mil personas cortaron el puente que lleva a Fray Bentos para demostrar su descontento. Desde entonces se han sucedido protestas masivas contra el proyecto.
Para la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, la piedra fundamental no lo será tanto. “La planta de Botnia ya tiene hecho el puerto y están listas las obras de nivelación del suelo”, indicó a Página/12 Horacio Mello, integrante de la asamblea y representante de los vecinos ante la Comisión Binacional, encargada de analizar el emplazamiento de las papeleras.
Los dichos de Tabaré “caen muy mal aquí, nos ponen muy nerviosos y no hacen más que recalentar los ánimos. Es un acto de sordera. Demuestra el autismo del gobierno uruguayo y que no le importa lo que nosotros pensamos, que somos los que vamos a pagar el impacto ambiental”, señaló.
Según Mello, la desconsideración del gobierno oriental proviene de que “que piensan que somos un movimiento electoralista”. El paso de las elecciones del domingo podría traer novedades para los entrerrianos, ya que la Cancillería les prometió implementar nuevas acciones para entonces, de modo de convencer a los uruguayos de que no se trata de simple oportunismo.
El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, presentó sendas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ombudsman del Banco Mundial, para que no financie las obras. Juan Carlos Vega, asesor en esas presentaciones, confía en la evolución de la vía jurídica. “Ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer jurídicamente”, afirmó a este diario. “Lo que hace Tabaré es posicionarse políticamente para defenderse ante las demandas”, interpretó. Uruguay tiene tiempo para responder a la entidad de crédito hasta dentro de una semana, y en unos 80 días el organismo tomaría una decisión en base a la auditoría que realizó para evaluar el impacto ambiental derivado del proceso productivo de las plantas.
El informe final de la Comisión Binacional se conocerá el 3 de diciembre próximo, pero “ellos (el Estado uruguayo) no lo consideran vinculante”, dijo Mello.
Los pobladores de Entre Ríos aún confían en que se de marcha atrás con el proyecto, que podría poner en peligro su medio ambiente. Para el 30 de octubre planean una regata de reclamo en el río y aseguran: “Vamos a seguir protestando”.

Informe: Lucas Livchits.