EL PAIS

Esperas en dos tableros

 Por Mario Wainfeld

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tiene –a un costadito de su despacho amplio, despojado y oscuro– una foto saludando al papa Benedicto XVI. Fue tomada cuando viajó con la comitiva oficial a la Santa Sede para conmemorar el aniversario de la intervención papal en el conflicto de Chile. Ahora podrá sumar otro retrato: con el papa Francisco. También fue invitado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que podría interpretarse, máxime en estos días, como un gesto de concordia. Lorenzetti es agnóstico, aunque por esas variantes de la educación argentina cursó el secundario en el Colegio Marista de Rafaela. El ingreso al secundario público se definía por sorteo, no tuvo fortuna. Entonces la familia optó por el segundo mejor colegio, a su ver, que era privado.

En su periplo, el magistrado llenó de loas a Francisco, lo que fue divulgado con estruendo por la prensa dominante argentina. Hizo otra declaración, menos obvia, acaso más jugosa y menos propagada. Explicó que el proyecto de Código Civil y Comercial ya ha atravesado los pasos y debates previos, por lo que el Congreso está en condiciones de hacerlo ley muy pronto. Gran cultor de la polisemia, Lorenzetti incursionó con sutileza (no digamos de jesuita, para no ser tan temáticos) en un tema interesante.

La jerarquía de la Iglesia Católica se opone con fervor a muchas reformas, ligadas a sus temas tabúes, empezando por el divorcio más veloz o la fertilización asistida... y siguen las firmas. Lorenzetti participó en la elaboración del proyecto con el concurso de su colega Elena Highton de Nolasco. Ansía que se haga ley, lo que sería un espaldarazo para su labor y un alza en su capital simbólico. El Supremo, que no es distraído ni ingenuo en materia política, sembró su semillita en lo que puede ser parte de un debate de los próximos meses: cuánto incidirá en la esfera del derecho argentino el ascenso del primer papa criollo.

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El periplo vaticano es, aseguran en Tribunales, una nueva prueba acerca de la ausencia de tirria entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Lorenzetti. Este añade, ante oídos confidentes, que se exageran los tironeos con la primera mandataria. Ratifica, por caso, una noticia que este diario dio a conocer: estuvo en la Casa Rosada horas antes del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Por lo tanto, arguye, conocía de antemano las reformas para “democratizar la Justicia” que la Presidenta anunció el 1º de marzo. No hubo sorpresa, porfía, ni los cambios son tan tremendos como se insinuaba. Dice acordar con casi todos, aunque cuando entra en detalles les augura dificultades de implementación.

Para Lorenzetti, una ración importante de las reformas pesa sobre los otros poderes del Estado. Tiene razón respecto de algunas (dictado del nuevo Código de Procedimiento Penal o las designaciones para juzgados vacantes), en otras se hace el distraído sobre la viga en el ojo propio.

Los siete supremos están debatiendo qué hacer con la exención del Impuesto a las Ganancias. Su afán, aseguran, es ir suprimiéndola. De un modo homeopático o indoloro, traduce este cronista oyendo el inventario de inconvenientes que detallan los cortesanos. Vaticinan amparos, efecto dominó en los empleados judiciales y hasta pérdida de vocación de potenciales magistrados que no querrían integrar el Poder Judicial en el futuro si se les quitara la coronita fiscal. La búsqueda es una salida gradualista, cuya letra se desconoce por ahora.

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Lorenzetti dice no estar enfadado con los jueces y funcionarios que se congregaron en la Biblioteca Nacional para bregar por una “Justicia legítima”. En esa jornada fundacional, empero, sus oídos habrán zumbado más de una vez y se refirió a ellos con algún comentario-ninguneo que alteró la habitual transigencia de su discurso. Los consensos generales son amplios, sonríe el presidente de la Corte, mientras puntualiza irónicamente que en “Justicia legítima” hay pocos jueces que no se dediquen a la materia penal y no tantos jueces en general.

Pero mantiene la cordial templanza que es su sello, salvo cuando se refiere a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Rezonga por que ésta “se expresa a través de los medios” y crítica sus ínfulas, con una bronca particular. El punto más alto de la mala onda, que es previa y será ulterior, fue una contienda menor, internista, sobre quién debe dar el primer paso para poner fin a la canonjía del Impuesto a las Ganancias.

