EL PAíS › SE INCORPORARON DIARIOS DE LA éPOCA EN LA CAUSA CONTRA CARLOS BLAQUIER

Pruebas contra Ledesma

En los artículos periodísticos hay antecedentes de las futuras persecuciones. En la causa por los secuestros en el Ingenio Ledesma, aportan información sobre el conflicto con la comisión interna y desmienten argumentos del empresario.

 Por Alejandra Dandan

Los artículos de los diarios de 1973 a 1983 están nutriendo a modo de prueba causas de complicidad empresaria durante el terrorismo de Estado. Muchos de los conflictos gremiales, por ejemplo, permiten encontrar antecedentes a las futuras persecuciones. La causa por los secuestros en el Ingenio Ledesma cuenta con algunas valiosas piezas documentales en el expediente. Viejas notas fueron evaluados por la Cámara de Apelaciones de Salta y las querellas ahora esperan que sean bien miradas por la Cámara de Casación. En conjunto muestran muchas de las razones de los conflictos que llegaron después. Pero, sobre todo, desmienten la idea del “estado de bienestar” con el que el empresario Carlos Pedro Blaquier intenta defenderse desde hace años, cuando muestra al ingenio como proveedor de viviendas, hospitales y hasta escuelas.

“En los lotes de Ledesma SAAI son deplorables las condiciones generales de vida de la población zafrera, ‘se repite el panorama lamentable de hacinamiento, promiscuidad y alta exposición al riesgo de enfermar y morir’”, señala el diario Norte, de Salta, el 12 de agosto de 1973. “Esta situación llega a límites extremos e inadmisibles en El Talar, donde más de 10.000 personas se aglomeran en el más alto grado de hacinamiento que se ha observado en la provincia.” A continuación, el mismo diario señala que Ledesma no cumple con 39 de los 69 incisos de las obligaciones pautadas por la Subsecretaría de Salud Pública de Jujuy; que “la dotación de camas” en el hospital alcanza el “50 por ciento”; que faltan medicamentos y agua potable.

Del estado de bienestar al estado esclavo

Un artículo del mismo día y en el mismo diario, con el título “La inspección a Calilegua”, reseña el resultado de otra inspección de la Subsecretaría de Salud a Calilegua SAAIC, parte del conglomerado Ledesma. “Puede afirmarse que una de las peores condiciones de vida observada en la provincia (...) se comprueba en los lotes del personal zafrero en la zona del ramal. La situación es irregular desde cualquiera de los ángulos que se analice –dice–: laboral, sanitario y social. El contraste que se comprueba en esa zona de altísima productividad y de bajísimo nivel de vida de sus trabajadores se puede sintetizar señalando que las condiciones de marginalidad y explotación siguen vigentes. Estas situaciones son:

- Condiciones infrahumanas de vivienda, promiscuidad y hacinamiento incompatibles con la dignidad del hombre. Mal nutrición y falta de atención médica. Carencia de servicios sanitarios mínimos.

- Se ha comprobado la existencia de hasta cuatro familias (15-16 personas) hacinadas en pocilgas de 10 metros cuadrados. Sin luz, sin agua, sin ventilación, durmiendo en el piso de tierra. La salud, el decoro y la privacidad del núcleo familiar no cuentan para estos marginados.

Ante esta transgresión a la Ley 1655, la subsecretaría emplazó a la empresa Calilegua SAAIC a adecuar sus servicios. Vencidos los términos, se le impuso una multa y se la ‘emplazó’ nuevamente para que se adecue.”

La conflictividad

Una constante en las causas de complicidad empresaria es el emergente de conflictividad obrera en dos direcciones: con los directivos y dueños de empresas y con la “burocracia sindical”. Como sucede en otras causas, en Ledesma las personas secuestradas eran parte de las comisiones internas o trabajadores activos y comprometidos. El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ledesma estaba, de hecho, detrás de las publicaciones, estimulando denuncias públicamente. Con volantes que incluso antes del golpe denunciaban traslados ilegales de la empresa en sus vehículos. Este sindicato trabajaba detrás de las inspecciones que se hacían y también respaldaba a Luis Aredez, médico de pueblo, radical, asesor del sindicato e intendente de la localidad de General San Martín entre 1973 y 1976 a pedido de esos mismos trabajadores.

Esta es otra perla del expediente. A Aredez lo secuestraron el 24 de marzo de 1976. La familia siempre dijo que se lo habían llevado porque fue el único intendente que se “le atrevió a la empresa” y la obligó a pagar impuestos. Ledesma negó esa conflictividad. Pero una nota da cuenta de ese conflicto. Además, lo enmarca en una preocupación más amplia, con el crecimiento del lopezreguismo y la persecución a intendentes y gobernadores con “una buena actitud hacia los reclamos obreros y populares”.

El artículo es del 10 de febrero de 1974: “Alrededor de 800 personas –obreros de Ledesma– se presentaron en el público despacho del intendente Aredez y le hicieron conocer su adhesión, a través de una resolución que tomó el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Allí dicen que en los últimos tiempos ha existido una campaña nacional de los sectores continuistas contra los intereses populares, expresada a través de la renuncia o destitución de gobernadores, intendentes u otros funcionarios que tienen una buena actitud hacia los reclamos obreros y populares dando como ejemplo la destitución de (Oscar) Bidegain en Buenos Aires, las presiones a (Miguel) Ragone en Salta y a (Ricardo) Obregón Cano en Córdoba. Refieren que eso también sucede con Aredez, a quien se le pidió la renuncia ‘para reemplazarlo seguramente por una persona más complaciente a los intereses de Ledesma SAAI’”, señala ahora la resolución de la cámara que tomó ese artículo. Y agrega: “El intendente Aredez le ha ajustado con justicia las clavijas a Ledesma SAAI exigiéndole el pago de los millones de pesos que le adeudaba a la comuna por impuestos impagos y luchaba constantemente por terminar con el manoseo de la asistencia médica que el Hospital Ledesma está acostumbrado a cometer con los compañeros trabajadores”. Así resuelven comprometer su apoyo al intendente, llamando a efectuar el repudio a través de gestiones y movilizaciones contra “aquellos sectores que tratan de lograr la destitución o renuncia del cargo y nombran una comisión” para que “el doctor Aredez permanezca en su puesto”.

En otro artículo del diario El Pregón, de febrero de 1974, hay algo parecido. Los obreros emplazan a Ledesma a reincorporar a los despedidos, pero “también en esa misma reunión resolvieron hacer público su apoyo a la gestión del intendente municipal ante versiones de una renuncia al cargo, dimisión que según dijeron habría sido solicitada”. Allí dice: “Ante la actitud de la empresa Ledesma, que ante una supuesta reorganización administrativa está despidiendo a un conjunto de compañeros empleados y obreros y la incertidumbre que existe respecto del fichaje de aproximadamente 600 obreros temporarios”. Y señala que “anticipan una posible intervención del sindicato cuya comisión directiva ha sido elegida democráticamente por los trabajadores”. La nota del sindicato la firma Melitón Vázquez, secretario general: uno de los dirigentes que luego buscó refugio en Bolivia.

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Carlos Pedro Blaquier está procesado y su causa está paralizada en la Cámara de Casación.
Imagen: DyN
 
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