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Misiones y Salta, las provincias que menos invierten en la niñez

Unicef elaboró un mapa del gasto público dirigido a la niñez en las provincias. Misiones, Salta, Santiago y Tucumán, las que menos fondos destinan a los niños. En el otro extremo: Santa Cruz, Neuquén y Capital.

 Por Maximiliano Montenegro

Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán encabezan el ranking de las provincias que menos gasto público destinan a asistir a la infancia. No casualmente, en los últimos años se conocieron en esas provincias dramáticos casos de desnutrición infantil. En el otro extremo están Santa Cruz, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, provincias “ricas” que duplican o triplican el promedio nacional de gasto público destinado a los niños. Esta es una de las conclusiones del estudio “Gasto Público dirigido a la niñez en Argentina 1995-2005”, presentado ayer en el Ministerio de Economía por un equipo de economistas de la Cepal y Unicef. Así el Estado en la Argentina en lugar de compensar las desigualdades las profundiza: en las provincias con mayores necesidades es donde menos se invierte para revertir las situaciones de pobreza.

“Aunque los niveles de pobreza e indigencia tendieron a volver a niveles precrisis, la pobreza todavía tiene cara de infancia: el 40 por ciento de los pobres en el país tiene menos de 18 años y más de la mitad de los argentinos que viven en condiciones de indigencia son niños y adolescentes”, dice la investigación de Unicef/Cepal. En números, habría en el país unos seis millones de niños y adolescentes pobres, de los cuales casi dos millones vivirían en condiciones de indigencia; es decir sin poder consumir diariamente los requerimientos calóricos mínimos para su crecimiento.

El estudio muestra que en el 2005, el Estado nacional alcanzó el mayor nivel de asistencia a la niñez de la última década. El año pasado se destinaron a razón de 871,5 pesos por niño. A través de diversas vías del gasto público: ayuda directa, educación, obras sociales, condiciones de vida, nutrición y alimentación, etc. En el 2003, se destinaban 553 pesos.

Nótese que el cálculo del gasto público dirigido a la infancia no significa que esos fondos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

El año pasado, el gobierno nacional orientó el 10,6 por ciento del gasto total a la niñez, frente al 6,9 por ciento en el año ’95. O el 2 por ciento del PBI, frente al 1,3 por ciento una década atrás.

Según las cifras oficiales, en el 2005 la administración nacional erogó 10.666 millones de pesos en distintos programas vinculados con la niñez: 3321 millones de ayuda directa (entre asignaciones familiares y subsidios), 1943 millones en educación, 633 millones en salud, 2809 millones a través de las obras sociales, 1385 millones en “condiciones de vida”, etcétera.

Sin embargo, el grueso de los programas orientados a la infancia se canaliza mediante las provincias. Y ahí es donde surgen las grandes disparidades. En promedio, las administraciones provinciales destinaban –los últimos datos disponibles se remontan a dos años– 1245 pesos por niño. Pero en las provincias con mayores necesidades la inversión es bastante menor: Misiones (784 pesos), Salta (789 pesos), Santiago del Estero (830 pesos), Tucumán (894 pesos), Corrientes (912 pesos) y Chaco (1054 pesos) están entre las provincias que menos fondos concentran en la niñez.

Por el contrario, las provincias más ricas duplican o triplican el promedio nacional: Santa Cruz (3963 pesos), Neuquén (3540 pesos) y la Ciudad de Buenos Aires (2246 pesos) encabezan el ranking de inversiones en la infancia. Otras jurisdicciones, como Santa Fe (1289 pesos), Córdoba (1190 pesos) y Buenos Aires (1074 pesos), rondan el promedio nacional.

Precisamente, Unicef sostiene que uno de los “desafíos pendientes” para “garantizar el desarrollo de los niños en el país” es disminuir las desigualdades regionales, de manera tal que el Estado –nacional o provincial– actúe compensando las situaciones de pobreza en lugar de acentuarlas.

“Una verdadera mejora del bienestar de los niños va más allá de la recuperación del empleo y de las remuneraciones reales”, advierte el documento. “El Estado argentino debe aumentar la inversión en los servicios públicos de educación y salud, con especial énfasis en reducir las desigualdades regionales existentes para garantizar que en el futuro el pleno cumplimiento de sus derechos llegue a ser una realidad para todos las niñas, niños y adolescentes del país”, concluye.

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La ministra de Economía, Felisa Miceli, asistió a la presentación del estudio.
Imagen: Télam
 
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