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El ex ministro de Justicia Elías Jassan esgrimió que su abogado estaba de viaje. El ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez dijo que quería revisar los originales de sus declaraciones juradas. El ex ministro de Trabajo Armando Caro Figueroa pidió tiempo para estudiar mejor la documentación. Con una u otra justificación, los principales personajes involucrados en la causa de los sobresueldos que esta semana tenían que declarar como sospechosos, lograron que el juez Jorge Ballestero postergue sus interrogatorios. El expediente está ahora en una suerte de meseta.
La causa acerca del pago de sobresueldos, una práctica instalada por el gobierno menemista, comenzó a mediados de 2004. Decenas de funcionarios están bajo la lupa pero hasta ahora sólo dos fueron procesados en julio. Uno de ellos es el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, quien reconoció haber recibido 800 mil pesos en extras en negro. El otro es Rodolfo Aiello, un ex secretario de la Jefatura de Gabinete señalado como pagador. Se los acusó de peculado, un delito que prevé hasta diez años de cárcel.
Ballestero había programado, para septiembre y octubre, una larga lista de indagatorias a ex funcionarios. Casi todos habían reconocido los sobresueldos en sus declaraciones juradas invocando la ley secreta 18.302 de fondos reservados. La mayoría pidió prórroga y la consiguió. Jassan ahora tiene cita para el 31 de octubre, Caro Figueroa para el 2 de noviembre y Rodríguez para mitad de ese mes. También lograron posponer su visita a tribunales el ex interventor del PAMI, Alejandro Bramer Marcovic, una ex subsecretaria del ministerio del Interior, Liliana Gurdulich, el ex director del Banco Nación, Horacio Pericoli y Félix Cirio, ex segundo de Felipe Solá en la Secretaría de Agricultura.
Desde hace algunas semanas la causa dejó de estar a cargo del fiscal Paulo Starc, quien pidió el pase a Tres de Febrero cuando su par Gerardo Pollicita asumió como titular de la fiscalía donde él era adjunto. Pollicita analiza llamar a indagatoria a algunos ex funcionarios que al hablar como testigos reconocieron el cobro de sobresueldos. Uno fue el caso de María Julia Alsogaray, cuya declaración dio un sacudón al expediente. También estaría descartando algunas líneas de análisis de su antecesor como, por ejemplo, si los sobresueldos pagados bajo la forma de gastos protocolares implicaron o no la existencia de delito.
Dos imputados claves que vienen esquivando la indagatoria hace tiempo son los ex ministros Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo. Ambos presentaron cuestionamientos que aún no resolvió la Cámara. El testimonio de un ex secretario de Granillo, Roberto Martínez Medina, quien dijo que su jefe cobraba 50 mil pesos por mes en negro, fue el disparador de esta pesquisa.