SOCIEDAD › A DOS AÑOS DEL DERRUMBE QUE PROVOCO LA MUERTE DE DOS JOVENES, FUERON SOBRESEIDOS DEL DELITO DE COHECHO

Ningún funcionario acusado por Beara

Uno de los beneficiados es Martín Farrell, el director de Habilitaciones, que renunció después de la tragedia. La jueza argumentó que no había filmaciones ni fotos de posibles coimas, pese a constar la cifra de 30 mil dólares y la palabra “cometa”.

 Por Eduardo Videla

A casi dos años del derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara, en el barrio de Palermo, que provocó la muerte de dos chicas, la jueza de instrucción Alicia Iermini sobreseyó a los funcionarios del gobierno porteño que estaban imputados por el delito de cohecho. La magistrada descartó las supuestas coimas porque no estaban registradas en los libros contables, aunque en las computadoras secuestradas en la discoteca aparecen anotaciones donde se detalla la suma de 114.600 dólares y la leyenda “habilitación más abono cometa”. El monto equivale, al cambio de esa época, a 30 mil dólares exactos. Iermini exculpó, además, por el mismo delito, a los dueños y administradores del local, pero los envió a juicio oral por “doble homicidio culposo y lesiones culposas”. El fiscal Andrés Madrea apelará los sobreseimientos.

La tragedia ocurrió el 10 de septiembre de 2010, al derrumbarse un entrepiso que no resistió el peso de la cantidad de personas que estaban en el lugar. Como consecuencia de la caída fallecieron las jóvenes Ariana Lizarraga y Leticia Provedo, por las heridas provocadas por aplastamiento, mientras que otras personas resultaron lesionadas.

Entre los beneficiados por la resolución judicial se encuentra el ex titular del área de habilitaciones del gobierno porteño y actual candidato a juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Martín Farrell. Este funcionario fue quien estampó la firma de habilitación de Beara, pese a que una funcionaria de la Agencia Gubernamental de Control, Vanesa Berkowski, le había advertido, tres días antes, que no lo hiciera, porque la empresa que lo solicitaba había cometido reiteradas infracciones de desviación de rubro: estaba habilitado como salón de fiestas, pero funcionaba en numerosas ocasiones como local bailable o para espectáculos musicales. Farrell renunció al cargo dos meses después de la tragedia y fue designado como abogado en la Procuración General de la Ciudad.

Los otros funcionarios sobreseídos son Pablo Saikauskas, quien estaba a cargo de la Dirección de Habilitaciones Especiales; Norberto Cassano, jefe del Departamento Esparcimiento; Carlos Mustapich, el inspector que habría dado la habilitación, e Isaac Rasdolsky, el arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones. También resultaron beneficiados Gustavo Amarú, el maestro mayor de obras que avaló la construcción derrumbada y los gestores Leandro Camani y Matías Luis Pantarotto, que intervinieron en el trámite de habilitación. La jueza argumentó que “no queda claro en qué contexto se produjo esa comunicación”.

Iermini adoptó la decisión sin haber indagado a los funcionarios imputados, medida pedida por el fiscal. Tampoco concedió el pedido de citar como testigo a Vanesa Berkowski, solicitada por Madrea. La jueza fundamentó la decisión en que las presuntas coimas no están registradas en los libros contables, ni fueron corroborados con filmaciones, testimonios, fotografías y registros bancarios y contables. El criterio es diferente del utilizado en la causa por la tragedia de Cromañón, donde un papelito con la anotación “poli cien” fue suficiente para condenar a Omar Chabán y a un subcomisario por cohecho. La magistrada también desestimó los diálogos telefónicos entre Pantarotto y Camani sobre supuestas influencias para acelerar los trámites de habilitación de boliches.

En la misma resolución, Iermini elevó a juicio oral, por el presunto delito de “homicidio culposo”, a los empresarios Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Catán Coria, e Iván y Ronaldo Flies y a Maximiliano Fratino, el relacionista público que organizó la fiesta privada en la que murieron. Los empresarios son los integrantes de la sociedad El Viejo Sabio, que administraba el boliche.

Las pericias demostraron que el entrepiso no estaba construido con materiales capaces de resistir el peso al que se lo sometió. Pero también que “había sido falseada la superficie declarada del local, que no tenía 491 metros cuadrados, como consta en el expediente, sino 200, con la idea de ser habilitado para permitir el ingreso de más gente”, dijo a este diario una fuente judicial.

Ahora, después de que apelen el fiscal y las querellas (los padres de las jóvenes fallecidas) la causa irá a la Cámara del Crimen, que tendrá la última palabra antes del juicio oral.

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Martín Farrell habilitó Beara pese a que una funcionaria de alto rango le pidió que no lo hiciera.
Imagen: Sandra Cartassao
 
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