19:23 › SOCIEDAD Y ESTADO

Contra la violencia institucional

Funcionarios del Poder Judicial admitieron la responsabilidad de ese poder del Estado en casos de apremios ilegales cometidos por agentes penitenciarios y policiales en cárceles y comisarías, durante el encuentro organizado en el Congreso Nacional, del cual también participaron familiares de víctimas y representantes de organizaciones políticas y sociales.

El encuentro fue inaugurado este mediodía en el salón Azul del Senado, por el vicepresidente Amado Boudou, quien en su discurso cuestionó al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por los episodios de represión policial ocurridos la semana pasada durante una protesta en el hospital neuropsiquiátrico Borda. "Macri quiere la policía metropolitana para espiar y reprimir a los vecinos cuando algo no le gusta", dijo el vicepresidente y calificó como "un hecho terrible la represión y la cobertura mediática" de algunos medios concentrados sobre la represión en el Hospital Borda.

De la mesa de apertura del Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.

Domínguez repudió "los abusos cometidos desde los espacios institucionales" y criticó también, aunque sin nombrarlo, al gobierno porteño. "Después de 30 años de democracia no podemos convivir con el Borda como alternativa a los requerimientos de una sociedad", advirtió Domínguez, quien consideró como "un fracaso de la política cuando la violencia se ejerce desde el Estado".

El legislador sostuvo que "hay un desafío pendiente en discutir la parte dogmática de nuestro ordenamiento jurídico", declaró que la "respuesta a la violencia institucional debe venir desde la política" y advirtió que "firmeza no significa represión sino vigencia de estado de Derecho".

Zaffaroni, por su parte, advirtió que existe "una enorme deuda política" para solucionar la violencia institucional, opinó que "hay que repensar" a las policías y denunció que muchos de los delitos que se cometen, como la comercialización de paco, son posibles por la existencia de una red de "encubrimiento". "Hace 30 años -recordó el juez- estábamos muy solos los que hablábamos de la violencia institucional, con una opinión pública manipulada televisivamente y solos ante fenómenos muy graves".

Zaffaroni sostuvo que en aquel entonces "el gatillo fácil era algo sistemático, no eran hechos aislados, eran hechos que se publicitaban cotidianamente como si eso fuera una guerra", y destacó que "la política sistemática de homicidio de jóvenes concluyó con Antonio Cafiero". El jurista destacó que existe desde entonces "una enorme deuda política" que pasa por "repensar nuestra policía y sus estructuras y ver qué es lo que se ha hecho después de 30 años", y advirtió que "la política ha hecho poco en esto".

Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente Para la Victoria (FPV) y organizador de la jornada, consideró que la violencia institucional "es un problema del conjunto de los argentinos" y que si no hay unidad entre los tres poderes del Estado "nunca vamos a poder decir que ya no hay más abuso policial o casos de gatillo fácil".

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Pablo Ferreyra, hermano de Mariano; Sandra Rodríguez, viuda del maestro neuquino Carlos Fuentealba; Stella Maldonado, secretaria general de CTERA, y Fernando Esteche, líder de Quebracho, durante el debate sobre "Criminalización y represión de la protesta", en el marco del Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional.
 
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