SOCIEDAD › ORDEN JUDICIAL CONTRA UNA MEDIDA DICTADA POR EL MINISTRO ESTEBAN BULLRICH

Dos grados con la fusión suspendida

La jueza Elena Liberatori se expidió en los casos de dos niños con problemas de aprendizaje y discapacidades. Educación hizo efectivo en mayo el cierre de 96 cursos. Hay otras cuatro demandas individuales en marcha.

 Por Eduardo Videla

La jueza porteña Elena Liberatori le ordenó ayer al Gobierno de la Ciudad que suspenda el cierre (o fusión) de cursos en los casos de un niño y una niña con dificultades de aprendizaje y con discapacidades, al hacer lugar a las medidas cautelares presentadas, en forma individual, por sus padres. La medida judicial se aplica sólo a los dos grados donde cursan los chicos, pero podría extenderse a los numerosos cursos donde estudian niños con discapacidades. En la Justicia porteña se tramitan otras cuatro presentaciones, todas ellas acompañadas por la defensora adjunta de la ciudad, Graciela Muñiz.

El Ministerio de Educación porteño había dictado dos resoluciones, una a fines de febrero, antes del inicio de las clases, que disponía el cierre (o integración) de 121 cursos en los niveles primario y secundario, y otra en abril –después de una serie de protestas de padres, docentes y estudiantes– en la que reducía el numero de cursos afectados a 96.

El sindicato UTE-Ctera, por un lado, y la defensora adjunta, por otro, presentaron sendos recursos de amparo contra la medida, que fueron rechazados por el juez Hugo Zuleta. Pero en su fallo, el magistrado dejó abierta la posibilidad de que pudieran presentarse casos individuales afectados por la reducción de cursos. Hasta ahora fueron seis los casos particulares que llegaron a la Justicia.

La medida judicial alcanza a dos cursos de segundo grado, uno en la Escuela No 12 Rodolfo Senet, del D.E. 10 y otro en la No 10 Manuel Lainez del D.E. 9. De acuerdo con lo dispuesto por la jueza, en ambos casos, los grados que habían sido fusionados deberán desdoblarse y volver a la situación anterior a la aplicación de la medida, que se hizo efectiva el 2 de mayo último.

Voceros del Ministerio de Educación respondieron que aún no fueron notificados, por lo cual no adelantaron si cumplirán con la medida o la apelarán. “Vamos a estudiar la decisión para tomar un camino de solución a estos casos puntuales, ya que es nuestro compromiso asegurar una educación de calidad a todos los alumnos de la ciudad.”

En el caso de la niña de la escuela Senet, dice la presentación que la niña “padece deficiencias intelectuales viscerales, discapacidad en la conducta y minusvalía en la integración social”, por lo cual, la fusión con otro curso “interrumpe en forma abrupta el proceso evolutivo de aprendizaje que venía desarrollando, dado que el menor número de alumnos así lo posibilitaba”. Refiere además que el grado disuelto contaba con una docente especializada en educación especial, mientras que el grado fusionado quedó a cargo de una maestra de educación básica.

En el caso de la Escuela Lainez, la demandante es la madre de un niño que padece “deficiencia intelectual, discapacidad en la conducta y minusvalía en la integración social”. Cursaba en un grado de nueve chicos y ahora está en uno de diecinueve. “Al efectivizarse la fusión se expone al menor a un inminente riesgo en cuanto a la evolución de su aprendizaje e integración social, precisamente el proceso en el cual actualmente se encuentra asistido”, dice la presentación.

En ambos casos, la jueza Liberatori concluyó que al tomar la decisión de fusionar cursos “no se tuvieron en cuenta las problemáticas particulares de los menores y padres involucrados”. Consideró que los alumnos con dificultades de aprendizaje “podrían verse perjudicados si se les impide, a través de la fusión de cursos, continuar regularmente con sus estudios sin haberse considerado previamente su situación”.

De esa manera, Liberatori hace lugar a la medida cautelar porque “la persistencia de tal situación pone en riesgo la regularidad del proceso educativo” de los niños afectados.

La defensora adjunta Graciela Muñiz confirmó a Página/12 que acompañó a otras cuatro presentaciones. Tres fueron derivadas al juez Zuleta, que aún no se expidió, y la cuarta, más reciente, está a consideración de Liberatori. Para la defensora, “el fallo demuestra que no hubo un estudio previo del Ministerio de Educación para tomar esta medida”, por lo cual el ministerio “debería reconsiderar las resoluciones que dictó”.

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Elsa Becker y Luján Birriel, dos de las madres que hicieron presentaciones judiciales por sus hijos.
 
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