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La ley de Reforma electoral se aprobó en Diputados, con la exigente mayoría agravada. La discusión fue barroca y desordenada: se consumó artículo por artículo. El oficialismo hizo concesiones y retrocedió parcialmente.

El texto definitivo, un rompecabezas, recién llegó al Senado el viernes a la noche. Con tamañas idas y vueltas entreveradas con parches, eventual mala praxis y (quién sabe) alguna manito negra en el cierre es prematuro hacer un análisis pormenorizado. Es prudente diferirlo hasta que se lea a fondo el articulado y se escuchen voces de académicos, juristas y políticos. Van a cuenta unas líneas sobre la vedette de la propuesta oficial: el apodado voto electrónico.

Los debates públicos corroboraron que esa técnica es inusual en “el mundo” al que supuestamente estamos entrando. Son contadas las democracias estables que lo aplican, es más frecuente que se haya puesto en práctica y luego discontinuado.

La mayor objeción tiene que ver con la fiscalización y el primer escrutinio en las mesas que en el razonable sistema argentino están a cargo de personas del común. El conteo de boletas puede ser lento, carencia relativísima que contrapesa la virtuosa posibilidad de que pueda hacerlo cualquier ciudadano o ciudadana que sepa leer, sumar y restar. Es complemento redondo de la universalidad y obligatoriedad del sufragio.

Sofisticar el método produce el riesgo, en caso de conflictos, de que sólo pueda fiscalizar una élite de expertos en informática.

La vulnerabilidad de cualquier sistema, comprobada en cien episodios de este siglo y en la discusión de este proyecto, ahonda las dificultades.

La posibilidad de “cortar boleta” en la Primarias Abiertas y las elecciones generales añade una traba en la emisión del voto. Es sencillo manejar la pantalla si se trata de elegir una lista. Si hay que “navegar” entre varias, se requiere cierta destreza que puede complicar la vida a más de un participante.

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El Senado escuchará en comisiones al ministro del Interior Rogelio Frigerio seguramente el martes primero de noviembre. Los integrantes de la Cámara electoral y apoderados de los partidos desfilarán, se espera, el jueves 3. Es posible que el proyecto llegue al recinto una o dos semanas después.

El heterogéneo bloque del Frente para la Victoria (FpV) tiene la llave del resultado. Su presidente, Miguel Pichetto, lidera la fracción más transigente con el oficialismo. En estos meses mostró más muñeca que coherencia ideológica, en consonancia con su trayectoria.

Senadores que reportan al gobernador de sus provincias, incluyendo los más permeables al Gobierno nacional, tal vez opongan trabas, pensando en defender las chances electorales en sus territorios (ver también nota central).

Los kirchneristas se opondrán frontalmente.

Es temerario anticipar un resultado, aunque el más factible sea una aprobación parcial con modificaciones. El proyecto debería volver a la Cámara Baja. El desenlace más posible (para nada seguro) es que subsistan las reformas del Senado, en función de las mayorías necesarias para que Diputados imponga la redacción y de la urgencia que acucia al Ejecutivo.

Entre las polémicas ya insinuadas se cuenta la necesidad (o no) de un chip en cada boleta de voto. El politólogo Andy Tow esbozó una sospecha en Twitter: “Sobre reforma política, no sé si lo que aprobó Diputados es un proyecto de ley o un pliego licitatorio a medida”. A medida y caro, añaden los críticos.

Otro problema que afrontará el Honorable Senado es que el sistema pensado no contempla un “plan B” si no se consigue ponerlo en funcionamiento en la totalidad de las mesas o en parte de ellas. Asoma un vacío legal, una nebulosa para ese supuesto, nada fantasioso. Es deseable que los camaristas digan algo al respecto, a contrapelo de la ansiedad del macrismo. Tanto deseo es otro factor para levantar la guardia ante una iniciativa que corre contra reloj, sin razones válidas que lo justifiquen.