EL PAíS › EL SISTEMA PRIVADO DE CAPITALIZACION DESDE SU ORIGEN HASTA LA ACTUALIDAD

Una historia de promesas incumplidas

Se consolidaron debido a la crisis del régimen público, la propaganda oficial, las presiones empresarias, la complicidad de algunos sindicatos y una intensa campaña publicitaria que prometía el paraíso. Sin embargo, el resultado fue ruinoso.

La campaña a favor de las AFJP fue abrumadora y obtuvo resultados contundentes. En menos de un año, casi cuatro millones de personas optaron por el sistema de capitalización, incentivadas por la crisis del régimen público, la propaganda oficial, las presiones empresarias, la complicidad de algunos sindicatos y la publicidad de las propias administradoras que les prometían el paraíso a quienes les cedieran sus aportes. Fueron pocos los que a mediados de los ’90 resistieron los cantos de sirenas y se opusieron a un cambio que a la larga terminó siendo ruinoso para los trabajadores.

La Argentina tuvo hasta 1994 un Sistema Nacional de Previsión Social que, sustentado en un pacto de solidaridad intergeneracional, financiaba las jubilaciones con el aporte de los trabajadores en actividad. A medida que la política de previsión social fue quedando su-bordinada a las necesidades coyunturales de los distintos gobiernos, el sistema se fue desfinanciando y comenzaron a cobrar fuerza los pedidos de reforma inspirados en la Nueva Ortodoxia Previsional, que propagandizó el Banco Mundial. Según esa concepción, los sistemas de reparto son económicamente ineficientes y socialmente injustos. Por lo tanto, se propuso reemplazarlos por un esquema de acumulación de ahorro en cuentas individuales.

En Argentina, lo que se terminó implementando fue un sistema mixto, pero al régimen de reparto se le asignó un papel residual, pues se le quitó su principal base de financiamiento: el aporte de los trabajadores en actividad. Luego la ley de Solidaridad Previsional, ideada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, terminó de consumar la estafa al su-bordinar los haberes jubilatorios a la recaudación poniendo fin al principio de movilidad.

El gobierno de Carlos Menem además hizo todo lo posible para convencer a los trabajadores de que derivaran sus aportes a las AFJP. A fines de 1993, el Ministerio de Trabajo, entonces comandado por Enrique Rodríguez, editó una historieta de doce páginas, a todo color, destinada a explicar los puntos más importantes del nuevo régimen jubilatorio. En los hechos, este comic protagonizado por tres oficinistas y guionado por dos periodistas era una apología del sistema de capitalización.

En una parte de la historia, uno de los personajes afirmaba que un trabajador, que ganaba 1000 pesos y tenía 10 años de aporte al viejo régimen, al momento de jubilarse iba a percibir 138 pesos por la Prestación Básica Universal (PBU) y 150 pesos por la Prestación Compensatoria (PC), lo que sumaba 288 pesos, pero si se jubilaba por el sistema estatal tendría que sumar 170 pesos por la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), lo que le daba un haber de 458 pesos. Mientras que si lo hacía por una AFJP, tendría que agregar 209 pesos, pudiendo llegar a cobrar 497. El cálculo estaba claramente manipulado a favor del sistema de capitalización, pues la única forma de proyectar el ingreso futuro siempre fue a partir de supuestos y los supuestos utilizados en ese caso favorecían al régimen privado, sin que ello fuera aclarado en ningún momento.

Por si ese tipo de maniobras no bastaran, mientras estuvo abierta la posibilidad de elección entre ambos sistemas, Menem denostó públicamente el régimen de reparto y exaltó las bondades de la capitalización individual. “Vamos a tener que elegir entre el viejo sistema, que ha llevado a la destrucción de los ahorros, o el nuevo, que tan excelente resultado da en Chile”, aseguró el 29 de abril de 1994 durante una jornada de capacitación sobre la jubilación privada, luego de aclarar que por su cargo de presidente no le correspondía decir qué opción era más conveniente. Tres meses después llegó a decir, incluso, que había optado por una administradora “porque voy a poder controlar mis depósitos”.

Domingo Cavallo también hizo campaña a favor de los bancos, recomendando varias veces el sistema privado. Incluso siendo él ministro de Economía llegó a poner en duda la posibilidad del Estado de cumplir con los compromisos. “El que se queda en la jubilación estatal va a tener que seguir creyendo, como creyeron los jubilados de hoy, en que los funcionarios van a tomar las medidas para poder cumplir con promesas que sólo están escritas en las leyes”, afirmó el 23 de mayo de 1994.

Reconocidos miembros del establishment también desplegaron un fuerte lobby a favor de las AFJP, adjudicando al sistema privado propiedades sanatorias. “Esto da tranquilidad a las nuevas generaciones, que saben que, cuando lleguen a viejos, no necesitarán seguir trabajando y tampoco deberán apelar a hijos u otros para su sostenimiento. Desaparecerá el drama de los que de hecho no pueden jubilarse, porque ello implica un brusco descenso en sus ingresos y su nivel de vida, que frecuentemente no pueden soportar”, afirmó por entonces Juan Alemann, ex secretario de Hacienda del dictador Jorge Videla.

También hubo sindicalistas que no sólo consintieron la reform, sino que participaron del negocio. La Unión Obrera de la Construcción, encabezada por Gerardo Martínez, y la Federación de Trabajadores de la Sanidad, liderada por Carlos West Ocampo, se asociaron en la AFJP Claridad. Los gastronómicos participaron de la AFJP San José y Luz y Fuerza fundó la administradora Futura, entre otros. “Todas las AFJP ofrecen seguridad y solvencia”, aseguró West Ocampo al diario Crónica el 23 de abril de 1994.

Pese al rosario de promesas de prosperidad, la realidad que enfrentaron los trabajadores terminó siendo muy diferente. Un informe elaborado a fines del año pasado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA destacó que desde la instauración del régimen privado de capitalización, las AFJP habían recibido 93.870 millones de pesos (valuados a precios de 2006) y se quedaron con 30.789 millones en concepto de comisión (32,8 por ciento). Con el resto del dinero se dedicaron a especular financieramente, con resultados catastróficos para el trabajador, y cuando la crisis económica de fines de los ’90 se agudizó se convirtieron en prestamistas del Gobierno a tasas usurarias. La reciente crisis financiera internacional los encontró con el 75 por ciento de su cartera invertido en bonos, acciones locales y extranjeras que se derrumbaron estrepitosamente.

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Domingo Cavallo fue el principal impulsor del régimen de capitalización.
Imagen: Sandra Cartasso
 
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