Sobre los "nuevos casos de desapariciones forzadas", el Comité recomendó al Estado a "incrementar los esfuerzos con miras a combatir eficazmente estas formas contemporáneas de desaparición forzada" y convocó a realizar "reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los policías responsables de estas violaciones sean debidamente investigados, enjuiciados y sancionados".

Además, el organismo subrayó que los informes complementarios al presentado por el Estado "dan cuenta de casos recientes de desapariciones forzadas, que no han sido investigados de manera debida, particularmente casos en los que hubo un retraso injustificado en el inicio de las investigaciones o en los que no se investigaron a todas las personas supuestamente involucradas en el delito".

Por eso, el documento insta a "garantizar que las investigaciones de todos los casos de desaparición forzada sean exhaustivas e imparciales y se realicen diligente y eficazmente, aun cuando no se haya presentado denuncia formal".

Al momento de realizar recomendaciones para prevenir las desapariciones forzadas, el organismo destacó que "no hay ninguna detención secreta en Argentina", pero señaló que preocupación "la existencia de normas nacionales que permiten la detención administrativa, sin orden judicial previa o control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia".

En ese sentido, el Comité indicó que los informes recibidos dan cuenta de que "las desapariciones forzadas que se producen en la actualidad están, en gran medida, relacionadas con detenciones administrativas que se practican de un modo arbitrario". Frente a ese problema se solicitó que se "desarrolle un protocolo de actuación uniforme y un sistema de control equivalente para todos los centros, en todo el territorio nacional, donde se encuentren personas privadas de libertad".

Por otra parte, el Comité celebró el reconocimiento por parte del Estado de la validez de la convención y las medidas legislativas y de otra índole que guardan relación con ella "en particular las relacionadas con la reforma de la justicia militar (Ley 26394); la regulación del banco de datos genéticos (Ley 26548); el régimen de la ausencia por desaparición forzada (Ley 24321);y las diversas leyes de reparación".