EL PAíS › LAS LINEAS DE INVESTIGACION EN LA CAUSA DE COSTA SALGUERO

Dealers, cómplices y encubridores

Prefectos que afirman que “no hubo drogas”, chicos que le dan hasta el teléfono de sus proveedores al juez, allanamientos en lugares públicos y privados, un servicio médico muy insuficiente, el curro mortal de vender agua carísima y los veinte pastilleros que trabajaron en Time Warp.

 Por Irina Hauser

“¿Había drogas?”, fue la primera pregunta que hizo la secretaria de la fiscalía de instrucción cuando un agente de la Prefectura Naval le informó que dos jóvenes habían muerto adentro de la fiesta Time Warp. “No”, fue la respuesta. “No”, reiteró, cuando la consulta la hizo un secretario del juzgado federal de turno, que debía actuar si había procedimientos por estupefacientes. El fiscal Sandro Abraldes, desconfiado, llevó al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, a inspeccionar Costa Salguero. Tuvieron que abalanzarse sobre los empleados de limpieza para que dejaran de juntar la copiosa basura compuesta, en esencia, por un reguero de botellas vacías de agua marca Block. Apenas revolvieron las bolsas y miraron bien el suelo encontraron pastillas de diversos logos y colores. Los jóvenes que quedaban deambulando allí declararon como algo natural que les ofrecían toda clase drogas sintéticas, cocaína y marihuana. Describieron gente descompuesta, falta de aire, el acceso imposible a la sala de primeros auxilios. Con el avance del expediente, resultó que los asistentes eran 20.500 y no 10.900 como había informado el Gobierno de la Ciudad. Que había cinco médicos y dos ambulancias para todos esos seres apretujados que hacían una hora de cola para conseguir agua, que les llegaron a cobrar 100 pesos. Que adentro del lugar había, como mínimo, veinte dealers. Que las autoridades porteñas todavía no contestaron la intimación que les envió el juez Sebastián Casanello para que precisen qué funcionarios de la Agencia de Control debían actuar ese día.

El desafío que enfrenta el juez que finalmente quedó a cargo del caso es el de desentrañar en qué consiste esa alianza entre el ámbito estatal y el privado que cobija el desarrollo de estas fiestas que dan ganancias millonarias al lucrar con el derecho al placer y al entretenimiento, a riesgo de destruir vidas.

Pastillitas

A cuento del desastre de la Time Warp, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, encadenó una serie de frases que muestran la escasa comprensión y dimensión que hay sobre un problema tan vasto. “¿Si la pastillita es tan chica, ¿cómo se controla eso?”, “no sé bien”, “por más gente que haya; y aún si controlan, ¿les van a sacar la pastillita a los chicos y se arma un lío”, dijo Michetti. Las “pastillitas” son drogas sintéticas que se elaboran con facilidad en laboratorios precarios y son una fuente de fortuna para las organizaciones de narcotráfico. Conforman un mercado ilegal, pero su consumo será penado o no según quien interprete la ley. Algunas, como las metaanfetaminas (conocidas con nombres como Cristal) o las parametoxianfetaminas (Superman) generan efectos de energía y bienestar que permiten transitar fiestas maratónicas, pero generan dependencia y en dosis elevadas pueden ser letales. Los laboratorios experimentan, mezclan sustancias, hacen combinaciones, cambian los colores de las pastillitas, los logos. Muchas tienen nombres de autos: Mercedes Benz o Volkswagen son las que ofrecían algunos jóvenes en Costa Salguero. Nadie sabe bien qué contienen ni qué efectos producen si se las consume junto con otras drogas o con alcohol.

La primera reacción de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pareció desviarse de uno de los grandes supuestos objetivos de gobierno del macrismo, el de “luchar contra el narcotráfico”. Apenas el juez Casanello allanó las dependencias de la Prefectura en busca de los contratos de servicios “adicionales” para la Time Warp del viernes 15 a la noche, la funcionaria presentó un escrito en la causa acusando a secretarios del juzgado. Les atribuía haber aconsejado a los prefectos que no se metieran con los jóvenes que iban a la fiesta y los dejaran disfrutar. Bullrich lo difundió enseguida por Infobae, con un facsímil. Casanello le contestó con una resolución que incluía la defensa por escrito de sus secretarios, que desmentían todo lo dicho por ella, y le advirtió que entorpecía la investigación. No había que hacer mucho esfuerzo, desde el minuto cero en que la Prefectura dijo que no había drogas, para darse cuenta que por lo menos –como dictaminaría después el fiscal Federico Delgado– la fuerza hizo “la vista gorda” en un evento donde todo lo que sucedía, y eso incluye la venta de estupefacientes, era descomunal.

