Ante la frustración judicial del Fondo del Bicentenario, el oficialismo mantuvo la misma propuesta aunque con más precisiones con el objetivo de sortear algunos de los cuestionamientos realizados por el arco opositor. El Fondo para el Desendeudamiento Argentino plantea la utilización de 4382 millones de dólares provenientes de las reservas del Banco Central para cancelar las obligaciones de este año con el sector privado y especifica los usos que le dará. Los fondos para pagar los vencimientos con organismos internacionales, BID y Banco Mundial, también provienen de los dólares de la autoridad monetaria pero están contemplados en otro decreto. La iniciativa del Gobierno incrementa la disponibilidad de recursos corrientes para realizar una política fiscal expansiva.

En el oficialismo aseguran que, de no realizarse el pago con reservas internacionales, existen dos alternativas: realizar un ajuste fiscal con sus consecuencias contractivas sobre el nivel de actividad, o tomar nueva deuda en el mercado internacional a tasas que superarían el 15 por ciento. En el Gobierno sostienen que el pago de la deuda con reservas significa un uso eficiente de esos recursos. Argumentan que se utilizan los excedentes del Banco Central –las reservas de libre disponibilidad–, por los que se reciben bajos intereses, menos del 0,5 por ciento anual, para cancelar deudas a tasas altas.

Ante la dificultad/imposibilidad para recurrir a otras fuentes de financiamiento que utilizó en el pasado y con los mecanismos tradicionales (emisión y endeudamiento) restringidos, el Gobierno pretende utilizar el 13,5 por ciento de las reservas. La noción de “reservas de libre disponibilidad” que limita la posibilidad de disponer de esos recursos es una rémora de la ley de convertibilidad. El nivel “óptimo” de reservas en la actualidad no está condicionado por ninguna regla monetaria. Más bien, el elevado nivel de reservas –por encima de los 47 mil millones de dólares– es una consecuencia de la política macroeconómica y cambiaria vigente desde 2003. La utilización de una porción de los recursos del Banco Central no limita el poder de fuego de la autoridad monetaria para desactivar las presiones sobre el tipo de cambio y/o ataques especulativos sobre la moneda.

A cambio de los 6569 millones de dólares provenientes de las arcas de la autoridad monetaria, el Tesoro emitirá letras a diez años. Esos papeles devengarán semestralmente una tasa de interés igual a la que otorguen las reservas en ese período. La amortización se paga al vencimiento.

Con esta forma de cancelación de deuda el Estado puede disponer de una masa de recursos corrientes para realizar política fiscal expansiva, o a lo sumo mantener el nivel de gasto público. La utilización de las reservas permite realizarlo en un escenario donde se contraen los ingresos producto de la crisis financiera internacional y otras cuestiones vernáculas como la fuerte sequía registrada el año pasado.

El Gobierno señala, además, que el pago de la deuda con reservas permitirá reducir el costo de las futuras colocaciones en el mercado internacional. En ese sentido, remarcan que los anuncios del Fobi y el Fondea impulsaron la cotización de los títulos públicos y una reducción en el riesgo país.

Ante la nueva medida cautelar, la presidenta Cristina Fernández aseguró que los vencimientos continuarán pagándose con reservas. Desde la oposición cuestionan el uso que tendrá esa masa de recursos del presupuesto liberados (el Gobierno no lo especificó), y sostienen que acelerará la evolución de la inflación en un escenario donde, producto de la crisis, se erosiona el frente fiscal.