EL PAíS › PIDIERON 25 AñOS DE PRISIóN PARA EL EX PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL CORRENTINA

Un ruralista a punto de quedar pegado

Es el capitán retirado Carlos De Marchi, a quien apodaban “El Electricista”, por su manejo de la picana. Está acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos junto a otros cuatro represores en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes.

 Por Diego Martínez

El ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, capitán retirado Juan Carlos De Marchi, bautizado por sus camaradas “El Electricista”, por sus destrezas con la picana eléctrica, podría ser condenado a 25 años de prisión. Esa es la pena que solicitaron ayer los abogados querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mario Bosch y Daniel Domínguez Henaín, en el juicio contra cinco represores del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, el primero por delitos de lesa humanidad del interior del país. Hoy concluirá el alegato de la querella particular a cargo de Diego Vigay, que representa a familiares de dos de las víctimas y a la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes.

Luego de cinco meses de audiencias y más de noventa testigos, el juicio ingresó esta semana en su etapa final. Los abogados también solicitaron 25 años de prisión para el coronel retirado Horacio Losito, agregado militar en Italia hasta su detención en 2003, y cadena perpetua para el coronel retirado Ramón Manuel Barreiro, a quien le imputan el homicidio de Rómulo Artieda. Luego de su cautiverio en el Regimiento 9, Artieda fue asesinado y enterrado en una fosa común del cementerio de Empedrado. De allí lo exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los ex represores también son juzgados por asociación ilícita, por la desaparición forzada de Juan Ramón Vargas y una veintena de secuestros y tormentos agravados.

Frente al planteo de De Marchi, sindicado como jefe de la asociación ilícita, quien sostiene que pasó a retiro el 20 de agosto de 1976, Bosch destacó que en su legajo consta que en noviembre de ese año reiteró un pedido de retiro. También lo desmiente el legajo de Losito, quien reclamó al Ejército por secuelas de un operativo “antisubversivo” que compartió con De Marchi en 1977. El empresario ganadero dijo que pidió su retiro porque su rol como militar era incompatible con su actividad privada. Para demostrarlo presentó una escritura de venta del establecimiento Santa Rosalía. “Fíjese qué casualidad, señor presidente, la venta se la efectuó a Blaquier, involucrado con ‘La noche de los apagones’ en Ledesma, Jujuy, en una suerte de solidaridad genocida”, describió Bosch.

Para intentar desvincularse de los secuestros y torturas a varios sobrevivientes, la defensa de Barreiro argumentó que entre agosto y noviembre de 1976 realizó un curso de comandos que no figura en su legajo. Para probarlo citó a varios militares. El coronel retirado Eduardo Muzio, ex instructor, dijo que apartó del curso a Barreiro “por dormirse”, pero llamativamente no recordó a ningún otro alumno. El ex carapintada José Martiniano Duarte recordó entre sus compañeros de curso a Barreiro y al coronel Daniel González Deibe, quien había admitido que no pudo ingresar por “falta de cupo”. También lo recordó el general de Brigada Sergio Fernández, actual comandante del Cuerpo II, quien dijo ignorar la existencia de detenidos civiles en unidades militares y desconocer el significado de la sigla LRD, o “lugar de reunión de detenidos”, como los militares llamaban a los centros de reclusión y exterminio.

Domínguez Henaín también solicitó que se condenara a 18 años de cárcel al ex sargento Carlos Roberto Píriz y al gendarme Raúl Alfredo Reynoso. En el primer caso, la disminución es por su baja jerarquía. En el de Reynoso, “El Astiz correntino”, porque le imputan menos delitos. Reynoso realizó tareas de inteligencia sobre la familia Artieda. En su descargo dijo que la madre de la víctima, ya fallecida, le entregó la dirección de su hijo para “salvarlo” de la patota del Ejército. La acusación lo desmintió: presentó una carta, que nunca llegó a manos de Artieda por la detención del emisario, en la que consta que la madre desconocía su paradero.

Ante el insólito argumento del defensor Eduardo San Emeterio, quien planteó que “todo el mundo sabía que allí había detenidos”, Domínguez Henaín explicó que la legalidad “no surge de la popularidad” de un centro clandestino de detención “sino de los más elementales principios de legalidad y legitimidad”. Que millones de personas jueguen en la quiniela clandestina no la vuelve legal ni menos clandestina, ejemplificó.

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En su rol de ganadero, el represor De Marchi condujo la Sociedad Rural de Corrientes.
Imagen: Leandro Teysseire
 
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