16:47 › CIERRAN POR LEY LAS “WHISKERIAS” EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Un lugar menos para la trata

La Legislatura porteña aprobó la norma que ordena cerrar en 90 días los llamados locales “Clase A” y prohíbe el trabajo de las “coperas” o “alternadoras”, con el objetivo de prevenir y combatir la explotación sexual de personas. Esos locales estaban habilitados desde el año 1976.

La Legislatura porteña aprobó por 41 votos a favor y 19 abstenciones una ley que ordena cerrar en 90 días en la Capital Federal los locales “Clase A”, conocidos como “whiskerías”, y prohíbe el trabajo de las “coperas”, también llamadas “alternadoras”, con el objetivo de prevenir y combatir la trata de personas.

La nueva Ley, que impulsó el diputado Gustavo Vera, sumó el apoyo del oficialismo, ya que la vicepresidenta primera del cuerpo, Carmen Polledo, es coautora de la iniciativa, junto al legislador Omar Abboud. Por la abstención se pronunciaron el Frente para la Victoria, los bloques de izquierda, el PSA y SUMA+.

Los fundamentos del articulado señalan que la tarea de las “coperas” para “alternar” con los clientes, eventualmente bailar con ellos y finalmente, hacerle pagar tragos, encubre la explotación sexual de las mismas por parte de proxenetas. Los locales “Clase A” existen desde el año 1976, a partir de una ordenanza que permitía “contratar” empleadas para “alternar” con los clientes.

La ley que se aprobó hace caducar las habilitaciones a las “whiskerías” y a todos los locales donde “se promueva, facilite, desarrolle o se obtenga provecho de cualquier forma de explotación de la prostitución”.

Polledo explicó en el recinto que la Ley busca “combatir el flagelo de la trata” y sostuvo que detrás de las mujeres que trabajan en esos locales existen situaciones de ese tipo. Por su parte, Vera defendió el proyecto y explicó que las normas que se derogan hoy “le permiten al dueño del local ser un rufián, un proxeneta” y aseguró que “las alternadoras no trabajan, sino que están siendo explotadas”.

Los diputados que impulsaron la norma señalaron que “se inscribe como una política pública concreta en el marco de la lucha contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, estableciendo medidas concretas en relación a la problemática que se enfrenta y en consonancia con la normativa internacional y nacional vigente en la materia”.

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