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“Si hay una política de Estado para reformar a fondo la Justicia, con los tres poderes comprometidos, seremos la vanguardia”, define Lorenzetti. Y se hace cargo de varios de los reproches más consabidos, entre ellos la duración de los pleitos. En la semana pasada, ejemplifica, la Corte debió actuar para impedir que se postergara demasiado el juicio oral que investiga la tragedia de Once. El Tribunal Oral que salió sorteado informó que no tenía fecha próxima para empezar las audiencias, ya que se ocupa también de la causa por el Plan Cóndor, que llevará años. Se informó, entonces, que el expediente referido a Once quedaría en lista de espera. Era una enormidad, se enoja con motivo Lorenzetti, por eso la Corte intervino y consiguió arreglar el desquicio, en buena hora.

La mora judicial es, en efecto, una denegación de justicia. El Supremo tribunal no es ajeno a esa rémora aunque, como las instancias inferiores tiene un puñado de excusas. Algunas son atendibles, otras no tanto.

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Con una visión peculiar, autoelogiosa, Lorenzetti cree que el sonado expediente Clarín no ha tardado demasiado. Y que el desempeño de la Corte ha sido central para ordenar el trámite y acelerarlo, en tanto fue posible. El cronista discrepa con esa lectura unidimensional. La Corte dinamizó a veces la causa, en otras fue funcional a las demoras procuradas por el multimedio, por jueces con la cautelar fácil o por la Sala Primera de la Cámara Federal Civil y Comercial.

El traspié más reciente fue una resolución a fin del año pasado, admitiendo (con argucias formalistas) la enésima cautelar, dictada contra una sentencia a favor del Estado. Por añadidura, la Corte no hizo uso de la potestad de abreviar los plazos con la habilitación de días inhábiles, que sí le impuso al juez de primera instancia Horacio Alfonso. Un doble standard clavado, que le ofrendó a Clarín tiempo de descuento, el changüí que es parte sustancial de su estrategia.

En privado, los integrantes de la Corte asumen que los integrantes de la Cámara no dan la talla y acumulan conductas indeseables. Lorenzetti, como ya comentó Página/12, echó pestes cuando la camarista María Susana Najurieta dictó la nueva cautelar y agregó razonamientos capciosos (ajenos a su competencia) sobre cuándo empezaría a correr el plazo de “desinversión” para Clarín. Najurieta, se enfada Lorenzetti, no le preanunció la decisión. Más aún, “lo durmió” y la hizo conocer a través de los medios cuando el Supremo viajaba hacia su provincia.

En ese momento, el Tribunal le manifestó en privado y con sordina la disconformidad.

También le hizo saber al camarista Ricardo Guarinoni que era impropio que estuviera paseando por la India, en el ardiente diciembre de 2012, cuando tantos asuntos interpelaban a su sala.

No es Lorenzetti quien habla con los camaristas, refieren contertulios del Palacio de Justicia. La interlocutora habitual es Highton de Nolasco. Nada se les dice respecto del fondo de la cuestión, agregan las fuentes. Sí se los insta a tratar de acelerar el dictado de la sentencia, exhortación también puesta por escrito en la última decisión de la Corte.

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La expectativa de Clarín es que la resolución definitiva de la Corte llegue en un momento político adverso para el oficialismo. O sea, después de las elecciones. Es una taba que se jugó en 2011 y le resultó mal. Ahora hay otro escenario, que comenzará con los comicios en provincia y en especial con las Primarias Abiertas de agosto.

El handicap concedido por la Corte obra sus consecuencias. Recién el 1º de marzo se sorteó quién debe votar en primer término: será Najurieta. Francisco de las Carreras, el camarista viajero, será quien se expida último. Si se tomaran todos los días que le concede el código procesal, tendrían tiempo hasta fines de mayo. Pero los procedimientos siempre dejan margen para la chicana, evidencia patente para cualquier abogado ducho... o para jueces sesgados a favor de una de las partes.

La Corte, aseguran dos de sus miembros, se expedirá luego sin mucha demora. No habrá unanimidad, pronostican, acaso un ajustado cuatro a tres sea el score más factible. El repaso de votaciones anteriores permite especulaciones acerca de cómo podrían ser esos alineamientos.

El cálculo de los cortesanos es que el fallido 7D llegará a fin del otoño o a principios del invierno. El ojímetro del cronista imagina una fecha más distante, aun si la Corte clava el acelerador a fondo.

En cualquier caso, Lorenzetti podrá superar largamente el jet lag mientras espera tanto la sanción del Código Civil y Comercial, cuanto la llegada del expediente más resonante de la política doméstica.

Muchos jugadores, muchos poderes y dos corporaciones participan en ambas pujas, lo que transforma cualquier vaticinio en una timba. Apostar siempre es una grata tentación, confiesa el autor de estas líneas. Como cronista, no le cabe otra que proponer esperar.

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Imagen: Rafael Yohai
 
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