EL PAIS

AUH y algo más

 Por Mario Wainfeld

El aumento a 340 pesos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) llega cuando ésta va a cumplir tres años de vigencia, regularidad que incide en su valoración e impacto. Según los datos oficiales disponibles a julio son titulares del derecho 3.350.375 menores, distribuidos en 1.831.679 hogares. La media, pues, ronda los dos pibes por núcleo familiar aunque el mayor subgrupo, el 48 por ciento, recibe la AUH para un hijo.

El sociólogo Daniel Arroyo (quien fuera viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ministro de similar cartera en la provincia de Buenos Aires) destacó dos virtudes cardinales de la AUH en Le Monde Diplomatique. Explicó que “es la inversión social más grande, en términos relativos, de América latina (...) y el primer modelo de política social que busca equiparar los derechos de los hijos de trabajadores formales con los de los informales”. La ambición, formidable y no redondeada hasta ahora, es que todos los hijos de trabajadores perciban (por alguna vía) esa cobertura.

La estabilidad, manejada por sabiduría por las jefas (mayoría enorme) o jefes de hogar, mejora la economía doméstica. Es habitual y a la vez necesario remarcar las repercusiones en los niveles de escolaridad, menú cotidiano en las casas o las escuelas, compra de útiles escolares, ropa o bienes necesarios para el hogar. En términos macroeconómicos se activa el consumo a nivel local. La indigencia se reduce sensiblemente.

Ese cuadro estimulante puede (y debe) ser mejorado, para ser plenamente equitativo e inclusivo. La reglamentación vigente “deja afuera” a un relevante número de quienes deberían ser beneficiarios. Se trata de hijos del núcleo que Arroyo pinta como “sectores vulnerables vinculados al trabajo informal, sea por trabajo no registrado o –como sucede en la mayoría de los casos– por desarrollar actividades cuentapropistas (gasistas, plomeros, carpinteros etc.)”. Los laburantes informales solo puede reclamar la AUH si perciben el salario mínimo vital y móvil (SMVM). Se trata de una condicionalidad injusta que los pone en desventaja respecto de sus compañeros de clase formalizados, aumentando la brecha entre ellos. Deberían percibirla todos, tout court.

En cuanto a los cuentapropistas casi todos se inscriben como monotributistas, en parte para tener coberturas sociales y en buena medida para poder moverse en el mercado, otorgando facturas.

“Paran la olla”, en general, aunque con intermitencias. Todo modo, son trabajadores al fin y sus hijos deberían estar cubiertos por la misma tutela que otros pibes. En el Gobierno se recela mucho del mundo de los monotributistas en el que, afirman con lógica costumbrista, suelen camuflarse profesionales que ganan bien pero disponen de muchas posibilidades de evadir o subfacturar. Ese argumento es injustificable desde quien tiene el deber de combatir la evasión. Y permite que se incurra en “errores de exclusión”, que así se llama en jerga al vicio de desamparar a quien debería ser titular de un derecho social. Ese tipo de falla, contra lo que parecen creer ciertos funcionarios, es más grave en políticas sociales que el “error de inclusión” que es pagar a quien no lo merece. En el segundo caso hay un costo fiscal y a veces mala fe del administrado. En el primero hay desamparo e injusticia social, de ahí la diferente valoración.

Lo que razonablemente debería hacer el Estado sería afinar la mira sobre los monotributistas, detectar irregularidades o demasías, depurar el padrón. Y ampliar la cobertura en forma progresiva al conjunto de los monotributistas, lo que podría empezarse lo más pronto posible por la categoría más baja donde, todo lo indica, hay muchos más necesitados que avivados.

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Este cronista opina que la AUH, establecida por decreto, debería mejorar su institucionalidad: reconocerse por ley. La mayoría oficialista en el Congreso propicia ese salto de calidad, que sustentaría la medida. Militantes kirchneristas, partidarios de la reforma constitucional, mocionan entre otros ejemplos que la AUH debería ser un derecho consagrado por la Carta Magna. Sin entrar a ese debate y reconociendo la densidad del derecho, elevarlo a ley parece interesante y congruente.

La previsibilidad y calidad de la AUH ganaría también si la nueva normativa incluyera aumentos semestrales por coeficiente como tienen las jubilaciones y se supone tendrán las indemnizaciones tarifadas por accidentes de trabajo. Menor discrecionalidad, actualizaciones que aminoraran el peso de la inflación, cuya existencia reconoció tácitamente el Gobierno, si se lee bien la magnitud del aumento.

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La Presidenta anunció la suba de la AUH y dejó el de las asignaciones familiares contributivas para el día siguiente, en manos del titular de la Anses, Diego Bossio. El paquete presentado fue muy complejo, con contradicciones marcadas. Lo más destacable fue la suba del tope salarial para percibirlas, que amplió la base de beneficiarios. Y la intención, más verbalizada que concretada, de propender a una cobertura de “todos los chicos”. Algo que tiene flaquezas en la AUH y en las asignaciones contributivas también.

El esquema establecido significaba mermas y exclusiones para muchos hogares, lo que recibió críticas de la CTA conducida por Pablo Micheli y la CGT de Hugo Moyano. Tal como informó ayer Página/12, Bossio anunció el viernes que no habrá bajas en las asignaciones para ningún trabajador. Que la reglamentación de los decretos lo evitará.

Miradas a primera vista, las reformas tenían las virtudes antedichas y flancos decepcionantes. La corrección, que será ardua para reglamentar, es bienvenida en sesgo. Habrá que esperar a leerla en detalle para analizar el saldo de estas medidas.

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Se cerraron casi todas las paritarias, se fijó el nuevo SMVM, se conoce el último aumento anual de las jubilaciones... con el incremento de la AUH y las nuevas asignaciones familiares parece cerrarse el círculo de las medidas públicas referidas a ingresos para 2012. La suba del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias formó también parte de ese paquete, desde los albores del kirchnerismo, a excepción del 2009. La impresión dominante en el Gobierno es que no habrá suba antes de diciembre, más allá del justo reclamo de todas las centrales sindicales. Tal vez, más razonan que anticipan integrantes del gabinete, haya algún anuncio en diciembre pero recién para regir en 2013. De nuevo, habrá que ver.

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