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Los accionistas privados de Aerolíneas Argentinas apuran la estrategia para resistir la expropiación por vía judicial y recuperar el manejo de los fondos de la empresa. En fuentes oficiales aseguran que el proyecto que dispone el cambio de manos de la línea de bandera y de Austral, por razones de interés público, ingresará el lunes próximo al Congreso, se tratará el miércoles en comisión y una semana después se estará votando en el recinto.

Ayer Marsans presentó un recurso jerárquico ante el Ministerio de Planificación reclamando que se nombre un tercer tasador de las compañías, invocando el acta-acuerdo que se firmó con el Estado: una formalidad para agotar la discusión en instancia administrativa. Planean recuperar para sí el manejo de la caja empresaria, que entre la facturación propia y el aporte del Estado se nutre con 80 millones de dólares todos los meses.

Marsans se muestra dispuesta a dar batalla contra el proyecto de expropiación que los legisladores ultimaron expeditivamente, luego de que la Bicameral dictaminara el martes hacerlo. “Están tejiendo un poncho para cubrir a Ricardo Jaime y Julio De Vido de sus responsabilidades por el incumplimiento del acta-acuerdo”, se quejaba ayer Jorge Molina, vocero del grupo español, que aspira a colocarlo en el lugar del actual gerente general de Aerolíneas, Julio Alak, en el comando real de la privatizada.

Marsans no pudo imponer, hasta ahora, la decisión de marginar al gerente designado por el Estado, recortando sus potestades administrativas. Pero esta maniobra sólo quedó pospuesta para el martes próximo: ya se incluyó en el orden del día de la reunión de directorio un punto que permitirá a Molina –director por los españoles y nuevo subgerente general– ser el cofirmante de todas las decisiones que tome Alak o, eventualmente, el único que pueda tomarlas.

Este cambio resulta muy perturbador. En las oficinas públicas hay temor de que esas facultades plenas sobre la caja empresaria –que se engruesa con 50 millones de dólares de facturación propia y otros 30 de auxilio estatal– habilite giros a cuentas españolas. Desde el punto de vista formal es difícil evitarlo. La cuestión es si el Estado aceptará que Alak se transforme en una especie de soberano que reina pero no gobierna o acelera la expropiación.

El Gobierno quiere evitar este recurso de última instancia, al que podría acudir por vía judicial o administrativa (resolución o decreto). Pero cualquier maniobra que coarte la posibilidad de manejar la caja empresaria, en gran medida alimentada por los aportes públicos, puede precipitar la medida.

Según Marsans, está todo listo para iniciar el trámite ante el Ciadi. Los españoles podrían invocar que el Gobierno no tomó en tiempo y forma las medidas prometidas con la emergencia aerocomercial hace unos años, lo que habría precipitado la debacle de Aerolíneas y Austral. Pero los argumentos contra el Estado argentino podrían resultar más contundentes si, efectivamente, se dispusiera la intervención o la expropiación.

En esta coyuntura, el soporte argumental más consistente es que el Gobierno no respeta el acta-acuerdo firmada en julio, en la que se contempla la designación de un tercer tasador para dirimir diferencias en las cotizaciones. Las hubo. Y la brecha es imposible de cerrar. Pero el Gobierno ya resolvió atenerse a lo que haga el Congreso, cuya acción está en consonancia con lo que necesita el Poder Ejecutivo. La ley de expropiación será sancionada como una iniciativa parlamentaria, después de haber cumplido con todas las formalidades del caso.

Aquella acta, la misma que creó un comité de transición mixto bajo el mando de Alak, fue aludida por una fuente del gobierno español, en declaraciones off the record que reprodujo la agencia AFP. “El Gobierno espera que ese acuerdo se cumpla y se encuentre una solución satisfactoria para las dos partes”, señaló la fuente, en alusión a aquel documento rubricado localmente por Julio De Vido y Ricardo Jaime. “Como siempre, el Gobierno velará por la seguridad y los intereses de sus empresas”, habría señalado el mismo vocero del gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero.

En Planificación, ayer negaban que hubiese habido alguna gestión formal para realizar un reclamo de esa naturaleza de parte del gobierno español y sólo repiten como una letanía que “se hará lo que indique el Congreso”.