SOCIEDAD › EN SU ALEGATO, LA DEFENSA PIDIO LA ABSOLUCION DEL VIUDO Y CARGO CON FUERZA CONTRA EL FISCAL

“Si condenan a Carrascosa, el crimen queda impune”

Durante seis horas y media, los abogados del imputado reclamaron la nulidad de la acusación y dijeron que el fiscal tuvo una conducta “antijurídica”. Cargaron contra Pachelo, pero no pidieron al tribunal que ordene investigarlo. También acusaron a la prensa.

 Por Horacio Cecchi

La defensa de Carrascosa pidió ayer la absolución de su cliente y la nulidad de la acusación presentada por el fiscal Diego Molina Pico. El alegato fue extensísimo, demandó seis horas y media, y tuvo un alto contenido político. El abogado Alberto Cafetzoglus describió la acusación del fiscal como “ridícula” y “poco seria”, pidió su nulidad; dijo que había incurrido en “una grave conducta antijurídica”, mencionó que sigue abierta la posibilidad de iniciarle un juicio político aunque formalmente no levantó cargos en su contra; puso la lupa sobre los robos de los vigiladores; cargó contra Pachelo, a quien curiosamente no acusó formalmente y sobre quien se expresó en modo condicional, y pidió el procesamiento de varios testigos, entre ellos Biasi. También cargó contra la prensa, a la que acusó de realizar una “campaña mediática que puede pesar en la libertad de opinión de los jueces”. En siete oportunidades adhirió a la postura de la querella. Y sorprendió a la sala cuando intentó ironizar con escasa fortuna: “Si (Carrascosa) fuera mafioso hubiera tenido todo el tiempo para poner el cuerpo de su mujer en una bolsa, colocarla en su camioneta y tirarla de noche en un río con un peso”. Su colega, Hernán Ferrari, cerró el alegato diciendo a los jueces que “si Carrascosa es condenado, el crimen quedará impune”.

La sala estaba a pleno. Incluso, debieron agregarse butacas. Entre el público se encontraba, por primera vez, la madre de MM, Luz María Blanca Galup Lanús de Hurtig, acompañada por María Laura e Irene Hurtig. La audiencia comenzó a las 10.45. Durante diez minutos, Cafetzoglus desarrolló la idea de la razonabilidad de las pruebas, del sentido común que debe primar, recordó que la duda siempre favorece al acusado, que el fiscal debe velar por la legalidad del proceso y sostuvo que en la investigación debe primar el principio de inversión de la prueba, que sostiene que no es el acusado el que debe demostrar su inocencia sino el fiscal el que debe demostrar la culpabilidad del acusado. “Ninguno de estos principios aparecen en la acusación del fiscal”, dijo.

Prácticamente toda la primera parte fue dedicada a golpear al alegato de Molina Pico por lo “irrazonable, arbitrario, por no decir ridículo”. “Si había una conjunción de asesinos siniestros y necesitaban tiempo, qué sentido tiene que hayan dejado pasar a la masajista y llamado a las ambulancias. ¿Qué clase de mafiosos son? Mafiosos de cuarta”, dijo.

También hizo referencia al que llamó “el mito de la seguridad en los countries hasta el 2002. Hasta ese momento, los que vivimos en un country creíamos que eran lugares seguros. Ahora lo tenemos al ministro de Seguridad (Arslanian) diciendo que la seguridad en los countries es un problema privado de los countries. El Estado no puede resignar su obligación respecto del poder de policía y la seguridad. Y dentro de ese marco del mito de la seguridad, quién puede pensar que a su mujer le han pegado seis tiros en la cabeza”.

Defendió la actuación del médico Gauvry Gordon y pidió el procesamiento de Biasi por encubrimiento al no realizar la denuncia que declaró haber realizado. “Llama la atención el trato diferencial del fiscal. A Gauvry Gordon, que al menos miró en el baño (si la hipótesis que le daba la familia se correspondía con el escenario), lo imputó por encubrimiento y a Biasi, que no hizo nada y vino acá y describió un cuadro dantesco, no lo imputó de nada.”

“Si hubiese sido juez, Molina Pico hubiera incurrido en prevaricato, pero al no ser juez, el fiscal ha incurrido en una grave conducta antijurídica, que puede ir desde el incumplimiento de funcionario público hasta el mal desempeño”. Incluso, Cafetzoglus deslizó la posibilidad de que durante el velorio Bártoli, Horacio García Belsunce o Romero Victorica le hubieran confiado las dudas de John y el descubrimiento del pituto.

Dijo que “de qué encubrimiento me hablan si llamaron cuatro veces a la autoridad”. Y sostuvo que el origen del problema es que en el mismo velorio el fiscal “lo que tendría que haber hecho, porque se lo exige la ley, es enviar el cadáver a la morgue de San Fernando, acordonar el lugar, llamar de inmediato a la policía científica y decir que se hiciera el velorio en otra parte”.

Respecto del pituto dijo que no se había hablado de bala sino de “casquillo, que no es una bala, es la cápsula de una bala”. También recordó el interés de John por encontrar el pituto. “¿Esa es la actitud de los mafiosos encubridores?”, se preguntó. También recordó que el fiscal no explicó con claridad, precisión y detalle en que consistió la autoría de Carrascosa. Sostuvo también que el móvil es fundamental y no está explicado.

Tuvo un lapsus poco feliz cuando dijo que el fiscal vinculó a la hermana de Pichi Taylor, indagada en relación al Cartel de Juárez, con la muerte de MM con “esa metodología chapucera que suelen usar los servicios de Inteligencia, como cuando durante el Proceso se allanaba la casa de un periodista, perdón, de un terrorista, y le secuestraban la agenda y acusaban a todos los que figuraban en ella, plomeros, prostitutas, todos”.

Hernán Ferrari sostuvo que el fiscal no había considerado una llamada a las 19.12 desde la casa del médico Zancolli. Esa llamada, que no tiene fijado el destinatario, para la defensa es la llamada de la hija del médico Zancolli a su padre, luego de que Irene llegara corriendo a su casa a pedir ayuda. Para la defensa, eso indica que Irene no estaba en la casa en la llamada de Carrascosa (aunque la llamada de éste fue cinco minutos antes) a la ambulancia.

Finalmente, la defensa pidió el procesamiento de cuatro testigos: de Biasi por encubrimiento, porque tenía la obligación de hacer la denuncia; de Oscar Sierco, gerente de la Casa Sierra, por comprometer a la familia por el certificado de defunción; del funebrero Roberto Di Feo por mentir al decir que MM estaba maquillada, y del gerente de seguridad de Carmel, Julio Terán, por mentir al decir que los vigiladores eran revisados de armas al entrar a trabajar.

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La hermana y la madre de María Marta fueron a la audiencia y escucharon parte del alegato.
 
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