EL PAIS › SEIS UNIFORMADOS DE LA BONAERENSE IMPUTADOS POR NEGLIGENCIA Y FALSEAMIENTO EN EL CASO POMAR

Procesados por esa vieja costumbre policial

Cuatro jefes de la Bonaerense de Salto y Pergamino y otros dos uniformados fueron procesados por la fiscalía general de Pergamino. Sobre otros dos hay sospechas. Habían archivado un llamado al 911 e inventado la realización de rastrillajes.

 Por Horacio Cecchi

Imagen: Télam.

La distancia entre la desidia del funcionario policial y la muerte de cuatro personas se redujo en forma abrumadora ayer, después de que el fiscal general adjunto de Pergamino, Mario Gómez, dispusiera el procesamiento de seis de los ocho policías imputados en el caso de la familia Pomar y la citación a declaración informativa (un status intermedio entre la declaración de un testigo y la de un acusado) de los otros dos uniformados investigados. A los procesados se los acusa de negligencia en sus funciones y a dos de ellos por la falsificación de actas de rastrillajes que nunca se realizaron. Entre los seis procesados se encuentran cuatro altos jefes locales de la Bonaerense, lo que habilita a suponer que, más que error, se ve la sombra del hábito. Los Pomar, Fernando, su esposa Gabriela Viagrán y sus hijas Candelaria, de 6 años, y Pilar, de 3, fueron hallados muertos el 8 de diciembre en la curva conocida como de Gahan, a unos 15 kilómetros de Salto, a 24 días de su desaparición, y se presume que de su propia muerte. Durante esos 24 días, la ansiosa fruición mediática por resultados alimentada por fuentes ahora procesadas abrieron un abanico de especulaciones, desde la violencia familiar hasta la fuga por deudas incobrables, pasando por la persecución mafiosa, la locura y la asonada policial.

Los procesados por el fiscal Mario Gómez, por negligencia en sus funciones, son:

- el jefe de la DDI de Pergamino, Julio Golpe, y

- el titular de la Jefatura Distrital Salto, Juan Carlos Ruiz, ambos con la jerarquía de comisario inspector, ya cercanos al vértice de la carrera.

- El jefe de la Patrulla Rural de Salto, Daniel Arruvito, y

- el jefe de Turno de la DDI Pergamino, Walter Arnaldo Barrera, ambos con la jerarquía de comisarios.

- El teniente primero Luis Quiroga, de la Patrulla Rural de Salto, y

- el teniente Benito Barcos, encargado del Puesto de Vigilancia de Gahan.

Los dos últimos, además, fueron procesados por falsedad de documento público, es decir, no haber realizado los rastrillajes necesarios y luego informarlos como realizados. A ellos se agregan el jefe de la Departamental Pergamino, comisario mayor Roberto Gabin; y el segundo de la DDI Pergamino, comisario inspector Tomás Herrera. Todos habían sido desafectados, a partir de diciembre pasado, por Asuntos Internos. La causa ya lleva tres mil fojas repartidas en 15 cuerpos, con 16 policías investigados, entre ellos los mencionados en la causa penal.

El 14 de noviembre, los Pomar habían partido en el Fiat Duna Weekend desde su casa en José Mármol hacia Pergamino. Su último contacto fue a poco de salir de un peaje en El Rodeo, Ruta 7. Esa misma noche, en la conocida como curva de Gahan, ruta 31, a unos 15 kilómetros de Salto, Pomar perdió el control del auto, quizá golpeó una alcantarilla intentando evitar un pozo (la ruta está en muy malas condiciones), mordió el costado y dio varios vuelcos en la maleza. Los cuatro, sin sus cinturones de seguridad y seguramente a alta velocidad, fueron despedidos. Sus cuerpos fueron hallados a metros del auto, que apareció dado vuelta. Pero veinticuatro días después.

En realidad, el caso de los Pomar puede tomarse como un manual sobre el funcionamiento de buena parte de la imagen pública de la inseguridad, en la que funcionarios policiales y ansiedades mediáticas van construyendo parte de una espiral que se retroalimenta.

El 16 de noviembre, después de que las imágenes del Fiat rojo dieran vueltas por todas las pantallas de TV, Casimiro Frutos, un albañil que se dirigía hacia la ciudad de Rojas en micro, divisó al Duna rojo dado vuelta. No le dio importancia hasta que lo vinculó con el auto de los Pomar. El 27 de noviembre decidió llamar. “Al principio –explicó Frutos a los medios en aquel momento– pensé que era un auto abandonado, como tantos que hay, pero después de comentar con mi señora lo que había visto, me dijo que llamara al 911. Cuando estuve seguro de que era, llamé. Me atendió alguien, no sé quién, le di mi apellido, mi dirección y mi celular. Expliqué todo lo que había visto en el montecito de la ruta 31. Yo viajaba en el piso de arriba del micro y lo había visto. Me preguntó si lo relacionaba con información de los Pomar y le dije que sí, porque había visto que el zócalo del auto era rojo. Me dijo que me iban a llamar pero nunca lo hicieron.” Tres días después volvió a pasar por el lugar, se sentó en un asiento del mismo lado y vio que el auto todavía estaba allí.

Entre tanto, se sucedían los rastrillajes en la zona y por toda la región. El llamado al 911 fue desoído, porque se hacía tarde o porque era temprano, porque interrumpía la rutina o porque habían sido muchos llamados y todos inventaban, por miles de razones o, simplemente, porque no había ganas. Los motivos quizá se conozcan cuando tenga lugar la indagatoria, si es que los procesados aceptan declarar. En algún momento, alguien tuvo noción de que el agujero negro en el que se había perdido una familia con su caniche y su auto no era tal agujero negro, sino parte de la ineptitud cotidiana disfrazada de costumbre y burocracia y que o bien se había rastrillado la zona malamente o bien no se había realizado rastrillaje en una curva que, según los propios bomberos locales, es una fuente permanente de vuelcos y muertes.

Después, la otra costumbre policial: el falseamiento de documento público. Esto es, la falta de rastrillaje se encubrió según la acusación con una historia oficial de rastrillajes que arrojaban toda la responsabilidad sobre una mano negra que habría plantado el vehículo más tarde, con la supuesta aviesa intención de golpear hacia arriba. Mientras, los ahora acusados se habían constituido en fuentes inobjetables para la avidez de buena parte del periodismo. La historia documental quedaba refrendada por la andanada mediática.

Se interpuso, de sencillez ingenua y ética, la inquietud de Casimiro Frutos, que dejó sus señas visibles porque no tenía nada que ocultar. El 8 de diciembre, cuando se descubrieron el auto y los cuerpos de los Pomar, todavía se podía tejer la misma historia negra. Entonces, se dijo a la prensa (y los medios repitieron) que sólo el olor que despedían los cadáveres permitió descubrirlos, ya que era prácticamente imposible ver el auto, oculto en la maleza. En ese momento, nadie sabía de la existencia de Frutos. Salvo la policía.

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