Otro de los primeros datos elocuentes fue que los agentes guardaron en un patrullero de la fuerza una bolsa repleta de drogas (pastillas, marihuana y frascos) y la entregaron a la fiscalía recién el sábado a la tarde, más de seis horas después del procedimiento en el predio. Alegaron que era el producto del cacheo en la entrada y que la habían recibido de manos de la empresa de Seguridad contratada, la Siseg. Una abogado de Siseg salió ayer a desligar a la empresa de la bolsa con droga. Tanto los prefectos que hacían adicionales como los hombres de seguridad tienen obligación de reportar cualquier posible ilícito. Algunos de los testigos incluso declararon que el personal de seguridad también habría estado bajo los efectos de las pastillas.

En relación a la Prefectura, con los días Bullrich cambió de tesitura. Ayer anunció que separó de sus cargos a los jefes de la zona Río de la Plata y de Narcotráfico de Prefectura mientras se investiga sus responsabilidades (ver aparte). Hay 39 agentes suspendidos y los 19 que estaban en el lugar fueron llamados ya a indagatoria. La circulación de droga no es el único problema que enfrentan: las muertes de las dos jóvenes que se produjeron adentro del predio fueron informadas a la justicia recién dos horas después de ocurridas.

La causa penal tiene dos grandes vertientes, una enfocada en la organización y el cumplimiento de determinadas normas para eventos públicos con expendio de bebidas alcohólicas, la otra en la venta de droga, su ingreso al país y sus proveedores. En términos de responsabilidad penal, además de la cuestión del tráfico de estupefacientes, el centro es la muerte de cinco personas. ¿Son homicidios? ¿Hay alguien a quién responsabilizar? Es altamente probable, según los resultados iniciales de las autopsias, que hayan fallecido por la ingesta de sustancias con alto nivel de toxicidad, que podrían ser éxtasis en combinación con algo más. ¿Los cuatro ingirieron lo mismo? ¿Tiene culpabilidad el proveedor de droga? ¿La organización de la fiesta? ¿O quienes perdieron la vida serán considerados responsables de las terribles consecuencias de sus actos? Los estudios toxicológicos que hace el Cuerpo Médico Forense demorarán por lo menos diez días más. Es decir, hoy no se sabe con certeza qué mató a los chicos.

La organización

Sobre la organización, se conoce que fue de la empresa Dell Producciones, pero todavía no está claro cuál es la vinculación con los concesionarios del predio Costa Salguero, si alquilaron los pabellones o si hay una relación comercial vinculada a las fiestas. El fiscal Delgado pidió y Casanello ordenó la detención del presidente de Dell, Adrián Conci. El empresario no consiguió la eximición de prisión pero encontró un margen para escabullirse y está prófugo. Como mínimo, enfrenta el cargo de facilitar un lugar para la venta de drogas, delito con penas de tres a doce años de prisión. Su socio Diego Herrera, con quien tienen la concesión del boliche Pachá hasta el año 2020, ya fue citado a indagatoria. También debe presentarse como sospechoso Martín Gontad, conocido como el Rey de la Electrónica, titular de la empresa 2 Net que junto con Dell tienen la representación de Creamfields, fiesta electrónica tradicional. Gontad declaró como testigo y dijo que había estado en la Time Warp como asesor artístico. Quedó sospechado al no dar precisiones.

Costa Salguero, como informó el periodista Werner Pertot, es el lugar que Mauricio Macri elige históricamente para festejos diversos, desde las victorias electorales hasta su propio casamiento. La concesionaria es la firma Telemetrix, de la que es accionista Fernando Polledo Olivera, el marido de la vicepresidenta de la Legislatura Porteña, Carmen Polledo. Por ahora estas ramificaciones están en análisis.

La empresa Dell pidió habilitación al gobierno porteño para hacer una fiesta a la que estimaban que a lo sumo asistirían 13 mil personas. La Dirección de Habilitaciones de la Agencia de Control Gubernamental porteña concede la habilitación sin ningún tipo de medida previa, y habilita para la cantidad solicitada. En el primer procedimiento, la fiscalía encontró que si bien había molinetes en la entrada, no tenían los aparatitos contadores de la gente que entra. Se los habían llevado y no fueron hallados. Pero de un celular de Conci se pudo acceder a un grupo de WhatsApp que tenía con otras personas de la organización, que iban informando a lo largo de la noche cuánta gente entraba. El número no paró de crecer hasta las siete de la mañana, cuando se clavó en 20.500. Como el Gobierno de la Ciudad debe enviar controladores, el juez Casanello pidió que le informen quiénes eran, pero todavía no tuvo respuesta. Igual citó a indagatoria a tres inspectores de la Dirección General de Control y Fiscalización.

Otro factor es que los cinco médicos, diez socorristas y dos ambulancias contratados, que no podían ser suficientes para la cantidad de asistentes. Según averiguaron los investigadores, la Cruz Roja hubiera previsto más del doble de personal y vehículos para un evento así. Y esto no incluye el análisis de la idoneidad de las empresas contratadas para esa tarea delicada: Semec para los médicos y ambulancias, Sec para los socorristas y un puesto de salud.

