EL PAíS › OPINION

Nuevamente en la mira

 Por Norma Giarracca *

El movimiento asambleario de Gualeguaychú contra la instalación de la pastera Botnia mostró muchos de los dilemas a los que nos enfrentamos en estos tiempos. Estamos atravesando transiciones, tiempos de pasaje en los paradigmas societales y epistemológicos y el fenómeno Gualeguaychú nos ubicó frente a algunos de estos aspectos. Aquellos dispositivos generados por conocimientos sólidos, que otorgaban la seguridad de lo que se debía seguir para lograr una sociedad moderna y desarrollada, no funcionan más. Por lo menos, grandes franjas de poblaciones de todo el mundo, en base a muchas décadas de decepciones y sufrimientos, no otorgan el consenso necesario para que el famoso “desarrollo” siga entre nosotros. Sólo basta mencionar que las encuestas de la Argentina después del fallo de La Haya marcaban que un 70 por ciento de los encuestados expresaba una gran decepción, pues esperaban una sanción a Botnia. O la imposibilidad que tiene el poder de plebiscitar la instalación de mineras.

Estas luchas son manifestaciones contra un modelo extractivo y contaminante de desarrollo, son desobediencia civil al principio sedimentado que enuncia que está fuera de la potestad ciudadana elegir la reproducción material de la vida, que eso permanece en las exclusivas manos de Estados y poderosos. Es decir, de pronto las poblaciones se han dado cuenta de que determinados senderos económicos pueden volverse contra ellas en materia de medio ambiente, salud, vida social y cultural. Ya no es descabellado pensar que las poblaciones veten actividades que consideran injuriosas para la vida; existen movimientos sociales en todo el mundo (no sólo en América latina) contra lo que representan corporaciones económicas como Monsanto, Barrick Gold, Botnia, etcétera. Existe una Constitución en Ecuador que apunta en esa dirección, existen muchos debates con pensadores muy interesantes que el poder económico trata de invisibilizar.

La población de Gualeguaychú decidió que no quiere frente a la ciudad una pastera, actividad extractiva y (tarde o temprano) contaminante. Produjo una gran inversión, impensable en otros tiempos. Cambiaron sus vidas a partir de esta lucha, estuvieron día y noche, siguieron todos los senderos, institucionales, acción directa, etcétera. El capital transnacional también realizó una gran inversión, inimaginable cifra millonaria que recuperará de las tierras uruguayas restadas a la producción de alimentos baratos para su país, y de sus trabajadores. Por supuesto, el viejo sentido común se ríe de la comparación de ambas inversiones: ¿Cómo comparar el gran capital con la voluntad de una población empecinada? En ese coro se ubican los que aún están prendidos a paradigmas resquebrajados que paralizan toda decisión humana (esa voluntad agencial que Occidente enseñó a despreciar).

Por eso, el fallo del juez Román Pimentel llama la atención por algunos de sus respetuosos fundamentos respecto de la asamblea. Admite el derecho a reunión para peticionar a las autoridades, pero marca la falta de relación entre el corte, sus perjudicados y a quien realmente se debería reclamar. Asimismo caracteriza la asamblea como una medida de acción directa, “pretendiendo, según sus términos, la defensa de los derechos a la vida y el medio ambiente por lo que habría que sopesar –en términos del doctor Zaffaroni– la existencia o no en el caso de un permiso que neutralice el alcance de la prohibición del Código Penal”. Termina no encontrando relación justificada entre la aglomeración de personas que quieren hacerse escuchar y el corte y pide el levantamiento del mismo. Es un fallo templado, actualizado en estas transiciones societales y epistemológicas, aun cuando prevalezca el sentido común de que el corte debe levantarse, adaptándose a los humores del momento.

Ahora se trata de saber cómo seguirá esto; el Gobierno argentino decidió judicializar a los asambleístas (ya dijo que no reprimirá, pero amenazó con una fuerte judicialización) y, de este modo, cumple con los acuerdos con el gobierno uruguayo. Sea como fuere, la que se mantiene al margen, esperando que los obedientes latinoamericanos actúen en su beneficio, es la empresa europea UPM-Botnia. Primero, en La Haya escuchó cómodamente los fallos en francés y en inglés, que ni la rozaron; y ahora parece estar segura de que una vez más la colonización del poder en la Argentina y Uruguay funcionará. Pero ya nadie puede poner las manos en el fuego para asegurar que el final está cantado.

* Socióloga, investigadora del Instituto Gino Germani (UBA).

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