EL PAíS › POLéMICA POR EL úLTIMO INFORME DE LA AUDITORíA SOBRE TBA

Cuestión de cuándo aprobarlo

El presidente del organismo, el radical Leandro Despouy, pretendía que el trabajo sobre el funcionamiento de los trenes del Sarmiento y el Mitre durante 2009 y 2010 fuera aprobado ayer. El peronista Vicente Brusca se opuso. Los auditores volverán a reunirse mañana.

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, y el auditor Vicente Brusca se cruzaron ayer en la sesión de ese organismo de control en la que se trató el tercer informe sobre el funcionamiento de la empresa TBA, en el que se relevan datos de los años 2009 y 2010. Mientras que los tres representantes de la oposición –Despouy, Alejandro Nieva, y Horacio Pernasetti– quisieron aprobar el informe, los cuatro oficialistas –Oscar Lamberto, Vicente Brusca, Francisco Javier Fernández y Vilma Castillo– pidieron más tiempo.

“Se va a poder tratar con total responsabilidad el viernes. El 90 por ciento de los informes de Auditoría los aprobamos por unanimidad. Somos gente de bien que no queremos que estas cosas se repitan”, aseguró Brusca, y advirtió que las intenciones de Despouy de aprobar el informe responden a que “está amenazado y eso lo hace desviarse de la conducta que habitualmente tiene”. Despouy recogió el guante: “Nosotros no decimos que ellos lo hagan para proteger a la empresa ni que tengan intenciones ocultas. Respetamos su decisión”, dijo, y advirtió sobre el valor que el informe puede tener para el Poder Ejecutivo: “Muchas decisiones de Néstor Kirchner se tomaron en base a informes de la Auditoría”, aseveró.

La reunión fue tensa. Ante la propuesta de los auditores oficialistas de postergar la aprobación una semana, Despouy respondió que eso no era posible y propuso llamar a un cuarto intermedio para forzar su aprobación ayer mismo. Ante la negativa de sus colegas, acordaron volver a reunirse el viernes a las 9. “La rapidez no es signo de eficacia, es símbolo de irresponsabilidad, y no voy a avalar con mis acciones eso”, explicó Castillo su posición de no aprobar el informe. “Espero que mi autoridad sea respetada”, le contestó el presidente. “Nos comprometimos ante el país con que hoy entregaríamos y aprobaríamos el informe”, agregó.

La respuesta de Brusca apuntó a la salida de Despouy de la Auditoría: “No veo por qué esta insistencia”, dijo el peronista. “No quiero pensar –agregó– que existan intenciones de carácter político o que el presidente está cuestionado en el Comité Radical y que está defendiendo su cargo con este informe.”

“Las especulaciones sobre mi permanencia en la Auditoría no son nuevas. Los intentos de golpe de Estado se enfrentan ante una realidad que termina fortaleciéndonos”, le contestó Despouy, frente a lo cual Brusca señaló que el pedido de un plazo un poco más largo para revisar el informe no se trató de un “intento de golpe”, sino de un “problema técnico”.

A pesar de las diferencias en la reunión, los dos auditores buscaron bajarle los decibeles al conflicto. “En lugar de tratarlo hoy (por ayer), lo tratamos el viernes. Ya hemos hecho dos informes con las observaciones pertinentes a los años anteriores, y éste contiene información sobre los antecedentes del accidente”, explicó Brusca. Aunque se mostró relajado en relación con la discusión, volvió a señalar la posición supuestamente débil de Despouy: “Barletta (el presidente de la UCR) lo quiere echar y por eso quiere sacar informes sin darle un tiempo razonable. El informe final tiene 145 páginas”, explicó. “Cualquier funcionario tiene que tomar con responsabilidad la tarea. Las urgencias políticas no tienen por qué trasladarse a un trabajo técnico de auditoría”, agregó.

Consultado sobre por qué los auditores radicales querían aprobar el informe, Despouy respondió: “Nuestro propósito sólo ha sido estar a la altura de las exigencias del momento”. Agregó que la información recabada “es importante no sólo para la Justicia, sino también para el Ejecutivo, para definir el destino futuro de la concesión”, ya que, según aseguró, en el 2008 “ya había motivos” para rescindirla. El auditor señaló que tanto la estatización de Correo Argentino, como el control del espacio radioeléctrico y la intervención del PAMI fueron decisiones tomadas por el Gobierno valiéndose de la información provista por la Auditoría.

Una vez aprobado, el informe será enviado al juez Claudio Bonadío, quien investiga las causas de la tragedia de Once.

Informe: Sol Prieto.

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El radical Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación.
Imagen: Télam
 
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