EL PAíS › LOS CIVILES EN LA DICTADURA

A la espera de arrestos

 Por Victoria Ginzberg

El fiscal federal de La Plata Sergio Franco reiteró el pedido de detención del gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura Ibérico Saint-Jean y su ministro de Gobierno, Jaime Lamond Smart. El juez federal Arnaldo Corazza podría ordenar en los próximos días el arresto de los ex funcionarios. La causa fue iniciada por los hijos del periodista Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, detenido ilegalmente en varios centros clandestinos bonaerenses.

La denuncia contra los funcionarios de la dictadura (Saint-Jean era militar retirado y Smart civil) fue realizada por el abogado Alejo Ramos Padilla en septiembre del año pasado, mientras se realizaba el juicio contra el sacerdote Christian von Wernich. En representación del actual embajador en Estados Unidos, Héctor Timerman (foto), y su hermano Javier, Ramos Padilla solicitó la detención de otros seis civiles que prestaron funciones durante el terrorismo de Estado. A esa presentación se sumó luego la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otras víctimas que estuvieron secuestradas y fueron sometidas a tormentos en el centro clandestino Puesto Vasco.

Los acusados no fueron señalados sólo por haber formado parte de la burocracia represiva. Se les imputó participación directa en el secuestro del director de La Opinión y haber estado presentes durante los “interrogatorios”, que iban acompañados de torturas.

Uno de los indicios que llevaron a involucrar a estos funcionarios surge de un libro que escribió el propio Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense de la dictadura: en El caso Timerman, el represor les agradece su “colaboración”. En ese texto, Camps señaló que “para la investigación y los interrogatorios se utilizó el mismo equipo que había actuado en el caso Graiver (...) Además, un equipo de integrantes del gobierno provincial, ajenos a la institución policial, colaboró aportando las bases para la consideración jurídica, de carácter económico y para establecer cuál era el verdadero trasfondo de la publicación a través del análisis del contenido de todos los números de La Opinión”. Es también Camps quien allí reconoce que le informó del secuestro de Timerman a Carlos Guillermo Suárez Mason y a Saint-Jean: “En el caso Timerman había dos superiores a quien rendir cuentas: al gobernador, por ser la autoridad natural de la policía, y el comandante del Primer Cuerpo de Ejército”.

Al sumarse a la querella, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló que Saint-Jean “ostentaba el mando superior de la policía, por encima incluso de Camps”. De Smart dijo que era “un eslabón necesario entre el gobernador y el jefe de la policía, al menos en la facilitación de los medios necesarios para la operatoria militar del terrorismo de Estado”.

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