13:31 › CONFLICTO BILATERAL

La reina y la autodeterminación

Durante el "Discurso del Trono", en el que la Corona presenta en la Cámara de los Lores su programa para el año legislativo, Isabel II se refirió por primera vez en diez años a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y sostuvo, haciéndolo extensivo a la disputa con España por el peñón de Gibraltar, que su gobierno "garantizará el derecho" de los habitantes "a determinar su futuro político". De esta manera, pasó por alto el desconocimiento por parte de Naciones Unidas de los referéndums realizados por los británicos en ambos territorios.

"Mi gobierno garantizará la seguridad, buena gobernanza y el desarrollo de los territorios de ultramar, incluyendo la protección del derecho de los Malvinenses (Falkland Islanders en el original) y de los gibraltareños (Gibraltarians en el original) a determinar su futuro político", fueron las palabras de Isabel II ante los representantes británicos.

La máxima autoridad de Inglaterra se refirió al conflicto bilateral con Argentina y España casi dos meses después del referéndum realizado en las Malvinas según el cual el 99,8 por ciento de los habitantes votó a favor de mantener el estatus de territorio británico de ultramar, consulta que la Argentina desconoció por tratarse de "población implantada" cuya opinión "no puede afectar la integralidad del territorio de un Estado soberano".

Días atrás, el canciller Héctor Timerman criticó a Londres porque "hace caso omiso a las resoluciones de la ONU", y recordó que el organismo con sede en Nueva York "castigó a Gran Bretaña en 1967 por realizar un referéndum en Gibraltar" con el mismo propósito del organizado en marzo último en las Malvinas.

La Casa Rosada, en consonancia con más de 40 resoluciones de las Naciones Unidas, insta a Gran Bretaña a dialogar sobre la soberanía insular, propuesta que Londres condiciona a que se haga con la presencia de isleños. En el caso de Gibraltar, Madrid reclama también la soberanía de ese territorio, donde la presencia británica se remonta a 1713, tras el Tratado de Utrecht.

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Naciones Unidas sancionó a Gran Bretaña en 1967 por realizar un referéndum en Gibraltar.
 
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