Hace pocos días se dio a conocer la evaluación del FMI sobre la economía argentina, en donde el organismo analiza la economía local, establece las metas y realiza recomendaciones sobre qué medidas tomar. Entre los puntos destacados se encuentran frenar la rebaja de retenciones a exportaciones de soja y de las contribuciones patronales, reducir la planta de personal del sector público junto con la pérdida de su salario real y vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, lo cual desfinanciaría el sistema previsional. Asimismo, se establece una meta de inflación de 32% para el 2018 y de 21% para diciembre de 2019. 

El programa de ajuste del FMI viene a consolidar una política económica basada la desregulación del mercado financiero y el endeudamiento externo. En este sentido, los números son contundentes: mientras que la Inversión Extranjera Directa (productiva) acumulada desde el inicio de la actual gestión de gobierno fue de 5.945 millones de dólares, las emisiones de deuda en moneda extranjera ascienden a 140.000 millones. Cómo ha ocurrido en las etapas más dolorosas de la historia argentina, la mayor parte de la nueva deuda pública se utilizó directamente para financiar la fuga de capitales que ascendió a 100.800 millones de dólares en el mismo período. Es decir, por cada dólar que ingresó en inversión productiva la deuda externa aumentó 23 dólares y medio y se fugaron otros 17 dólares más.

Actualmente el 70% de la deuda pública está en moneda extranjera y la proporción de deuda con acreedores externos subió del 13% (año 2015) a 23% del PIB (2018). Estos indicadores implican un importante riesgo de sustentabilidad, no sólo en materia de divisas sino también en equilibrio fiscal, dado que cada vez que se deprecia la moneda aumentan los intereses en pesos que debe afrontar el Estado.

En su afán de crear “buenas noticias”, el ministro Dujovne celebra el la reducción del déficit fiscal primario que profundiza la contracción de la actividad económica generando desempleo. Sin embargo, el ministro no destaca el fuerte aumento del peso de los intereses de la deuda en el gasto público.  

Aun suponiendo que el tipo de cambio logre estabilizarse en torno a los 28 pesos hasta fin de año, la devaluación ocurrida hasta el momento implicó un incremento de $251.400 millones de pesos adicionales por sobre lo presupuestado para este año en concepto de amortizaciones e intereses de la deuda en moneda extranjera. Sólo este diferencial de gasto es equivalente al 80% del pago total anual de salarios de la administración pública nacional, más del doble del presupuesto nacional destinado a Salud, y supera en un 43% al presupuesto anual de subsidios de tarifas energéticas y de transporte. 

Dicho de otro modo, el Estado en la era Macri no gasta menos que antes, sino que dejó de invertir en subsidios, educación, salarios, salud y jubilaciones, para pagar más intereses de deuda. Tal es el impacto fiscal directo del régimen de tipo de cambio libre determinado por el mercado que pregona el FMI. El acuerdo con el fondo es el último paso en una política económica que no sólo está afectado al bolsillo de la mayoría de la población, sino que constituye una verdadera y pesadísima herencia para el próximo gobierno y sobre todo para el conjunto del pueblo argentino. 

* Economista director del Ocepp y dirigente de Patria Grande.