Desde Rosario

“Litoral Gas es un actor principal”, dijo ayer el juez Juan Carlos Curto, durante un procedimiento en el edificio rosarino donde se produjo la explosión el martes pasado, que provocó once muertes y diez desaparecidos. En la misma sintonía, la fiscal Graciela Argüelles aseguró que “no se trata sólo de un error del gasista. Hay muchos actores comprometidos y lo vamos dilucidando a medida que avanzamos en la investigación. No podemos desconocer que la empresa no tiene capacitados a sus agentes para hacer un control porque hacen un control a medias. Los gasistas no están debidamente capacitados por más que estén matriculados en la empresa. Tampoco los inspectores”. El fiscal de Cámara Guillermo Camporini afirmó que “había reclamos previos” al día del desastre por parte de los vecinos ante la empresa. Por ese motivo, por la mañana se tomaron declaraciones testimoniales e informativas en el Juzgado Correccional 7º, incluso a tres inspectores de la empresa que estuvieron en el edificio los días anteriores a la tragedia. Además, el magistrado ordenó el secuestro de la válvula de gas, en el ingreso al edificio, para peritarla.

El magistrado llegó alrededor de las 10 a Salta 2141 para “corroborar un punto de la declaración del gasista” detenido desde la noche del martes e imputado por estrago culposo agravado; aunque prefirió no especificar ese dato. Además de los inspectores, ayer también declararon el portero, Pedro Flores; el plomero del consorcio, la administradora y otro gasista. En paralelo, la Justicia trabaja en la revisión de imágenes de una decena de cámaras de seguridad solicitadas para la investigación.

En el lugar, Curto ordenó el secuestro de la “vieja válvula” de gas en el ingreso al edificio. Justamente, se trata de un artefacto averiado, que motivó que la administración Calvillo contratara a García para hacer el cambio programado la mañana de la brutal explosión.

Además, el magistrado fue a recolectar y asegurar pruebas, a partir de algunos dichos del gasista en su declaración indagatoria de anteanoche (ver aparte), lo que permitió “comprobar uno de los puntos” señalados por el trabajador. Fuentes con acceso al expediente deslizaron que la empresa había hecho una marca en la entrada general, que estaría relacionada con algún problema. “Sabían que algo andaba mal”, se dijo sobre las posibles responsabilidades de la concesionaria.

Curto planteó que por “tratarse de una explosión de gas”, Litoral Gas S. A. no es ajena a la situación, sino que “es un actor principal”. Es que a través de la documentación secuestrada en las oficinas de la empresa quedó comprobado que los vecinos del edificio realizaron varios reclamos durante los días previos al estallido.

En este sentido, el fiscal de Cámara Guillermo Camporini, quien acompañó a Curto en la concreción de la medida judicial, aseguró que “la fiscal Argüelles secuestró el legajo del expediente en la empresa, así como los registros informáticos y comprobó que los reclamos existieron”.

Según pudo saber este diario, el inspector que había ido con un compañero a habilitar nuevamente el gas, el 27 de julio, tras la reparación que hizo otro gasista –que ayer prestó informativa–, recibió el llamado de un superior al handy “mientras estaba en la calle” para volver al lugar el 2 de agosto, a “controlar”. Al llegar, enjabonó “la instalación (de gas) y comprobó (nuevamente) que no había pérdida”. Hugo Bufarini, el abogado del gasista detenido, le preguntó ayer al inspector si era común que volvieran a los lugares donde se rehabilitaba el gas, y le “dijo que no”, según indicó ayer el letrado.

La situación que todavía genera dudas tiene que ver con quién tenía la responsabilidad de cortar el servicio la mañana del 6 de agosto, para que se cambiara el regulador. La inquietud surge porque cuando el primer gasista trabajó allí, entre el 24 y el 27 de julio, fue Litoral Gas la que cortó y rehabilitó el suministro. Sin embargo, no pasó lo mismo antes del trabajo de García, quien fue contratado por la administración del edificio tras una reunión de consorcio –el 2 de agosto– en la que se decidió que él haría el trabajo. “No está claro si la empresa debía intervenir”, dijo un vocero judicial.

En su declaración, García dijo que antes de hacer el trabajo fue a una oficina técnica de Litoral Gas, pero un empleado técnico le dijo que no tenía que hacer trámites previos para el trabajo siendo gasista matriculado. Mientras que uno de los inspectores que declararon ayer dijo no saber si el gasista debía hacerlo. En el juzgado se espera el protocolo de actuación de la empresa.

En tanto, en las próximas horas, la fiscal Graciela Argüelles dará su dictamen sobre los pedidos de excarcelación de Pablo Miño, el ayudante del gasista, y del propio Carlos García. Ayer, la funcionaria dijo en Radio 2 que “la fiscalía emitirá su dictamen y el juez va a resolver”.