En una resolución de cinco carillas los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah -con la intervención del secretario Pablo Herbon- resolvieron "confirmar la resolución (dictada por el juez federal Sergio Torres) en todo cuanto dispone y fuera materia de apelación".

En este legajo de la "megacausa ESMA" se investigaba la apropiación de los bienes de los prisioneros quienes eran obligados a través de sesiones de torturas a firmar "poderes" con los que transferían sus propiedades a los represores.

Los camaristas sostuvieron que "aunque la defensa manifieste que a esta altura no sabe qué es lo que concretamente se le imputa a sus pupilos, el detalle de los hechos y amplitud que contienen las declaraciones indagatorias impiden receptar".

Al elevar a juicio este tramo de la causa el magistrado atribuyó responsabilidad a Acosta, junto a otros represores, de "haber el paquete accionario y los bienes que formaban parte del patrimonio de la sociedad Cerro Largo S.A. a través de diversas maniobras" ilícitas, como la extorsión.

La sociedad Cerro Largo S.A. de las que fueron despojadas las víctimas, pasó a denominarse Hill Ri S.A., cuyos integrantes eran "oficiales de la Armada Argentina que utilizaron nombres falsos" para ocultar su verdadera identidad.