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Costo y beneficio

 Por Horacio Verbitsky

El pedido de asesoramiento técnico al Fondo Monetario Internacional para reelaborar un índice nacional de precios al consumidor es un nuevo costo que el gobierno de CFK paga por la vandalización del instituto estadístico, lo cual realza las oportunidades que su gobierno perdió para salir antes de su propia trampa. El peor efecto fue la devaluación de la palabra pública, porque la mentira en un rubro que cualquiera puede apreciar con sólo ir hasta la esquina pone bajo sospecha cualquier afirmación sobre temas más difíciles de controlar. Otra consecuencia fue la aceleración inflacionaria: los cálculos interesados y descomedidos de las consultoras sólo pudieron arraigar en la tierra arrasada del Indec. La revalorización social del gobierno definió un buen momento para apurar un mal trago como éste. Lo decidido es apenas el mal menor, contra una ruptura estridente con el organismo auditor de las naciones más poderosas del planeta. Esto hubiera debilitado la posición del país en el G20, donde Cristina seguirá cuestionando las recetas del neoliberalismo con las que Estados Unidos y Europa no consiguen dejar atrás la crisis, que acorrala a sus gobiernos hacia la derecha, y que la Argentina seguirá sin aceptar. Fue el Premio Nobel de Economía Paul Krugman quien le explicó a las cámaras patronales que lo invitaron que la política de los Kirchner era más corajuda e inteligente que la de Obama y que la inflación argentina era manejable. El riesgo es que el gobierno sólo haya logrado posponer por unos meses el conflicto, que podría estallar en plena campaña electoral, entonces con un FMI relegitimado por el pedido oficial de auxilio. Esto no dejaría otro camino que el liso y llano abandono del organismo. Otros frentes abiertos, sobre los que machaca con emocionada insistencia la prensa opositora, son las causas en la justicia por las obras sociales y respecto del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En ambos casos hay una derivación posible respecto del financiamiento de las campañas electorales. Pero en ninguno roza la consideración pública por la presidente, un fenómeno que también experimentaron Ricardo Lagos y Lula. El obispo de Gualeguaychú Jorge Eduardo Lozano y la escritora marxista Beatriz Sarlo publicaron sendas opiniones al respecto en La Nación, cuyo pluralismo no tiene límites si se trata de afear al gobierno. Lozano incluyó en su artículo “Corrupción e impunidad, mellizas malditas” una interminable enumeración de hechos de fecha y carácter diversos, hasta reducirlos a una papilla abstracta para arrojar al rostro oficial. También mencionó encuestas sobre corrupción, pero no aquella de Poliarquía según la cual el 60 por ciento considera al actual gobierno menos corrupto que el de Menem y apenas el 10 por ciento más corrupto. El mismo día, Sarlo propuso una discusión con los intelectuales y artistas que simpatizan con el gobierno, fenómeno que otros propagandistas de la misma tribuna prefieren disimular. Las razones de ese apoyo serían “el regreso de la política después de la crisis, el carácter popular de la gestión social de la pobreza y el restablecimiento de una noción de soberanía nacional”. Pero recrimina que no se incluyan en la lista la corrupción institucional, las presiones sobre la Justicia, los delitos económicos, el gerenciamiento clientelístico de la miseria, y el acuerdo con los representantes más típicos del caudillismo provincial o municipal y el sindicalismo mafioso. “La victoria cultural se apoya precisamente en esos olvidos” y “se establece una jerarquía de valores”, dice. “Restituir un lugar significativo a la política es discutir esa jerarquía que el kirchnerismo intelectual acepta como límite”. Más matizado que el de Lozano, este análisis omite, de todos modos, cualquier referencia a la estructura social y económica con que Kirchner se encontró en 2003, los pasos significativos que dio para modificarla y las furibundas reacciones que cada mejora en la situación popular provocó. Ignora que por primera vez en 80 años un gobierno integró la Corte Suprema de Justicia con juristas respetados a los que no podría presionar aunque quisiera. Omite el espacio sin precedentes que el kirchnerismo ha reconocido a la central alternativa de trabajadores, que no pudo aprovecharlo a fondo por sus graves problemas internos. No parece al tanto de la renovación en varias comunas bonaerenses, en las que los candidatos kirchneristas desplazaron a los caudillos tradicionales. Desconoce, o no le parece significativo, que la conducción de la CGT haya pasado a manos de quienes resistieron la destrucción de la producción y el empleo durante la década del espanto. Tampoco reconoce el notorio avance de calidad institucional que implica la Asignación Universal por Hijo, una política social superior a las equivalentes de México, Brasil y Chile, que se aleja del clientelismo primitivo practicado desde las cajas PAN de Alfonsín en adelante, tanto por los criterios objetivos de selección como por el método electrónico de pago. Por último atribuye a los intelectuales que valoran estas diferencias una aceptación de los aspectos negativos que no se molesta por demostrar. No se pregunta por las razones profundas de quienes batallaron contra la devastación neoliberal para defender la situación presente. Nadie que se respete a sí mismo podría negar que existen hechos de corrupción, pero nadie que respete a su interlocutor debería ocultar que nunca fue más bajo el grado de impunidad, que por primera vez las investigaciones avanzan antes de que termine el mandato presidencial, que la investigación de las obras sociales se inició por denuncia del actual gobierno. No sólo han debido renunciar por ello ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, también fueron procesados altos funcionarios, como el propio Jaime, dirigentes sindicales como Juan José Zanola e incluso recaudadores de campaña como Héctor Cappacioli, mientras espera turno José Pedraza. Bienvenido el debate, ahora que por primera vez desde ese lado se escuchan argumentos, aunque pobres e incompletos, en lugar de los habituales insultos.

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