El hasta ayer obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres Plano, destituido “por serias razones pastorales” según el comunicado de la Santa Sede, cobijó en su diócesis durante ocho meses, hasta fines de abril último, al capellán argentino Aldo Vara, con pedido de captura internacional por delitos de lesa humanidad. Vara murió días después, arrestado en la misma parroquia donde vivió como prófugo de la Justicia argentina, pero su huida no fue gratuita para la Iglesia Católica: el arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, fue procesado por encubrimiento agravado y por desobediencia, ya que nunca dejó de pagarle por medio de un apoderado un Fondo Integral de Solidaridad (Fides) sobre el que omitió informar a la Justicia. Livieres Plano y el párroco Ecar Rolón tuvieron mejor suerte: pese a que justificaron el encubrimiento, nadie les pidió explicaciones.

Es improbable que la protección que la Iglesia le dio al prófugo Vara desde las diócesis de Ciudad del Este y Bahía Blanca forme parte de las “razones pastorales” que derivaron en la decisión del papa Francisco de destituir a Livieres Plano. El encubrimiento de funcionarios eclesiásticos denunciados por distintos delitos es una vieja costumbre de la institución. Mucho antes que Vara, otro capellán, Christian von Wernich, estuvo siete años escondido en una parroquia de Quisco, en Chile, donde daba misa con otro apellido.

Vara se refugió en Paraguay en agosto del año pasado, cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca revirtió una resolución del juez subrogante Santiago Martínez y ordenó su captura. El Estado ofreció poco después una recompensa a cambio de información para dar con su paradero, pero durante ocho meses ni obispos ni párrocos ni feligreses acusaron recibo.

“Interpol lo arrinconó y acordaron su presentación ‘voluntaria’”, informó tras la captura el periódico E’a bajo el título “Iglesia paraguaya protegió a cura argentino acusado de torturas”. Una alta fuente de Interpol confió al diario que lo encontraron en la parroquia Virgen del Rosario y que como era “una persona mayor” le concedieron ese inusual beneficio. El párroco Rolón, que lo acompañó durante el simulacro de entrega, no ocultó ante la consulta de la prensa su conocimiento sobre la situación procesal de Vara. “Salió (de la Argentina) porque no era un proceso justo”, dijo al diario La Vanguardia para justificar el encubrimiento. Sugirió que el ex capellán del Batallón de Comunicaciones 181, imputado por delitos de lesa humanidad, sufría una persecución, y agregó que “se siente martirizado y golpeado por algo externo”.

Livieres Plano, más precavido, se dirigió “a los fieles y medios de prensa” mediante un comunicado oficial. “Habiendo conocido que pesaba sobre él una orden judicial, emanada de autoridades argentinas, se presentó” ante Interpol, escribió en un claro intento de desmentir las publicaciones que habían informado sobre la falsa entrega voluntaria. Apuntó que el ex capellán ayudó “en la liturgia y otras actividades” y aclaró que “esto era posible al no existir sanción canónica”. Luego enumeró puntos relevantes para el frente interno, donde el caso Vara se sumó transitoriamente a su polémica con su colega Pastor Cuquejo, y mencionó un dato que repercutió en Bahía Blanca: Vara “fue recibido en la Diócesis de Ciudad del Este a pedido de su obispo”, apuntó. Sobre la orden de captura internacional, que no podía desconocer, prefirió no hablar.

Vara murió el 3 de mayo, cinco días después de su arresto, mientras comenzaba el trámite de extradición a la Argentina. “Fue encontrado muerto en su habitación de la parroquia Virgen del Rosario”, informaron medios locales. A mediados de junio, el juez federal subrogante Alvaro Coleffi procesó a Garlatti, quien no supo justificar su silencio sobre el pago del Fides cuando el mismo juez le había reclamado “todos los datos” sobre el prófugo. “No se me ocurrió”, dijo, e incluyó en el desliz a todo el personal del arzobispado bahiense: “A nadie se le ocurrió pensar dónde iba a parar esa plata”, aseguró. El procesamiento alcanzó también al empresario Leopoldo Bochile, el apoderado que cobraba mes a mes. La pata paraguaya del encubrimiento, que hasta ayer incluía a un obispo, permanece impune.