EL PAIS › EL JUEZ Y UN JURISTA OPINAN SOBRE LOS PROYECTOS APROBADOS Y LA REFORMA EN GENERAL

El debate sobre la democratización

EL CAMARISTA CARLOS ROZANSKI

“Nos encamina a una Justicia mejor”

El camarista federal y miembro de Justicia Legítima, Carlos Rozanski, celebró la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Nación. Destacó la importancia del nuevo sistema de elección popular para los miembros del Consejo de la Magistratura, que “nos encamina a una Justicia mejor” y se mostró crítico con la actitud de la oposición durante el debate: “Una sociedad democrática tiene más que ver con propuestas superadoras y no con un descarte de plano del proyecto del otro”. Además remarcó la importancia de empezar a juzgar la complicidad de varios sectores del Poder Judicial con la última dictadura militar.

–¿Cómo evalúa en general el paquete de leyes sancionadas por el Congreso?

–Es un avance que va en sintonía de lo que pretendía tanto el Poder Ejecutivo como no-sotros, desde Justicia Legítima. Las modificaciones que se hicieron eran esperables, en la medida en que el planteo que hizo la Corte fue razonable. Hubo un debate y se dieron cambios.

–¿Está satisfecho con las modificaciones al Consejo de la Magistratura?

–Si bien no es la panacea de todos los problemas, es un paso necesario. El cambio de sistema de elección nos encamina a una Justicia mejor. Se logran dos cosas: una concepción distinta de cómo accede al cargo un juez o un abogado que, en lugar de ser respaldado por una corporación, se apoya en el voto de la gente, y el funcionario judicial tendrá la noción de que lo respalda toda la población y no sólo un interés sectorial.

–¿Y qué opina sobre la nueva regulación a las medidas cautelares?

–El problema más grave, a mi entender, era el criterio que venían usando los jueces para implementarlas. Es una medida excepcional desnaturalizada. Es para el uso de los sectores vulnerables y se lo ha utilizado para proteger intereses corporativos. Con la reforma se vuelve al sentido original de su creación, para que con criterios de urgencia se resuelvan los asuntos de fondo que afectan a los sectores vulnerables.

–¿Por qué se radicalizaron tanto las posiciones sobre la reforma?

–Es una cuestión lógica que derivaba del sentido mismo de la reforma; la democratización del único poder que no se reconvirtió. Allí no se vota y por eso, aun con el reclamo de cambio de la sociedad, quedó atrasado en el tiempo. Cuando las modificaciones las impulsan entonces la Presidencia y el Congreso, existe una resistencia corporativa que se expresa en el malestar de personas que representan aquellos intereses.

–En la oposición y algunos medios hablaron de “avance sobre la Justicia”.

–Es un avance, pero no para dominarla sino para mejorarla. La agresividad que despertaron los proyectos de ley llevó a legisladores a sostener expresiones e ideas claramente autoritarias y antidemocráticas. Dan muestra de la intención reaccionaria de frenar los cambios importantes.

–En ese marco, ¿cómo evalúa el debate?

–Cuando alguien se opone sin argumento, se frustra el debate. El fin en sí es oponerse. Una sociedad democrática tiene más que ver con propuestas superadoras y no con un descarte de plano del proyecto del otro. En cambio, lo que pasó con el CELS fue una de democracia real.

–Los proyectos aprobados, ¿son objetables constitucionalmente?

–Me parece fuera de tiempo que, cuando se está discutiendo un proyecto legislativo, se hable de constitucionalidad. Los que critican pueden proponer mejoras, pero en el futuro será algún tribunal o juez quien decida sobre el caso en particular. No se debe llevar ahí el eje del debate. El argumento a priori suena más a una amenaza que otra cosa.

–Usted ha denunciado la complicidad de parte del Poder Judicial con la dictadura. ¿Los cambios permiten empezar a juzgar esta vinculación?

–La Justicia acompañó por acción y omisión, y esto nunca fue seriamente cuestionado. Da muestra de la imperiosa necesidad de recambio en el Poder Judicial. Lo hemos visto en jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad, a quienes denunciamos. Además de lo individual se necesita un recambio generacional en el tiempo, el cual sólo puede provenir de la voluntad popular. Queremos una Justicia más afín al bien común.

