ECONOMíA › LA REFORMA DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA AGENDA DEL DIáLOGO ECONóMICO Y SOCIAL

Muchas irregularidades y pocos acuerdos

Las indemnizaciones por accidentes de trabajo parece ser uno de los temas más espinosos para llegar a consensos entre sindicatos y empresarios. Tras varios años de intentarlo, el Gobierno ahora volcará en la mesa del diálogo el debate.

 Por Tomás Lukin

La necesidad de reformar la Ley de Riesgos del Trabajo vuelve a ocupar un lugar en la agenda de empleadores y trabajadores a partir de la convocatoria de la Presidenta a recuperar el Consejo para el Diálogo Económico y Social. Cristina Fernández de Kirchner llamó la semana pasada a “terminar con la industria del juicio laboral”, uno de los principales reclamos del sector empresario en la materia. Los sucesivos intentos para consensuar una modificación integral del sistema de riesgos de trabajo sancionado en 1995, en pleno auge flexibilizador, fracasaron. Frente a ese escenario, el Gobierno decidió hace un año incrementar el monto de las desactualizadas indemnizaciones, eliminar topes y establecer pisos. La segunda parte de los cambios que impulsaba el Ejecutivo, la inclusión en el acotado universo de enfermedades laborales a las hernias, várices y lumbalgias, quedó trunca frente al rechazo del sector empresario.

El consenso para reactivar las negociaciones existe desde 2004, a partir de un fallo de la Corte Suprema: la CGT y el establishment empresario coinciden en la necesidad de cambiar la ley aunque difieren en el camino a seguir. El principal reclamo del empresariado es la eliminación de la posibilidad de acceder, además de la indemnización, a la vía judicial. En ese sentido se expresó CFK la semana pasada. En tanto, desde el sector sindical recuerdan que la ley cuenta con más de diez tachaduras de inconstitucionalidad y advierten que el sistema está orientado a la minimización de costos y no a la prevención de accidentes. La CGT cuenta con un proyecto del diputado nacional Héctor Recalde y rechaza la eliminación de la doble vía y los accidentes in itínire. “Si los trabajadores perciben una indemnización justa no tienen por qué recurrir a la Justicia. A pesar de los cambios, el régimen actual no protege a los trabajadores”, comentaron cerca de Hugo Moyano.

Mientras se reabren los escenarios de negociación, el titular de la superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), Juan González Gaviola, señaló que una de las dimensiones de la judicialización sobre las que ya se está operando es el fraude. El año pasado la SRT detectó estudios de abogados, médicos, aseguradoras, sindicatos municipales y hasta juzgados actuando conjuntamente para cobrar indemnizaciones millonarias defraudando al Estado a partir de la construcción de denuncias de accidente ficticias. Los principales casos se concentraban en Córdoba y Mendoza, pero también registraron irregularidades en Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y San Juan.

Gaviola comentó a Página/12 que “en Córdoba se redujeron a la mitad la cantidad de juicios” a partir de las investigaciones. En esa provincia más de seis mil expedientes están siendo analizados en busca de irregularidades delictivas y diez profesionales –médicos y abogados– están procesados con prisión preventiva. En Mendoza, la caída de los juicios fue del 30 por ciento.

Hace un año se modificó la ley por decreto frente a la intransigencia del sector empresario para alcanzar un acuerdo global. En ese momento, el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, sostuvo que elevar los montos de las desactualizadas indemnizaciones permitiría reducir en un 60 por ciento la litigiosidad, ya que desestimulaba la necesidad de los trabajadores de recurrir a la Justicia para obtener una compensación adecuada. Para el titular de la SRT todavía no es posible evaluar los resultados judiciales de la medida y comentó que “aunque la cantidad de juicios sea la misma, la suma de los mismos se reduce porque el decreto mejoró el sistema administrativo”. Por su parte, Daniel Funes de Rioja, vocero de la UIA para el tema, consideró que “no existe una tendencia a la reducción de los juicios a partir del aumento en las indemnizaciones. Es necesario poner fin a la posibilidad de recurrir a la Justicia además de la prestación que paga el sistema. La opción debe ser excluyente”.

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El sistema se promulgó en 1995, con la flexibilización. Los intentos por reformarlo fueron bloqueados.
Imagen: EFE
 
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