En Proyecto Sur están de acuerdo con la utilización de reservas, pero pretenden destinarlas a otro fin. Desde su perspectiva, los recursos para pagar la deuda pueden salir del presupuesto nacional a partir de la suba de impuestos a grandes empresas y reducción de subsidios. Además, plantean llevar adelante un refinanciamiento de la deuda pública en manos de las entidades financieras locales. Con ello, aseguran que los compromisos pueden afrontarse y en paralelo mantener el gasto en materia social, infraestructura, salarios, entre otros. Con las reservas excedentes, crear un fondo para el desarrollo. Evalúan que no habría impacto en los precios ni apreciación cambiaria, algo que sin medidas adicionales podría ser difícil de lograr. Al avalar la utilización de reservas, la diferencia con el oficialismo parece pasar por los cambios que proponen en la estructura tributaria.

Encuentran dos opciones para, de forma inmediata, mejorar las cuentas fiscales. Por un lado, la restitución de las contribuciones patronales a los niveles de 1993, exceptuando a las pymes. A su entender, esto permitiría que el sistema previsional recaude 15 mil millones de pesos adicionales, masa de recursos que se liberarían de los gastos corrientes gubernamentales. Además, indican que el Estado podría dejar de destinar unos 17 mil millones de pesos reduciendo la política de subsidios a grandes empresas exportadoras, mineras y de transporte.

En tercer lugar, buscan que el año que viene se replantee el esquema impositivo, eliminando exenciones que existen en materia de ganancias, IVA, combustibles y otros regímenes de promoción económica, además de gravar la renta financiera. A partir de ello, aseguran que podrían recaudar adicionalmente unos 11 mil millones de pesos que hoy se llevan petroleras, mineras y exportadoras.

El plan no indica qué consecuencias podrían tener estas medidas sobre los precios, dado que las grandes empresas a las que se afectará son los más poderosos formadores de precios. Sin un control adicional, posiblemente estos conglomerados se lo “cobren” a los consumidores. Tampoco mencionan el impacto distributivo que podría acarrear la baja en los subsidios a servicios como el transporte ante el incremento en las tarifas. Ni cómo afectaría a las negociaciones paritarias una imposición de mayor carga de aportes sobre los salarios que pagan los principales conglomerados empresarios.

Sin embargo, admiten que igualmente aplicando estas medidas se necesitaría financiamiento, para lo cual pretenden “replantear el vínculo con el sistema financiero local”, el cual es acreedor de buena parte de los Boden y los préstamos garantizados. Proponen postergar vencimientos, reemplazando esa deuda con Letras del Tesoro.

El resultado final, indican, es que la necesidad de reservas cae a 2 mil millones, cuyo uso para afrontar compromisos avalan. El resto de las reservas de libre disponibilidad pretenden usarlas para confeccionar un fondo para el desarrollo, para la recuperación de los ferrocarriles y la modernización productiva.

Teniendo en cuenta que coinciden en el uso de reservas, la diferencia con la propuesta del oficialismo es en el plano fiscal, en donde plantean una reforma. Por su parte, el Gobierno pretende que los dólares en el Central se utilicen directamente para afrontar vencimientos. Proyecto Sur busca pagarlos con recursos adicionales generados internamente y las divisas aplicarlas para el estímulo a la producción, para lo cual deberían utilizar pesos; una operatoria que además podría generar tensiones hacia la apreciación del peso.

Algunos especialistas remarcan que la estrategia puede ser ineficiente, puesto que se busca afrontar compromisos en pesos –fondo de desarrollo– mediante el uso de reservas y deuda en dólares con moneda local, a partir del alza recaudatoria. A su vez, se cuestionan que el proyecto de desarrollo dependa del volátil flujo de dólares antes que de recursos corrientes nominados en pesos.