BEINUSZ SZMUKLER, EX MIEMBRO DEL CONSEJO

“Esto es un puntapié inicial”

El presidente del Observatorio de la Justicia Argentina, Beinusz Szmukler, consideró que con la sanción de los proyectos que componen el paquete de reforma del sistema judicial se lograron “cambios significativos”, algunos de los cuales “son positivos” y otros “resultan cuestionables”. Además pidió por una “reforma procesal”. Con relación a la elección democrática de los miembros del Consejo, el ex integrante del cuerpo reclama que sean postulados en boletas electorales aparte y que no respondan “orgánicamente a ninguna fuerza política”. Lamentó la falta de “consenso” que observó en los debates legislativos.

–¿Qué opinión le merece la reforma judicial aprobada en el Congreso?

–Yo creo que se han impulsado cambios significativos sobre la cuestión. Hay algunos proyectos que son positivos y están muy bien, y otros que resultan cuestionables. De todos modos, todo esto es un puntapié inicial porque no hay posibilidad de ver un cambio sustancial en el sistema judicial si no se promueve una imperiosa reforma procesal. La evidencia aparece en la demora que hay en el trámite de varias causas y expedientes.

–En el espíritu de las modificaciones impulsadas se busca renovar internamente al Poder Judicial. ¿Está de acuerdo con esta necesidad?

–Totalmente. Falta una renovación dentro del Poder Judicial y que surjan jueces comprometidos con los derechos y garantías constitucionales. Por ejemplo, hoy tenemos postulantes que van al dar examen al Consejo y muestran un carácter académico universitario, pero saben cómo piensan los consejeros y sostienen un discurso solo para complacerlos. Necesitamos empezar a hacer un balance de la vida del candidato, quien debería conocer la realidad social y política del lugar donde va a dictar sentencia y los efectos que sus fallos tendrán, que tenga sensibilidad social.

–¿Cómo analiza los cambios en el Consejo de la Magistratura?

–En primer lugar lo que falta es la definición del perfil del juez. El proyecto no aclara el tipo de juez que reclama la sociedad. Por otro lado, estoy de acuerdo en que el pueblo elija a los consejeros, pero no con una boleta partidaria. Estas ganarán un compromiso partidario de los jueces y nadie va a poner a uno independiente o que no sea afín. Además, en la votación con una boleta hay un efecto de arrastre donde no se va a saber mucho de los postulantes.

–¿Cómo piensa que deberían seleccionarse?

–Habría que agregar algún mecanismo donde la elección se separe de la elección general, con una boleta sin identificación partidaria. Los candidatos al Consejo, como parte de su campaña, deberían difundir en los medios sus biografías y trayectoria profesional. No los deben elegir en función de su simpatía política. Tampoco tienen que responder orgánicamente a ninguna fuerza política.

–¿Cómo ve la nueva reglamentación sobre el uso de las medidas cautelares?

–A mí me parece que ha mejorado con los cambios que impulsó el CELS. Sin embargo, creo que el problema central es que la vigencia de la medida cautelar no se limite cuando se trate de la violación de un derecho humano. No así cuando se trata de una acción contra el Estado por una cuestión puramente patrimonial, desde una empresa o un grupo económico. El Estado siempre es solvente, y pueden hacerle juicio por daños y perjuicios.

–¿Los proyectos de ley son objetables contitucionalmente?

–Seguramente va a haber gente que plantee una objeción por inconstitucionalidad, como ya adelantaron desde el Colegio de Abogados. Es una cuestión debatible. Sostienen que no puede haber elección popular porque viola lo establecido en la Constitución nacional, pero el texto en su artículo 33 asienta la base de todos los poderes en la soberanía popular. Lo van a plantear y será en todo caso la Justicia quien decida.

–¿Cómo vio el debate en torno de los proyectos de ley?

–Claramente no hubo consenso y eso es bastante malo. Que leyes tan importantes no se puedan mejorar en la discusión legislativa es muy malo.

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