En la mayoría de los cincuenta testimonios recogidos hasta el momento, se repitieron descripciones de hacinamiento, falta de ventilación y de agua durante la fiesta. Hay versiones de que faltó suministro de agua corriente y de que el agua en botella era asequible sólo tras una hora de cola y pagando entre 40 y 100 pesos. La hidratación es elemental en este tipo de eventos. El agua que se vendía es marca Block, elaborada por Energy Group, la empresa que también produce la bebida energizante Speedy y es del abogado Víctor Stinfale, que tuvo como clientes a Diego Maradona y Carlos Telleldín, y que incursionó en los negocios de la noche. El legislador porteño Gustavo Vera, de la Fundación Alameda, se presentó ante Casanello con elementos que mostrarían que hay un holding de empresas que se ocupa de todos los aspectos de la fiesta, incluida la venta de pastillas. Y señaló que Stinfale y su pareja, Viviana Fasano, tendrían un papel protagónico. El juez aceptó a La Alameda como amicus curiae en la causa, un tercero interesado que puede aportar datos.

El agua y las bebidas que se vendían debían ser supervisadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, pero esa área no intervino. Sus dependencias fueron allanadas el viernes, al igual que las de Control de Calidad Ambiental y de la Dirección de Limpieza. Al parecer, los controles no existieron o no funcionaron.

En oficinas de las empresas privadas y las del sector público que fueron requisadas se secuestraron documentos, computadoras y teléfonos. Con todo eso se cruzará información, nombres y sociedades.

Drogas

Para la investigación, una ventaja de los testimonios es que como se toman bajo las reglas de la ley de estupefacientes, con reserva de la identidad de las personas, suelen ser completos y espontáneos. En el primer procedimiento que se hizo en la mañana del sábado, había todavía gente en el lugar que se prestó a testificar. Luego, el Ministerio Público Fiscal y el juzgado convocaron públicamente para que se presenten a declarar quienes puedan aportar información útil. En buena parte de los relatos aparece con claridad una descripción que asocia indefectiblemente el ritual de las fiestas electrónicas con las drogas sintéticas. Los testigos lo hacen con naturalidad, sin registro de que podría estar en juego una violación a la ley, aunque en ciertos casos sí sobre los riesgos para la salud, respecto de los cuales hay jóvenes que refieren recurrir a páginas o grupos enfocados en reducción de daños. Entre los testimonios muchos facilitaron datos sobre quiénes son proveedores y sus teléfonos. Hay jóvenes que compran la droga afuera de la fiesta, porque es más barata y les resulta más confiable, aunque es posible que coincidan ciertos vendedores. Una versión indicaba que se vendían entradas con pastillas. Las drogas que, según las declaraciones, eran ofrecidas ni bien se ingresaba a la fiesta eran éxtasis, LSD, ketamina, cocaína y marihuana. Los investigadores calculan que como mínimo habría veinte personas vendiendo drogas adentro del lugar. Todavía entre los investigadores hay cierta expectativa por el testimonio de los tres sobrevivientes, intoxicados.

Esta semana tres hombres fueron detenidos por la venta de droga en la fiesta: Lautaro Crespo, de 22 años, Rafael Orlando Ramírez Lebrón, de 39 y John Sebastián Giraldo Guerrero, de 28, que se negaron a declarar. Crespo es el que estaría más comprometido porque le encontraron en su casa una balanza, 17 pastillas de distintos colores y entradas para la fiesta Time Warp. La Procunar llegó al detenido por las escucha de otra investigación que tramita en el fuero penal económico, por el ingreso de dos holandeses con un cargamento de pastillas desde Uruguay, que Crespo había estado esperando. La Procuraduría especializada no participará más de la causa porque el viernes Delgado dijo por escrito que quiere investigar solo, sin ayuda.

El juzgado tiene datos que indican que desde 2010 la Prefectura es contratada para hacer adicionales en estos eventos, pero nunca se denuncian infracciones a la ley de drogas, a pesar de que todos los que van a las fiestas electrónicas saben que las drogas de diseño forman parte del entretenimiento para muchos asistentes. Lo que es evidente es que se trata de una gran maquinaria donde organización privada y estado –no como ausente, sino como partícipe– van de la mano y se montan sobre los jóvenes, vulnerables ante todo aquello pueda ofrecer algo de satisfacción, bienestar, sensación de pertenencia, de fortaleza, de saciedad. Es un problema donde se mezclan la salud pública (y la falta de políticas en el área), la tiranía del capitalismo, las guerras empresarias y las políticas. Donde el sistema judicial se ve en la situación de dar respuestas a reparar lo que no será el todo sino con suerte una parte.

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Imagen: Joaquin Salguero
 
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