La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad y giró al Senado un proyecto de ley que suspende los desalojos de deudores hipotecarios con sentencias judiciales firmes. Se encuentran en esa situación alrededor de 4000 familias, que arrastran deudas desde la convertibilidad con acreedores privados extrabancarios. El proyecto fue consensuado entre el Gobierno y la oposición y finalmente obtuvo 153 votos a favor y ninguno en contra.

La iniciativa establece que aquellos deudores hipotecarios con sentencia firme desfavorable puedan ser auxiliados por un fideicomiso del Banco Nación para la refinanciación de las deudas. En la ley se aclara que la entidad oficial podrá asumir la totalidad de las deudas de los morosos, con lo cual quedará superado uno de los obstáculos que venían impidiendo el rescate. También se especifica que el Nación concederá hasta 30 años de plazo para que los socorridos reintegren el dinero. Esa fue una modificación al proyecto a instancias de la diputada Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, ya que en la versión original el plazo de refinanciación era de 20 años.

“Tenemos la convicción de que con este proyecto y las reformas introducidas contribuimos a paliar una grave situación que atraviesan miles de deudores”, sostuvo el titular de la Comisión de Justicia, Luis Cigogna (Frente para la Victoria), al exponer en el recinto sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.

A través del proyecto se establece la suspensión de los trámites de ejecución de sentencias judiciales, desalojos y cualquier procedimiento que tenga por objetivo apoderarse del inmueble, a partir de la entrada en vigencia de la ley. El dinero para el rescate de los deudores saldrá de un fondo que administra el Ministerio de Economía. Se desembolsarán alrededor de 200 millones de pesos. El Nación, como se indicó más arriba, los recuperaría a 30 años de plazo. La iniciativa les permitirá conservar sus viviendas a cerca de 4000 familias.