SOCIEDAD › PIDEN LA INTERPELACION DEL MINISTRO PICCARDO POR LA ACTUACION DE LA UCEP

Contra la patota de Macri

Toda la oposición en la Legislatura se unió para pedir explicaciones al ministro de Espacio Público, en cuyo ámbito figura un grupo civil que realiza operativos violentos de desalojo en la vía pública, como publicó Página/12 el domingo.

 Por Pedro Lipcovich

Todos los bloques de la oposición en la Legislatura porteña solicitaron que Juan Pablo Piccardo, ministro de Espacio Público del gobierno de Macri, “brinde explicaciones” sobre la UCEP (Unidad de Control de Espacio Público, creada por la gestión actual) y sobre los últimos “desalojos administrativos” que efectuó el Gobierno de la Ciudad. El documento advierte que ese organismo “ha sido severamente cuestionado” ante la Defensoría del Pueblo por expulsiones violentas de personas en situación de calle, agresiones a cartoneros y en desalojos. La UCEP fue calificada por legisladores como “organismo parapolicial” propio de “épocas en que no existía la democracia”. Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad anunció las renuncias de los dos responsables de la UCEP y el traslado de este organismo a otro sector del mismo ministerio, pero sin cambiar sus funciones. La interpelación al ministro se fijó para el 25 de marzo a las 15.

El pedido de informes a Piccardo incluye las firmas de la diputada Liliana Parada (Igualdad Social), Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), Raúl Puy (Diálogo por Buenos Aires), Diego Kravetz (Frente para la Victoria), Gerardo Romagnoli (Autodeterminación y Libertad), Patricia Walsh (Nueva Izquierda), Julián D’Angelo (Partido Socialista), Gabriela Cerruti y otros, que comprenden todo el arco opositor. Advierten que “esta administración ha generado una política de ‘recuperación del espacio público’ mediante resolución administrativa” (sin orden judicial), y cita “el decreto 1232/08, por el cual se crea la UCEP, a fin de ‘mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión’. Esta Unidad ha sido severamente cuestionada, ante la Defensoría del Pueblo, por personas que fueron violentamente desalojadas”, tal como informó Página/12 en su nota de tapa del domingo pasado.

El documento añade la existencia de “una denuncia penal caratulada ‘Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas’”, y señala “la participación de la UCEP en el desalojo del edificio de Paseo Colón 1588”, el 27 de febrero pasado, cuando sus integrantes “habrían agredido físicamente y coaccionado a los ocupantes”: se citan los testimonios publicados por Página/12 el 28 de febrero y “videos en YouTube”.

Los legisladores también le preguntan al ministro “si tiene conocimiento de que el desalojo de familias en Paseo Colón 1588 se realizó en horario nocturno, pese a haber sido dispuesto en horario diurno” y “si tomó alguna medida con los responsables”. Respecto de Paseo Colón 1574, pregunta “si se autorizó a ingresar a miembros de la UCEP en horario nocturno y a requisar bienes de los ocupantes”.

La diputada Liliana Parada (Igualdad Social) señaló que “la ‘persuasión’ de la UCEP debe entenderse como: ‘Si no te vas, te rompemos los huesos’ y requirió “la disolución” de ese organismo. Raúl Puy (Diálogo por Buenos Aires) afirmó que “la UCEP nos hace volver a épocas en que la democracia no existía”. Julián D’Angelo definió a la UCEP como “un organismo parapolicial” y agregó que “el Gobierno de la Ciudad, luego de vetar la ley de Emergencia Habitacional, expulsa y reprime”. Facundo Di Filippo sostuvo que “la actual UCEP, sin llamarse así, empezó a actuar durante la gestión anterior, y en 2006 hubo denuncias de cartoneros golpeados”.

El pedido de informes recibió las adhesiones de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora) y de la hermana Martha Pelloni. A la reunión de los bloques opositores fueron invitados también varios de los desalojados. Carlos Quinteros –que vivía Paseo Colón 1574– denunció que “quedaron allí pertenencias de mis hijos adolescentes, que van al colegio y las necesitan; nosotros estamos en la calle”. Uno de los desalojados de Paseo Colón 1588 denunció que “tuvimos que irnos en dos horas y quedaron juguetes de las criaturas, un lavarropas y una heladera chiquita”; otra desalojada dijo que “teníamos una máquina de coser industrial, pero la devolvieron sin motor y cuando reclamamos dijeron que el motor era del Estado”.

Como el pedido de informes lleva más de 20 firmas, Diego Santilli, vicepresidente 1º de la Legislatura, queda obligado a convocar la sesión, el 25 de marzo a las 15. Pero todo dependerá de que los distintos bloques de oposición presenten sus legisladores hasta cubrir el quórum de 31. En tal caso, Piccardo estará obligado a acudir al recinto.

Ayer el gobierno porteño dio a conocer el decreto 145/09, por el cual “acéptanse las renuncias presentadas por Fabián Rodríguez Simón y Matías Lanusse” como administrador y coordinador de la UCEP, y “desígnase a Jorge Cristian Polini”, ex titular de la Dirección de Compras y Contrataciones (que fue desplazado por Macri de ese cargo en el marco de denuncias por irregularidades). La UCEP pasa a formar parte de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, dentro del mismo ministerio.

Verónica López Quesada, vocera del ministro, explicó que Rodríguez Simón “ya había renunciado en diciembre, por motivos personales, y se tomó un tiempo para ordenar cosas”; en cuanto a Lanusse, “pasa a otras funciones en el ministerio”. El pasaje de la UCEP a la Dirección General es “para que tengan una comunicación más fluida, ya que tienen funciones complementarias”.

La vocera de Piccardo sostuvo que “los que aparecen en los videos de YouTube no son gente de la UCEP sino policías de civil. La UCEP siempre tuvo el objetivo de desobstruir el espacio público de cosas como carteles, mesas o sillas: no de personas”.

–Pero sólo se puede “persuadir” a las personas, no a las cosas –observó Página/12.

–La UCEP persuade a la gente pero sólo puede retirar cosas –subrayó la vocera. En cuanto a las denuncias ante la Defensoría, afirmó que “hasta ahora no nos llegó nada”.

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Los grupos de la UCEP habrían participado en los desalojos administrativos de edificios ocupados.
 
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