EL PAIS › ACUERDO ENTRE SERGIO MASSA Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Más personal, menos polémica

El jefe de Gabinete y los miembros del máximo tribunal consensuaron la designación de 750 nuevos empleados que se repartirán entre todos los fueros. El Gobierno autorizará a tal fin la utilización de una partida de 36 millones de pesos.

 Por Laura Vales

En una reunión de poco más de media hora en el Palacio de Tribunales, el jefe de Gabinete Sergio Massa y los ministros de la Corte Suprema llegaron a un acuerdo para designar más personal en los juzgados. Originada en los reclamos por la demora en los juicios de derechos humanos, la medida está destinada a nombrar 750 nuevos empleados que se repartirán entre todos los fueros, no sólo los que llevan las causas por delitos de lesa humanidad. Para aumentar el personal el Gobierno autorizará una partida presupuestaria de 36 millones de pesos –de los cuales una parte se utilizará para informatizar la Justicia–, mientras que el Congreso deberá sancionar una ley de creación de los cargos.

Massa fue recibido por tres de los integrantes de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, en el Salón de Embajadores, donde hubo una ronda de café para discutir un número que conformara a todos; el máximo tribunal, en base a una ronda de consultas con los juzgados de todo el país, había hecho hace diez días un pedido un poco mayor, de 900 cargos.

En la conferencia de prensa en la que se anunció el acuerdo, el presidente de la Corte remarcó que el personal estará destinado no solamente a los juzgados federales, ya que “la celeridad es un tema de toda clase de juicios. Todos los ciudadanos tienen derecho a que su juicio se realice en un tiempo razonable”.

Lorenzetti evaluó que “con esto satisfacemos una de las necesidades, aunque acelerar los procesos es más complejo que crear estos cargos. Además, es necesario que el Consejo de la Magistratura trabaje en la designación de jueces. Para eso también los vamos a llamar”, señaló Lorenzetti.

Massa, que también participó de la conferencia de prensa, aclaró que la Corte nunca pidió 500 millones de pesos para 900 cargos, como publicaron algunos medios. “Si se necesitaran 500 millones para cubrir 900 cargos, cada una de estas personas cobraría más de 42.700 pesos por mes, lo cual no tiene nada que ver con la realidad de los salarios del personal que en los juzgados desarrolla todos los días tareas”, apuntó.

“Lo que es claro es que coincidimos con el presidente de la Corte en que no hay una dificultad presupuestaria, ya que lo que vamos a autorizar son gastos que están dentro del presupuesto votado por el Congreso en el Presupuesto 2009”.

Sobre el punto de la falta de jueces, en los tribunales estiman que hay cerca de 200 juzgados vacantes, es decir sin juez titular ni tampoco subrogante. Para la selección de nuevos magistrados, un proceso que está a cargo del Consejo de la Magistratura, se están haciendo concursos, pero éstos llegarían al 20 por ciento de las vacantes, apuntaban ayer en el edificio de Talcahuano.

Lorenzetti también recordó la responsabilidad del Consejo de la Magistratura –donde los representantes del Gobierno tienen fuerte peso– en la construcción de las salas de audiencia necesarias para realizar los juicios.

Consultado sobre la falta de voluntad de un sector del Poder Judicial para avanzar en el juzgamiento de los represores, el presidente de la Corte se limitó a decir que en caso de cuestionamiento existe el mecanismo del jury. Pero añadió que el máximo tribunal le pidió a los jueces que tienen causas de violaciones a los derechos humanos que informen sobre sus problemas y eleven un cronograma de los juicios orales. El acuerdo puso un final al cruce de acusaciones que el Gobierno y la Corte se hicieron por la demora en los procesos que se han acumulado en un cuello de botella por el que la mayoría de los casos estuvo en riesgo de quedar impune. La presidenta Cristina Kirchner había reclamado al máximo tribunal que tomara medidas para resolver el tema porque, sostuvo, el Ejecutivo ya había otorgado presupuesto y el Congreso había sancionado leyes para facilitar el avance de los juicios, por lo que, consideró, era “hora de que la Justicia diera respuestas”. Desde la Corte, Carmen Argibay le replicó que no era cierto que tuvieran presupuesto ya que éste les había sido recortado. “Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren a los jueces que no tenemos”, agregó, frontal. La ministra fue respaldada por sus colegas en la reunión de acuerdos del martes, quienes convocaron al jefe de Gabinete a la entrevista de ayer.

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Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Sergio Massa, al anunciar el acuerdo.
Imagen: Pablo Piovano
 
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