EL PAíS › DOCE REPRESORES FUERON CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN EL AREA MILITAR 132

Justicia y Memoria en San Nicolás

Concluyó el juicio Saint Amant II, que abarcó las violaciones a los derechos humanos cometidas en las localidades de San Nicolás, Baradero, Pergamino y San Pedro. Hubo prisión perpetua para los principales imputados, penas más bajas y un sobreseído.

 Por Martín Stoianovich

Desde San Nicolás

La ciudad de San Nicolás vivió un capítulo inédito en su historia al ser por primera vez sede de una sentencia en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En la tarde de ayer, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario dio el veredicto sobre los quince imputados que tuvo esta segunda etapa de la megacausa Saint Amant, titulada así en referencia al teniente coronel con dicho apellido a cargo del Area Militar 132 entre 1976 y 1977. En este período se llevó a cabo la mayoría de los delitos investigados en la causa, que además de San Nicolás, comprende hechos perpetrados en las localidades de Pergamino, Baradero y San Pedro. Hubo cuatro condenas a prisión perpetua, penas de tres a veinte años para ocho imputados y una absolución que dejó el sabor amargo entre víctimas y familiares.

Sobre la avenida Presidente Perón, apenas a unos kilómetros del principal acceso a San Nicolás, se encuentra el Instituto Tecnológico Rafael de Aguiar, que en su auditorio Macacha Güemes albergó al tribunal rosarino, integrado por los jueces Omar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello, que dictó la sentencia de la megacausa Saint Amant II. Acompañaron la jornada jóvenes de distintas escuelas, organizaciones políticas, sindicales y músicos de la ciudad, que colmaron tanto el interior del auditorio como su exterior en compañía de los familiares y testigos que luego de catorce meses de juicio pudieron escuchar el veredicto.

Las condenas de prisión perpetua fueron para el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, su par Norberto Ferrero, el mayor Antonio Bossié y el suboficial mayor Daniel Fernando Quintana. Mientras tanto, el ex comisario Edgardo Mastandrea recibió la pena de veinte años, el ex policía bonaerense Carlos Enrique Rocca fue sentenciado a doce años, el ex oficial principal Roberto Guerrina obtuvo la pena de seis años, al ex comisario Clementino Rojas se le dictaron cuatro años y a Juan Alberto González, tres años y medio. Los otros imputados, Julio Almada, Miguel Angel Lucero y Luis Antonio Sinigaglia, fueron condenados a tres años. El sobreseimiento benefició al ex policía bonaerense Guillermo Miguel Adrover, a pesar que la fiscalía a cargo de Federico Reynares Solari había solicitado dieciocho años de prisión.

Salvando las cuatro condenas a prisión perpetua, el resto de los imputados recibió penas más bajas de las solicitadas por la fiscalía. De todos los condenados, sólo Bossié se encuentra detenido en cárcel común arrastrando la condena por la primera etapa de la causa Saint Amant, concluida a fines de 2012. Sobre el resto de los imputados se deberá revisar la situación particular de cada uno teniendo en cuenta los problemas de salud que argumentan sus defensas.

Más allá del aspecto estrictamente penal, los allegados a la causa destacaron que este proceso dejó en claro el actuar represivo del Area Militar 132 como un precedente para la reparación histórica de la memoria y la verdad contra el terrorismo de Estado. “Lo importante es que se comprobó la ocurrencia de todos los hechos que habían sido traídos a juicio. Cuantitativamente el resultado es importante. En esta causa se vio la represión del Area Militar 132, y todos esos hechos fueron probados”, analizó luego de la sentencia el fiscal Reynares Solari. Por su parte, Juliana Girolimo, como querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, destacó: “Es un gran triunfo porque el tribunal recibió la idea de que las fuerzas actuaron en conjunto, y por más que algunas víctimas hayan caído en Capital Federal, se respondía a la lógica militar del área porque la persecución empezaba acá”. En este sentido, Girolimo hizo referencia a víctimas que fueron asesinadas en Capital Federal, pero como consecuencia del trabajo de Inteligencia montado por el área en cuestión.

El tribunal, además, falló a favor de dos solicitudes de la querella cargadas de importante contenido simbólico, más allá de los aspectos penales de la causa. Por un lado, declaró que se reparen los legajos personales de los soldados conscriptos desaparecidos, Gerardo Cámpora, Carlos Farayi y Luis Ceccon, que hasta el momento figuran como “desertores”. Y confirmó la señalización de la Unidad Regional VII, sede de la Delegación San Nicolás de Dipba, y del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, tarea que estará a cargo de la Red Federal de Sitios de memoria.

Desde la Mesa de la Memoria de San Nicolás y el Encuentro Regional por Memoria y Justicia, José María Budassi, víctima y querellante en la causa, analizó el resultado del proceso demostrando conformidad con las penas a prisión perpetua y algo de disgusto con las condenas más bajas y el sobreseimiento. Sin embargo, destacó los otros aspectos considerados por el tribunal en relación con el legajo de los soldados desaparecidos y la señalización del centro clandestino de detención. “Que la Justicia lo tome como propio y lo pida es importante y marca el camino que sigue. Es un día de justicia y reparación histórica”, analizó el referente nicoleño. En esta línea, remarcó: “A los fines generales después de diez años en que transcurrió este proceso y catorce meses de juicio oral, lo más importante no es sólo la condena por los delitos penales, sino el acompañamiento que ha tenido el conjunto de la sociedad”.

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El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario escuchó testimonios en este caso durante 14 meses.
Imagen: Télam
 
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