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Vamos de paseo en un auto feo

 Por Mario Wainfeld

La perduración de normas legales dictadas por dictaduras militares es un atavismo lesivo para el sistema democrático. El caso más grave es la ley de radiodifusión, que consagra reglas atentatorias contra la libertad de expresión, la diversidad de emisores y el pluralismo entre otras lindezas.

En un rango ostensiblemente menor aunque también enojoso revista el régimen legal de las franquicias para compras de autos por diplomáticos extranjeros, tema que tuvo su cuarto de hora mediático en esta semana.

El tratado de Viena que da marco al sistema está reglamentado por una seguidilla de decretos del poder ejecutivo. El que marca las reglas generales es el número 25/70, dictado bajo la presidencia de facto de Roberto Marcelo Levingston. Luego lo complementaron (o rectificaron) parcialmente sucesivos decretos. Uno de ellos, dictado en 1976, durante la dictadura presidida por Jorge Rafael Videla, cobró especial interés en estos días: amplió a los agregados militares las facultades que hasta entonces tenían diplomáticos de mayor rango, cuyo tiempo de acreditación es usualmente más largo.

Ese beneficio corporativo se reguló (¿o no?) con cierto descuido que habilitó a los uniformados mayores facultades que a los propios embajadores. En todo caso, el favor corporativo se inscribió en el clima de época, de gloria y loor de los militares. Una conquista sectorial (o una prebenda) entre tantas.

Así que el régimen en el que, todo lo indica, colaron centenares de operaciones truchas es de viva estirpe dictatorial. El punto no es sólo formal, aunque lo formal también vale si de apuntalar la democracia se trata. Pero hay más, las normas dictatoriales (contra lo que rezaban sus autorretratos difundidos por selectas tribunas de doctrina) solían habilitar la discrecionalidad, la arbitrariedad y las canonjías a las élites de poder. Una pléyade de delitos jamás puede tener como condición suficiente a un sistema poroso pero es claro que esa característica los facilita.

En cuanto al decreto de Videla, que buscó mejorar la vida a los uniformados, cabe puntualizar que es una vieja semilla que todavía germina: la mayoría de los casos sospechosos que se conocen hasta ahora tienen como protagonistas a agregados militares.

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